La Federación Nacional de Industriales de la Madera, FEDEMADERAS, se ha unido a las diferentes manifestaciones de rechazo y repudio por la violencia política en Colombia acentuada por el atentado vil y cobarde al senador y precandidato a la Presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay, y manifiesta que hay razones estructurales que no se han solucionado en el país y que hoy hacen surgir de nuevo escenarios no deseados de violencia como los vividos a finales de los años 80s e inicios de los 90s, donde son evidentes la falta de bienestar y oportunidades especialmente para la población rural. Por eso, propone pensar en soluciones productivas de largo plazo, para dejar un mejor país a las nuevas generaciones. “A problemas estructurales, soluciones estructurales y de largo plazo, sostenibles y perdurables en el tiempo”, sostiene Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo nacional de FEDEMADERAS. 

Desde hace varios años, el gremio ha venido compartiendo en variados escenarios académicos, cómo la economía forestal y la agroindustria de la madera pueden cambiar el futuro económico, social y ambiental del país. De hecho, en la I Semana de Bioeconomía, organizada por este gremio, y celebrada en la ciudad de Medellín a finales de mayo, donde también participó el precandidato Miguel Uribe, se hizo énfasis en la seguridad física, jurídica y los ambientes de certidumbre para hacer negocios y crear condiciones de desarrollo, paz y bienestar para los colombianos. 

Para FEDEMADERAS si bien el desarrollo de una mayor economía forestal y su correspondiente industria en mobiliario y construcción sostenible aporta a ese bienestar rural e industrial, pareciera constantemente que no es la prioridad para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto es evidente en:  

• Seguridad física: especialmente en departamentos de Antioquia, Magdalena, Cauca y Guaviare se viene presentando una escalada de amenazas a las empresas vinculadas con la reforestación comercial, los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB), y la transformación secundaria de madera, a tal punto que ya empresas de capital e inversión extranjera europea han anunciado el cese de actividades, por temor a la seguridad de sus trabajadores. Aún cuando han interpuesto denuncias ante el Ejercito Nacional y la Fiscalía, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado, y poco o nada parecieran poder hacer algunos gobiernos departamentales. Un escenario diferente al de Antioquia, donde la articulación institucional en materia de seguridad es un ejemplo para otras regiones del país. 

• Prácticas responsables: FEDEMADERAS ha hecho las correspondientes advertencias y llamado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a vigilar que la aplicación y cobro del IVA en contratos de suministro e instalación de madera arquitectónica, los estén cumpliendo tanto oferentes como empresas constructoras demandantes, para garantizar la competencia leal en la industria. De hecho, el gremio, junto a Camacol Bogotá, han empezado a estructurar y reforzar buenas prácticas y guías, pero hasta el momento el ente competente institucional no se ha pronunciado. Y es claro que el Decreto 570 de 1984 y los artículos 422 y 447 del Estatuto Tributario, deberían ser motivo de observación de las autoridades aduaneras y fiscales nacionales.  

• Promoción a las exportaciones: en la región Caribe, los cultivos y exportaciones de la madera de Teca hacia la India representan más de USD8 millones anuales en divisas para el país. No obstante, este mercado desde noviembre de 2023 se ha visto reducido por la incapacidad del Gobierno para derogar una resolución del MinSalud que todavía posibilita en territorio el uso de un químico conocido como bormuro de methilo,  cuestionado por instituciones internacionales por su afectación en la capa de ozono, es permitido en Colombia y, aunque es una medida ineficaz pues para fines cuarentenarios no existen las instalaciones para su aplicación, lo cierto es que dicha resolución al no ser derogada hace que la autoridad sanitaria de la India exija su aplicación en Colombia.

El resultado: las exportaciones se han detenido por la inoperancia de un acto administrativo que está en el despacho de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud desde abril de 2024 y están en vilo por esta falta de visión de futuro, más de 2 mil empleos. 

También está la resolución 1489 de 2024 expedida por el Ministerio de Ambiente, a través de la cual solo se permite exportar madera desde ciertos puertos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, entre los cuales no se acoge el puerto de Tolú, Sucre.  

Y es que en junio de 2024 Colombia vivió un hito al exportar 14 mil toneladas de madera rolliza cosechada en el departamento de Córdoba, con destino a España, para la industria de celulosa. Una operación que contempla complejidades en materia logística y que exige una articulación con entidades como el ICA, las gobernaciones departamentales y ahora el Ministerio de Ambiente.  

“Una operación de esta magnitud implica un acopio de madera en un patio cercano al puerto y el ICA brinda una certificación de movilización por tres días, que a veces puede ser insuficiente por la restricción de movilización nocturna de madera reforestada que existe en las carreteras de los departamentos de Córdoba y Sucre. A esa complejidad se suma que el ICA no otorga más certificados de movilización que cobijen el movimiento desde el patio al puerto, salvo que el mismo sea un nuevo aprovechamiento forestal, a todas luces ridículo y falto a la verdad, pues tal actividad no existe al tratarse del mismo producto. La solución ha estado en un permiso de removilización que otorga la autoridad ambiental, generándose un conflicto de competencias entre la Corporación Ambiental y el ICA. Y, por último, ahora el Ministerio de Ambiente ordena que la exportación no se realice desde Tolú, sino desde otro puerto como Cartagena, encareciendo no solo los costos de transporte, sino complejizando aún más la operación logística ya de por sí restrictiva”, explica Juan Miguel Vásquez, de FEDEMADERAS. 

Estas situaciones no se explican ni están acordes a la promoción que deberían tener estas operaciones comerciales que dinamizan el aparato productivo nacional.  Por el contrario, pareciera es que el entendimiento y articulación institucional está limitando cada vez más esta actividad comercial. 

Así, considera FEDEMADERAS, que la institucionalidad y la normativa está diseñadas para que las operaciones legales tengan cada día más dificultades, y la ilegalidad -que debe seguirse combatiendo-, prospere dada una menor oferta y comercialización de productos legales. Esa falta de visión de futuro y de progreso, comenta Juan Miguel Vásquez, es parte del problema estructural que, de solucionarse, podría combatir efectivamente la violencia, que no se desea que las nuevas generaciones, al ser mayores, continúen viviendo.