En un país que importa el 85% de su tecnología médica, produce menos del 20% de sus principios activos y ha delegado buena parte de su seguridad sanitaria a mercados externos, la existencia de una industria farmacéutica nacional fuerte, activa y resiliente no es un lujo: es una necesidad estratégica. Colombia no puede seguir operando su sistema de salud sobre la base de una dependencia crónica.

Hoy, la industria farmacéutica nacional garantiza el 80% del abastecimiento de medicamentos utilizados en el país. No es una cifra decorativa: son millones de tratamientos al año para enfermedades cardiovasculares, infecciosas, crónicas, mentales o huérfanas que llegan a hospitales, clínicas y hogares gracias a capacidades productivas locales, cadenas de suministro estables y un capital humano altamente calificado.

Este sector representa más del 12% del PIB industrial, genera cerca de 57.000 empleos directos y más de 160.000 indirectos, con niveles salariales superiores al promedio nacional, aporta tributos de alto valor y dinamiza la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en salud. Además, produce medicamentos genéricos y biosimilares que permiten un uso más eficiente del gasto público, reduciendo el costo de los tratamientos entre un 30% y un 50%, lo que resulta clave para la sostenibilidad del sistema de salud.

Sin embargo, este pilar estratégico no cuenta con una política farmacéutica nacional moderna, estable y ambiciosa. Las decisiones se han tomado en función de precios, no de seguridad. De costos, no de capacidades. Se ha privilegiado la compra masiva de productos importados, sin considerar el valor agregado de la producción local, su impacto fiscal, laboral, social y su rol en la seguridad sanitaria del país.

De acuerdo con Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia –Asínfar–, “no hay soberanía en salud si no se protege y promueve la capacidad nacional de producir los medicamentos que necesita el país. Una pastilla hecha en Colombia es más que un fármaco: es empleo, es conocimiento, es control sanitario, es autonomía. No se trata de proteccionismo, se trata de visión estratégica y de sentido común.”

La Ley 2386 de 2024, que sienta bases para el fortalecimiento industrial en salud, es un primer paso. Pero aún falta articular una política farmacéutica de Estado, con incentivos claros para la producción nacional, inversión pública en ciencia y tecnología, y compras públicas que favorezcan a quienes garantizan presencia local, calidad y abastecimiento continuo.

En un mundo inestable y competitivo, donde los países protegen su capacidad productiva como un activo geopolítico, Colombia no puede seguir siendo espectadora. Apostar por la industria farmacéutica nacional es una decisión de salud pública, de desarrollo económico y de soberanía nacional.