El financiamiento climático se consolida como pieza clave en la lucha global contra el cambio climático. Así lo evidenció la reciente COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, donde se debatió el Nuevo Objetivo Cuantitativo Colectivo (NCQG), una ambiciosa meta que busca movilizar mayores recursos hacia los países en desarrollo para mitigar emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático.

“El financiamiento climático ya no es una opción, es una necesidad. En Colombia, estamos viendo cómo el sector financiero evoluciona rápidamente para asumir su responsabilidad frente al cambio climático. Al alinear inversiones con criterios de sostenibilidad, no solo protegemos el planeta, sino que construimos una economía más competitiva, resiliente e inclusiva”, afirma Victor Ramírez, socio de Auditoría y líder del sector financiero de BDO.

En este contexto internacional, el financiamiento climático —que incluye recursos reembolsables y no reembolsables— se posiciona como motor de transformación. Entre sus principales mecanismos se destacan:

1.     Donaciones y subvenciones, que impulsan acciones climáticas sin requerir retorno financiero.

2.     Bonos verdes y participación de capital, que canalizan inversiones hacia proyectos sostenibles como energías renovables, construcciones ecoeficientes y producción más limpia.

3.     Pagos por resultados y mercados de carbono, que recompensan financieramente la reducción efectiva de emisiones. Un ejemplo de ello es Visión Amazonía, una iniciativa que combate la deforestación mediante incentivos económicos.

4.     Créditos verdes, microcréditos y capital semilla, con condiciones preferenciales para fomentar proyectos ambientales.

5.     Garantías y seguros climáticos, que ayudan a gestionar riesgos y promover estrategias de adaptación.

Colombia: el sector financiero toma la delantera

Colombia avanza con decisión hacia una economía más resiliente y baja en carbono, con un sector financiero que asume un rol protagónico. Bancos y aseguradoras están redirigiendo sus inversiones hacia proyectos sostenibles, desarrollando líneas verdes y fortaleciendo la resiliencia climática de sus portafolios.

Desde 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia ha liderado este proceso con la implementación de la Estrategia de Finanzas Verdes y Cambio Climático. Esta hoja de ruta promueve el uso de estándares internacionales como el TCFD y los SASB, y refuerza la transparencia a través de normativas clave como la Circular Externa 031 de 2021.

Posteriormente, con la Circular 005 de 2022, se introdujo la Taxonomía Verde de Colombia, herramienta fundamental para clasificar actividades económicas sostenibles. Este avance implicó ajustes normativos a la Circular Básica Jurídica, facilitando la integración de criterios verdes en fondos voluntarios de pensiones y emisiones de valores.

Más recientemente, la Circular 005 de 2024 exigió la incorporación de factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la información financiera de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), fortaleciendo el marco regulatorio para una transición estructurada hacia la sostenibilidad.

Innovación financiera al servicio del planeta

Entidades como BBVA, Bancóldex, Davivienda, Banco Agrario y Finandina han desarrollado productos financieros orientados a objetivos climáticos, como líneas de crédito verdes, CDT sostenibles y esquemas de inversión con enfoque ambiental.

Este impulso demuestra que la integración de la sostenibilidad en el sistema financiero no solo es viable, sino urgente y estratégica. El financiamiento climático se perfila como una de las herramientas más poderosas para acelerar la transición hacia una economía inclusiva, baja en carbono y resiliente al clima.