El Consejo Gremial Nacional manifiesta su rechazo frente a la decisión del Presidente de la República de expedir el decreto que convoca a una consulta popular, pese a que esta iniciativa fue negada por el Senado de la República en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Cabe resaltar que el Congreso continúa con el trámite legislativo de la reforma laboral, la cual aborda varias de las preguntas planteadas en el decreto, esto hace aún más injustificada la convocatoria de este mecanismo de participación.

Esta decisión presidencial, vulnera abiertamente el principio de separación de poderes (art. 113 C.P), uno de los pilares esenciales de todo Estado democrático. Ninguna rama del poder público puede desconocer o suplantar las decisiones adoptadas por otra sin comprometer la legalidad, poner en riesgo la estabilidad institucional, y debilitar el sistema de frenos y contrapesos que garantiza el equilibrio entre poderes. Actuar en contravía de este principio, impone un precedente peligroso en la concentración indebida del poder y es abiertamente inconstitucional.

En un momento de alta polarización política y social, resulta profundamente inconveniente que el Gobierno tome este tipo de decisiones. El país clama por unidad, serenidad y responsabilidad institucional. Con este acto, el Presidente de la República no solo agudiza la confrontación, sino que incumple su mandato constitucional del que él simboliza la unidad nacional.

La amenaza a la ruptura institucional por parte del Gobierno exacerba dos situaciones que están ocurriendo en simultánea: (1) las noticias que se producen en el sentido de la suspensión de la regla fiscal, que implica que no es clara cuál será la restricción presupuestal del Gobierno Nacional; y (2) el deterioro de la seguridad del país con atentados que violentan la normalidad en buena parte del país, pero especialmente en Bogotá, Cauca, Valle del Cauca y en los Santanderes.

Desde el Consejo Gremial Nacional, reiteramos la importancia de preservar el orden jurídico y la democracia como bases esenciales de un Estado Social de Derecho. En ese sentido, respaldamos el uso de los mecanismos legales establecidos y confiamos en que serán las autoridades judiciales competentes quienes evalúen la validez y constitucionalidad de los actos unilaterales adoptados por el Gobierno Nacional.

Colombia necesita instituciones fuertes, decisiones responsables y un liderazgo que privilegie el respeto por la Ley, y por la vida y honra de las personas que piensan distinto.