Un llamado para construir y no destruir con información que carece de veracidad hizo el presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega a la directora

de la CRA Ruth Quevedo, pues en las últimas semanas ha otorgado diversas declaraciones en las que está usando de manera antitécnica las cifras que hay en el país sobre el sector de agua

potable y saneamiento básico.

“No es cierto que en Colombia haya 13 millones de personas sin acceso a agua potable, es necesario analizar y desagregar estas cifras en sus justas proporciones, basándose en el

sistema estadístico y de vigilancia de calidad de agua que debe ser el referente para los pronunciamientos que se hagan desde el gobierno”, aseguró Sánchez Ortega.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio*(Informe de monitoreo a los recursos de SGP APSB 2021, con base en el Sistema de Vigilancia de la Calidad

de Agua Potable-SIVICAP del INS y cifras SSPD) las cifras de acceso agua potable en el país son:

– Hay 3.2 millones de personas sin acceso a agua potable, es decir no cuentan con una solución o conexión al servicio de acueducto. De estos 600 mil están en la zona urbana y

2.3 millones en la zona rural.

– De acuerdo con el informe de monitoreo a los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico que realiza el MVCT el cual

evalúa los indicadores sectoriales, la calidad del agua potable suministrada a los usuarios del servicio de acueducto, a partir de la información del Instituto Nacional de Salud y

verificada por la SSPD. En el 2023 (último corte del informe) 647 municipios que atienden 29.010.743 de habitantes (87,47% del total de la población urbana) se suministró agua

sin ningún nivel de riesgo. Si a esto se le suma los municipios que presentaron riesgo bajo o medio corresponde a un total de 95,5% de la población urbana.

– En las zonas rurales de los 1.103 municipios del país habitan 12 millones 428 mil personas. De estos municipios, 150 suministran agua sin ningún nivel de riesgo a 1.9

millones de habitantes, que representan el 15,9% de la población rural del país. Si a esto se le suma los municipios que presentaron riesgo bajo o medio en las zonas rurales, la

cifra aumentaría a 36,8%, 4.5 millones de personas.

– De otro lado existen 329 municipios en zona rural con riesgo alto o sanitariamente inviables los cuales atienden al 24,1% de la población rural, es decir, casi 3 millones de

personas. Es sobre estos acueductos comunitarios deberían estar las acciones de acompañamiento por parte de las autoridades sanitarias y municipales para mejorar la

calidad del agua suministrada.

– Llama la atención que otros 416 municipios donde se atiende a más de 4.8 millones de habitantes en zona rural, (39% de la población rural del país), no cuentan con información

de calidad de agua reportada en el Sistema de Vigilancia de Calidad de Agua Potable-SIVICAP, debido a que las Secretarías de Salud Departamental o Municipal (Autoridades

Sanitarias), por lo tanto, no se puede establecer si es apta o no para el consumo humano.

En otras declaraciones, la directora de la CRA afirmó también que: “Bogotá enfrenta una crisis de agua, debido a la falta de medidas preventivas y la tardía respuesta del gobierno local. Desde

2023, se habían detectado señales de alerta sobre la tendencia de llenado de los embalses, que no lograban llenarse completamente antes de un nuevo ciclo de régimen (…) a pesar de

ello, no se tomaron medidas para sancionar a los consumidores excesivos de agua hasta abril de este año, cuando la ciudad ya estaba en plena crisis” (SIC).

Lo anterior tampoco es cierto debido a lo siguiente:

– La aplicación de medidas de desincentivo al consumo excesivo para los usuarios del servicio de acueducto es de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores una

vez la CRA haya activado su aplicación, para el caso del anterior fenómeno de El Niño esto solo sucedió hasta el 27 de enero de 2024 con la Resolución UAE-CRA 039 de 2024.

– Esta competencia de la CRA a su vez se habilita a partir de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), informa sobre las condiciones de

variabilidad climática asociadas a déficits de los niveles de precipitación en el país ocasionados por fenómenos naturales (Resolución MVCT 218 de 2020). Informe que se

dio por parte del IDEAM el 4 de noviembre de 2023 donde se declaró oficialmente el Fenómeno de El Niño en el país. Es decir, que la CRA activó la medida casi tres

meses después de estar habilitada para hacerlo.

– A su vez se reitera que desde el sector le hemos pedido a la CRA revise la Resolución 887 de 2019 que establece las condiciones para aplicar el desincentivo, puesto que los

consumos que se han establecido como excesivos son muy superiores a los consumos promedio de los usuarios del país y por tanto la resolución de la CRA no solo llegó de

manera tardía, sino que en la práctica es inaplicable o insuficiente por los límites de consumos establecidos.

“Ante el carácter antitécnico de las declaraciones, preocupa que, al seno de la unidad administrativa especial de la CRA, una agencia que tiene un carácter técnico y especializado,

se omita el rigor en el manejo de los datos y se estén tomando decisiones regulatorias en esa vía”, dijo el presidente de Andesco.

“Ya estamos viviendo una situación en donde la CRA ha politizado la regulación y desvirtuado los datos técnicos con las últimas resoluciones expedidas por la entidad sobre el Factor de

Productividad en donde para el caso de la Resolución CRA 1000 de 2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio votó negativamente la resolución en mención debido a que

encontró fallas significativas en la definición de la metodología y su aplicación para establecer el factor de productividad. Desde Andesco siempre buscaremos construir puentes, por eso

hemos presentado propuestas que buscan conciliar siempre los intereses de los usuarios, las comunidades organizadas y los prestadores del servicio con el propósito de mejorar los

indicadores de cobertura, calidad, continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios en el país”, concluyó Sánchez Ortega.