El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana publicó su informe “Espacios que Educan: desafíos en la infraestructura de la educación“. Este análisis estadístico revela los avances y retos en la infraestructura educativa del país, destacando su impacto en la calidad del aprendizaje y la equidad social. Para este informe utilizaron los datos provenientes del sistema de información del FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa), que reporta proyectos con inicio de obra desde 2016 hasta aquellos con cambio de estado de obra a septiembre de 2024.

El informe destaca que la inversión en infraestructura educativa desde 2018 y a corte de septiembre de 2024, según el FFIE, fue de 4,84 billones de pesos. Del monto total de inversión, el 32,4% se concentra en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Mientras que solo el 1% de dicho valor total invertido se destina en Guainía, Vaupés, Putumayo y Vichada.

“A septiembre de 2024, se tienen 3.115 proyectos, de los cuales el 60% corresponden a la convocatoria de mejoramientos de 2021. De estos proyectos se abarca una población total de 997.424 estudiantes beneficiarios, de los cuales, el 43% se beneficiaron de proyectos con aulas nuevas o ampliadas.” Indica el informe del LEE, según datos FFIE.

En adición, los investigadores indican que los departamentos de Antioquia, Bolívar y Atlántico concentran el 26% de los estudiantes beneficiados por los proyectos de infraestructura educativa, mientras que solo 1% de esta población beneficiada se encuentra en Guainía, Vaupés y Amazonas.

Por último, el informe analizó las intervenciones históricas, según fecha de inicio de obra desde 2016 al 2022 (esto incluye solo proyectos en obra u obra terminada), y resalta que durante 2017 y 2018 se inició el mayor número de intervenciones nuevas. Por su parte, fue en 2020 y 2021 donde se presentaron el mayor número de obras iniciadas para mejoramiento, especialmente impulsadas por mejoramientos rurales, mientras que el inicio de intervenciones nuevas fue disminuyendo cada vez más desde 2020.

Finalmente, los investigadores analizaron el estado de los proyectos de infraestructura educativa por departamento, pero notaron que, del total de proyectos reportados a nivel nacional, el 58% se encuentran terminados y 16% en obra. El 15% está realizando actividades necesarias para viabilizar la ejecución de obras de infraestructura educativa (diagnósticos, diseños y licencias de construcción), y el 11% está en alguna etapa previa al giro de recursos, ya sea en asignación o suscripción.

Los analistas insisten que de acuerdo con la UNESCO, la inversión en infraestructura educativa también tiene repercusiones a largo plazo en la equidad social. Al garantizar que todas las comunidades, especialmente aquellas en zonas vulnerables, cuenten con instalaciones adecuadas, se promueve una educación inclusiva que atiende las diversas necesidades de los estudiantes, ayudando a cerrar brechas educativas y sociales. Además, Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana añade que “la infraestructura escolar influye en el aprendizaje, la motivación y el bienestar integral estudiantil. Espacios bien diseñados inspiran, optimizan la enseñanza y fortalecen la comunidad educativa.”

El LEE de la Javeriana mencionó que, en 2018, un diagnóstico del Ministerio de Educación Nacional (MEN) reveló que el 84% de las sedes educativas evaluadas no cumplían con la norma de sismo resistencia NSR 10. Además, el 11,7% no contaba con acueducto, el 17,8% carecía de servicio de energía eléctrica y el 24% presentaba riesgos naturales como deslizamientos e incendios.

El LEE resaltó la creación del FFIE, en el 2015, con el objetivo de coordinar las capacidades, compromisos y conocimientos de organizaciones públicas y privadas para superar los desafíos en infraestructura educativa, el déficit de aulas y permitir la implementación de la Jornada Única Escolar. También, destacó uno de los informes elaborados por FFIE, en donde indicaron que “para cubrir las necesidades de matrícula para 2035 (educación preescolar, básica y media) se requerirán cerca de 33.000 aulas de clase adicionales.”

El LEE enfatiza la necesidad de un compromiso sostenido por parte del Estado, las entidades territoriales y el sector privado para garantizar que la infraestructura escolar en Colombia sea segura, moderna e inclusiva. Reconoce que existen retos para los cuales proponen las siguientes acciones prioritarias:

• Creación de un fondo de contingencia para infraestructura educativa en regiones con menor inversión, asegurando recursos para proyectos en zonas de difícil acceso.
• Actualización periódica del Censo de Infraestructura Educativa Regional (CIER) para contar con datos precisos que faciliten la planificación y ejecución de proyectos.
• Fortalecimiento de mecanismos de control y sanción para evitar retrasos e incumplimientos en la ejecución de obras.
• Mayor articulación con comunidades educativas para mejorar el seguimiento de los proyectos y garantizar su adecuado uso y mantenimiento.