El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central fue -0.7% del PIB en enero de 2025, un máximo desde 2004 (Gráfico 1). El desbalance fue resultado de unos gastos que totalizaron $41.9 billones (B), +35% superior al observado un año atrás, mientras que los ingresos fueron de apenas $29.6 B, -0.2% frente a enero de 2024. La situación expuesta es crítica en la medida que, para el primer mes, lo habitual entre 2004 y 2022 fue un superávit fiscal de +0.2% del PIB. Incluso, el resultado fue tal que, mientras la Regla Fiscal (RF) exige un déficit primario, que excluye el pago de intereses, de -0.2% del PIB, en enero fue de -0.5% del PIB; es decir, la Nación ya está incumpliendo la RF y solo medidas de ajuste de gasto, o mejoras importantes en el ingreso, podrían dar revés a la situación.

Para Investigaciones Económicas (IE), a diferencia de 2024, los problemas fiscales de 2025 no se centrarían exclusivamente en un recaudo débil sino más bien en un gasto elevado. En febrero, IE expuso que la mejora en el crecimiento de 2024 y 2025 permitiría dar revés al declive que registró el recaudo tributario el año pasado (ver informe). No obstante, si bien los ingresos mejorarían, no lo harían al ritmo que espera el Gobierno y el faltante frente a la meta del Plan Financiero sería de $20 B (ver informe). Así, los ingresos serían de $307.9 B, +10.3% superior a los de 2024. Sin embargo, para 2025, las Reservas Presupuestales (RP) son de $63 B que, sumado al presupuesto (PGN) de $523 B, da un total de presupuesto a ejecutar de $586 B, +15% superior al de 2024. Acá, IE recuerda que el PGN es de $523 B en la medida que un aplazamiento del gasto no es recorte del mismo.

Acorde con lo anterior, IE observa que las presiones de gasto iniciaron elevadas en 2025 por cuenta del alto monto de las RP que se acumularon en 2024. Cabe recordar que las RP de 2024 por $63.2 B son máximo histórico, consecuencia de la estrategia del Gobierno de comprometer recursos del PGN por $456.2 B, pero solo hacer desembolsos por $393 B, dados los problemas de caja en 2024 Así, la diferencia de $63.2 B, que son las RP, se trasladó a la vigencia de 2025. De este monto, en solo enero, el Gobierno ejecutó $29.9 B, equivalente a todos los ingresos que recibió la Nación en el mismo mes. En febrero, la ejecución de las RP fue de $6.8 B.

En tanto, las cifras de ejecución a febrero mostraron que las entidades del Estado han acelerado el ritmo con el que comprometen los recursos del PGN que se les asignaron, transformándose en una presión de gasto adicional. Mientras en el primer bimestre de 2024 las entidades comprometieron el 18.2% de los recursos que les fueron asignados, en 2025 fue de 20.3%. Acá, IE plantea que las entidades aprendieron de 2024, donde los problemas de caja llevaron a que los pagos de los proyectos que ejecutaron en 2024 se pospusieran hasta 2025. Por tanto, acelerar el ritmo de ejecución minimizaría la probabilidad de que el Gobierno posponga sus pagos hasta 2026. Sin embargo, hacia finales del año, una vez estas partidas presupuestales comprometidas generen obligaciones de pago a la Nación, el gasto podría verse presionado al alza, impactando negativamente el déficit fiscal.

Por el momento, el Gobierno ha aplicado la misma técnica de 2024 y es permitir que las entidades comprometan los recursos, pero, a través del manejo de caja, contener las obligaciones de pagos. A febrero de 2025, las obligaciones de pago fueron de 9.5% del total del PGN, por debajo del 10.7% visto un año atrás. Sin embargo, como ya se analizó, esta estrategia solo genera altos montos de RP que tienen dos consecuencias: 1) presionar el gasto a finales de 2025; y/o 2) presionar el gasto en el arranque de 2026.

Es necesario resaltar que el Gobierno ha afrontado las altas presiones de gasto mediante la mayor emisión de TES (ver informe). En tan solo dos meses de 2025, el monto en circulación de TES tasa fija aumentó en $18.4 B, cuando el mismo lapso, pero en 2024, el incremento fue de apenas $5.3 B (Gráfico 3). Gracias a ello, la Nación ha logrado presentar niveles de caja comparables con los de 2024 (Gráfico 4), pero teniendo una ayuda puntual. En ausencia de la alta emisión de deuda, el Gobierno estaría afrontando un apretón de liquidez sin precedentes.

Por lo tanto, en medio de una alta emisión de deuda para afrontar el gasto y no debilitar la caja, las esperanzas del Gobierno para un buen desempeño de las finanzas públicas en lo que resta del año están puestas en el recaudo del impuesto de renta corporativa que se dará en abril. Una sorpresa negativa como la que se dio el año anterior se traduciría en mayores necesidades de financiamiento, ya que las alternativas para realizar ajustes en el gasto son bajas. De hecho, días atrás, el director de Presupuesto Nacional, J. Bautista, declaró que recortes de gasto como el propuesto por el CARF por $46 B son difíciles de realizar ya que implicarían la eliminación de programas sociales o el no pago de subsidios a sectores claves como el de energía.

Con este panorama, IE reafirma su visión de un déficit fiscal en 2025 superior a la meta del Gobierno de -5.1% del PIB (ver informe). Así, la emisión de deuda interna se revisaría al alza en junio con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, entre $10 B y $30 B, dependiendo del desempeño del recaudo. Con esto, como lo advirtió la calificadora Fitch (ver informe), la sostenibilidad de las finanzas públicas se vería comprometida y el riesgo de que la economía colombiana entre un régimen de dominancia fiscal aumentaría en probabilidad (ver informe).