Australia propone bajar 80% los impuestos para golpear al crimen organizado

Australia acaba de reabrir un debate con implicaciones más allá de sus fronteras: ¿pueden los impuestos excesivos y las restricciones regulatorias terminar fortaleciendo el mercado ilegal y las finanzas del crimen organizado? 

La discusión surge en medio de una creciente preocupación por el avance del comercio ilícito de tabaco en ese país, donde algunas estimaciones señalan que podría representar hasta el 80% del mercado. Frente a este escenario, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado australiano propuso un giro en la estrategia: suspender temporalmente nuevos aumentos al impuesto especial al tabaco hasta lograr avances concretos contra el mercado ilegal y realizar una revisión independiente de la carga tributaria actual.

La propuesta va más allá del componente fiscal. El comité plantea una respuesta integral que combine mayor control fronterizo, fortalecimiento de las capacidades de las autoridades, modernización de los sistemas de inspección de carga, mejor coordinación entre entidades y campañas de prevención dirigidas a desincentivar la compra de productos ilícitos. Además, recomienda evaluar marcos regulatorios que permitan el acceso legal y controlado a alternativas de nicotina sin combustión para fumadores adultos.

El caso australiano se ha convertido en una señal de alerta internacional. El aumento sostenido de los precios del producto legal amplió la brecha frente a las opciones de contrabando, creando incentivos para el crecimiento del mercado negro y la financiación del crimen organizado. En Colombia, un análisis publicado en junio ya había puesto este ejemplo en el radar al advertir sobre los efectos que una presión tributaria excesiva puede tener en la expansión del comercio ilícito y en la violencia asociada a estas redes.

La discusión resulta especialmente relevante para Colombia. Según el estudio de incidencia de cigarrillos ilegales realizado por Invamer para la Federación Nacional de Departamentos, en 2025 el mercado ilícito alcanzó el 38% del consumo nacional, la cifra más alta registrada desde 2011. En otras palabras, 38 de cada 100 cigarrillos consumidos en el país fueron ilegales.

El impacto fiscal también es significativo. Solo en 2025, el contrabando de cigarrillos habría generado una pérdida de COP $1,186 billones en el recaudo del impuesto al consumo para los departamentos. En los últimos cinco años, las pérdidas acumuladas superarían los $4,8 billones.

A este panorama se suma un debate que Colombia ya empezó a tener este año. Un estudio de la Universidad de los Andes advirtió que un aumento significativo del impuesto al cigarrillo podría elevar de manera sustancial las rentas ilegales asociadas al contrabando. Bajo un escenario de tarifa de COP $11.200 por cajetilla, estas podrían pasar de cerca de $395.000 millones a más de $900.000 millones anuales.

En ese contexto, la experiencia australiana deja una advertencia clara: las restricciones y los impuestos excesivos pueden estimular el crecimiento del mercado ilícito sin alcanzar los objetivos de salud pública. En contraste, una regulación equilibrada, proporcional al riesgo y acompañada de alternativas legales para los adultos fumadores podría ofrecer mejores resultados. Tanto así, que la diputada Mary Aldred y
el senador Richard Colbeck en Australia han planteado reducir hasta en un 80% el impuesto al tabaco para recuperar el control del mercado.

Para Colombia, la discusión abre una oportunidad clave: revisar si las políticas actuales están logrando reducir el consumo y proteger el recaudo, o si, por el contrario, están ampliando los incentivos para que el comercio ilícito y las bandas criminales ganen terreno.