El proyecto de ley que busca establecer medidas sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo en Colombia ha sido duramente criticado por expertos. Andrés Palacios, profesor en Derecho de la Competencia de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, advierte que la iniciativa es “floja” y perjudicial para los consumidores.

Según Palacios, las medidas que propone el proyecto podrían implementarse sin necesidad de una ley, simplemente modificando los reglamentos de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) o los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Además, señala que la propuesta beneficia principalmente a las aerolíneas y deja a los pasajeros en una posición de indefensión.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es el procedimiento de quejas de los usuarios. Uno de los artículos establece que los pasajeros deben primero presentar su reclamo ante la aerolínea y luego ante la Aerocivil, entidad que no tiene facultades para sancionar a las empresas por temas de protección a los consumidores, de acuerdo con el Decreto 2194 de 2021. La Superintendencia de Transporte, que sí podría imponer sanciones, ni siquiera es mencionada en la propuesta.

“El proyecto de ley 167 de 2023 que cursa en el Senado obliga a los usuarios a quejarse ante una entidad que no tiene capacidad para investigar ni sancionar a las aerolíneas cuando incumplen las normas de protección. Esto genera una encerrona terrible para los pasajeros”, señala el académico.

Otro aspecto preocupante es que el proyecto busca otorgar a la Aerocivil la facultad de revisar los planes de protección a pasajeros, una función que actualmente corresponde a la Superintendencia de Transporte. Para Palacios, esta maniobra deja en evidencia que el proyecto está diseñado en favor de las aerolíneas y no de los consumidores.

“La Aerocivil y la Superintendencia de Transporte quedaron muy golpeadas tras la integración de Avianca y Viva, evidenciando su falta de capacidad para hacer cumplir la legislación colombiana. Este tipo de iniciativas solo desprotegen aún más a los usuarios”, concluye el experto, quien hace un llamado a la ciudadanía para que el tema tenga mayor difusión y debate público.