Reconstruir bajo principios de calidad y eficiencia podría reducir hasta 14 % el impacto de futuros desastres

A poco más de dos semanas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) hace un llamado al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales para que la reconstrucción de las zonas afectadas no se limite a recuperar la infraestructura perdida, sino que permita reducir las vulnerabilidades del territorio y preparar al país para futuros eventos naturales.

Como entidad miembro de ARISE, la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes a los Desastres, el CCS propone incorporar de manera explícita y vinculante el enfoque Build Back Better (BBB) o Recuperación Resiliente en los planes de reconstrucción.

Este concepto, desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), busca que las fases de recuperación, rehabilitación y reconstrucción posteriores a un desastre sirvan para aumentar la resiliencia de las comunidades, incorporando la reducción del riesgo en la infraestructura, los sistemas sociales, los medios de vida, la economía y el medio ambiente.

La propuesta cobra especial relevancia en un país cuyas características geográficas lo exponen de manera frecuente a inundaciones, deslizamientos, sequías, incendios forestales y vendavales, fenómenos cuya frecuencia y severidad están siendo intensificadas por los efectos del cambio climático.

“La recuperación tras el terremoto debe ser una oportunidad para fortalecer la manera en que Colombia planifica, diseña, financia y mantiene su infraestructura. No podemos repetir las mismas vulnerabilidades que se evidenciaron tras el impacto del reciente sismo”, señaló Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS.

Seis principios para orientar la reconstrucción

El CCS recomienda adoptar los Principios para la Infraestructura Resiliente desarrollados por la UNDRR. El marco plantea seis líneas de acción para que carreteras, puentes, hospitales, redes de agua, telecomunicaciones y demás infraestructura, sean diseñados, operados y mantenidos bajo criterios de resiliencia sistémica.

1. Aprendizaje continuo. Aprovechar las lecciones que dejó el terremoto para fortalecer el conocimiento del riesgo a nivel territorial, integrar tecnologías que amplíen las capacidades de evaluación del riesgo y sistemas de alerta temprana multiamenaza.
2. Protección proactiva. Diseñar y construir la infraestructura con estándares que incluyan la evaluación del riesgo frente a amenazas actuales y futuras del territorio.
3. Integración ambiental. Incluir cuencas, corredores fluviales y cobertura boscosa en los diseños para que actúen como infraestructura natural de protección frente a eventos de origen natural. Esto, además, evita generar nuevas vulnerabilidades ambientales.
4. Involucramiento social. Garantizarque las comunidades afectadas participen en la evaluación de daños, la priorización de obras y el diseño de soluciones.
5. Responsabilidad compartida. Articular esfuerzos entre Gobierno, territorios, sector privado, aseguradoras y academia.
6. Transformación adaptativa. Asegurar que la infraestructura reconstruida sea capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes de riesgo.

Una reconstrucción más sólida, rápida e inclusiva

El planteamiento del CCS recoge además tres dimensiones señaladas por el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR): reconstruir con mayor solidez, más rápido y de manera más inclusiva.

De acuerdo con las cifras citadas por la entidad, si los países reconstruyen durante las próximas dos décadas garantizando que los activos puedan resistir los riesgos de los siguientes 50 años, las pérdidas de bienestar ocasionadas por futuros desastres podrían reducirse en un 12 %. Asimismo, disminuir el tiempo de reconstrucción a dos tercios, sin comprometer la calidad, podría reducir esas pérdidas en un 14 %.

La inclusión, por su parte, implica garantizar que la ayuda llegue a todos los grupos afectados, con especial atención a los hogares de menores ingresos, que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.

La hoja de ruta para el sector público

Para llevar este enfoque a la práctica, la entidad plantea al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales:

1. Adoptar formalmente los principios de Build Back Better y de Infraestructura Resiliente para orientar los planes, proyectos y contratos de reconstrucción.
2. Crear una instancia técnica interinstitucional, con participación del sector privado, empresarial y académico, que evalúe los criterios de resiliencia de cada proyecto.
3. Ampliar los estudios de daños, de manera que contemplen no solo la reposición de infraestructura, sino también la actualización de estándares constructivos y la reducción del riesgo residual.
4. Incorporar la preparación frente al Fenómenos de El Niño 2026-2027, priorizando la resiliencia hídrica, energética y alimentaria.
5. Desarrollar mecanismos innovadores de financiación, como instrumentos de deuda vinculada a resiliencia, asociaciones público-privadas con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y fondos de mantenimiento de largo plazo.
6. Proteger los medios de vida y las cadenas productivas, incluyendo medidas de reducción del riesgo más allá de la atención de emergencia.
7. Incluir al tejido empresarial afectado, especialmente a las mipymes, por su papel en la recuperación económica y en la resiliencia de las cadenas de suministro.

El sector privado también tiene un papel en la reconstrucción

“La resiliencia no puede depender exclusivamente del Estado. Por esto planteamos una participación activa del sector empresarial en la calidad y eficiencia de los proyectos, la priorización de las zonas con mayor vulnerabilidad y la transparencia en la ejecución de los recursos”, destacó Solano Luque.

La entidad también recomienda priorizar la contratación de mano de obra y proveedores locales para contribuir a la reactivación económica de las regiones afectadas, garantizar condiciones de seguridad y salud para los trabajadores que participen en las obras y desplegar capacidades técnicas hacia las organizaciones que operan en las zonas con mayores dificultades de acceso a conocimiento especializado.

El terremoto del pasado 10 de agosto deja a Colombia frente a un doble desafío: atender las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas y, al mismo tiempo, evitar que la reconstrucción reproduzca las condiciones de vulnerabilidad existentes. “Para el Consejo Colombiano de Seguridad, la recuperación debe ser el punto de partida para construir infraestructura y territorios capaces de resistir mejor los próximos eventos y garantizar la continuidad de los servicios, la actividad productiva y los medios de vida de las comunidades”, puntualizó, Adriana Solano Luque, presidenta del CCS.