Consejo Gremial solicitó a la Corte Constitucional suspender el Decreto de emergencia económica

El Consejo Gremial Nacional expresa profunda preocupación por el anuncio del Gobierno Nacional de declarar una emergencia económica para recaudar recursos del Presupuesto Nacional, los cuales en el seno del poder legislativo no fueron aprobados.

Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215. La situación fiscal que hoy enfrenta Colombia, es una situación previsible sobre la cual se vienen haciendo advertencias desde los años 2024 y 2025 al discutir los correspondientes presupuestos de la Nación, y por ende no existe un hecho sobreviniente que permita su declaración. Además, desde la formulación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el desfinanciamiento, el exceso de gasto y las cuentas improbables de ingresos que contenía el plan financiero para el 2026.

El Gobierno Nacional cuenta con mecanismos ordinarios consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar el presupuesto de la Nación que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos. Incluso, la misma Ley prevé instrumentos que ante la situación actual se aplacen o recorten gastos presupuestales que permitan superar el déficit.

Por lo anterior, el Consejo Gremial Nacional hace un llamado al respeto de las instituciones y a los marcos normativos que rigen nuestra democracia y fundamentan el desarrollo económico y social del país. Desconocer las normas de la emergencia tendría efectos perjudiciales sobre la economía y el ordenamiento institucional.

En consecuencia, el Consejo Gremial Nacional hace un respetuoso llamado a la Corte Constitucional para que, ante una declaratoria de emergencia económica durante la vacancia judicial, pueda excepcionalmente analizar y decidir con inmediatez sobre la suspensión provisional de los efectos del Decreto, con el único fin de prevenir perjuicios irremediables a la economía, los cuales tienen efectos irreparables para todos los colombianos de manera directa.