América Latina necesita cerrar la brecha entre las reglas y las oportunidades de negocio para avanzar en sus economías

En América Latina, tener una idea de negocio no siempre significa poder ponerla en marcha. Una pequeña empresa puede querer exportar y encontrarse con procesos que toman demasiado tiempo; un vendedor puede contar con autorización para trabajar en el espacio público sin encontrar una ruta para mejorar sus ingresos; y una empresa con capacidad para producir puede tener que esperar meses para obtener una licencia.

Son situaciones distintas, pero revelan un mismo desafío: entre lo que dicen las reglas y lo que realmente pueden hacer las personas y las empresas todavía existe una brecha importante.

Este fue uno de los principales hallazgos del “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre libertades económicas”, realizado el 17 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el liderazgo de CIPE (Centro Internacional para la Empresa Privada) en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Colombia), con la participación especial del Dr. Norman Loayza, director del Grupo de Política Económica del Banco Mundial, quien lidera el trabajo de la institución en materia de indicadores sobre el entorno empresarial y regulatorio.

“La libertad económica se debe basar en fundamentos institucionales sólidos como seguridad y justicia, entorno empresarial y capital humano para impulsar el desarrollo y la resiliencia de las naciones.  Tenemos un gran ejemplo que es el crecimiento económico de Singapur y Corea del Sur, cuyo ingreso per cápita promedio se encontraba al mismo nivel e incluso por debajo de los observados en Latinoamérica a mediados del siglo pasado y hoy alcanza son considerados países de ingreso alto y son referentes de desarrollo económico, destacó Loayza.

El encuentro reunió investigaciones de los principales centros de pensamiento de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala para abordar una pregunta común: ¿qué tan fácil es trabajar, emprender, producir, invertir y crecer dentro de las reglas existentes?

Los estudios muestran que reconocer un derecho, crear un procedimiento o establecer una política no es suficiente. Para que una oportunidad sea real, las reglas deben poder entenderse, cumplirse y aplicarse de manera previsible.

Cinco países, cinco problemas que terminan pareciéndose

Las investigaciones presentadas durante el foro muestran cómo esta situación adopta formas diferentes según la realidad de cada país.

En Colombia, el reto aparece en la distancia entre ordenar una actividad y generar oportunidades para quienes la ejercen. Un estudio de CEMR Colombia (Centro de Estudios Manuel Ramírez) encontró que más de 23.400 vendedores informales fueron registrados o caracterizados en Bogotá entre 2001 y 2024, pero apenas el 1 % había sido vinculado a programas de inclusión productiva. El dato muestra que regular el uso del espacio público no necesariamente significa crear una ruta para mejorar ingresos, acceder a mercados o avanzar hacia la formalización.

“Cuando una política pública se diseña sin conocer cómo funciona realmente una actividad económica, puede terminar resolviendo una parte del problema y dejando intacta la que más afecta a las personas. Escuchar a quienes trabajan en los territorios permite identificar dónde están las verdaderas barreras y diseñar soluciones que respondan a esa realidad”, explicó Juan Manuel García, investigador senior de CEMR Colombia.

En Bolivia, la discusión se concentra en cómo las pequeñas empresas pueden crecer y ser competitivas. La investigación de Fundación Milenio encontró una relación entre informalidad, baja productividad y limitaciones para el crecimiento de los negocios. Desde esta perspectiva, formalizar no debería reducirse al cumplimiento de obligaciones, sino traducirse en posibilidades concretas de acceder a financiamiento, mercados, inversión y expansión.

En El Salvador, el desafío está en convertir la apertura comercial en más oportunidades para las empresas. El comercio de bienes y servicios pasó de representar el 49,6 % del PIB en 1990 al 88,2 % en 2025. Sin embargo, solo el 6,2 % de las empresas formales exportó bienes en 2022. Las pequeñas empresas representaron el 86 % de las firmas exportadoras, pero apenas concentraron el 4 % del valor exportado. La investigación de FUSADES señala así una tarea pendiente: reducir los costos y facilitar que más empresas, especialmente las pequeñas, puedan integrarse al comercio internacional.

En Guatemala, el problema puede verse en la diferencia entre los tiempos definidos para los trámites y los observados en la práctica. El estudio de CIEN encontró que en 2025 la obtención de una licencia sanitaria podría tomar entre cinco y ocho meses, pese a que el plazo oficial estaba establecido entre 15 y 20 días hábiles. Cuando esta diferencia se vuelve habitual, un procedimiento diseñado para ordenar una actividad puede terminar convirtiéndose en un obstáculo para ella.

En Argentina, la carga regulatoria aparece como una barrera especialmente relevante para los pequeños negocios. La investigación de CIPPEC identificó 150 tributos, de los cuales 82 corresponden al ámbito municipal. El problema, señala el estudio, no está únicamente en cuántas obligaciones existen, sino también en cómo están diseñadas: aplicar requisitos similares a actividades de distinto tamaño de empresa o niveles de riesgo puede generar costos desproporcionados para quienes tienen menor capacidad.

Medir bajo el contexto regional

A nivel regional, el análisis de los cinco estudios de caso mostró que los índices internacionales que actualmente miden la libertad económica no siempre capturan las particularidades y realidades de los países de América Latina.

A partir de este hallazgo, CIPE propone desarrollar un nuevo marco analítico y conceptual para estudiar y medir las libertades económicas en la región. La propuesta busca ir más allá de una visión tradicional centrada únicamente en el reconocimiento de estas libertades en las normas y leyes, y entenderlas como un ecosistema en el que interactúan factores institucionales, jurídicos, económicos y sociales que pueden facilitar o limitar su ejercicio efectivo.

“Nos queda entonces ampliar con otros países el estudio conjunto de la libertad económica y su promoción y además verificar cómo medirla porque lo que no se mide es difícil saber cómo se progresa, explicó Angela María Vélez, directora de CIPE Colombia.

Cuando cumplir se vuelve demasiado difícil

Los cinco casos muestran que la discusión sobre libertad económica no puede reducirse a la cantidad de regulación.

Las economías locales no funcionan de la misma manera. Una regulación que puede ser viable para una empresa grande puede representar una carga significativa para un pequeño negocio. De igual manera, una política diseñada desde el nivel central puede enfrentar dificultades cuando llega a territorios con capacidades institucionales diferentes.

Una norma puede ser necesaria y, al mismo tiempo, resultar difícil de cumplir si establece procedimientos complejos, exige información repetida, cambia con frecuencia o recibe interpretaciones diferentes según la entidad,territorio e incluso funcionario que la aplica. También puede ocurrir lo contrario: la ausencia de reglas claras o de capacidad institucional puede generar incertidumbre y dificultar la actividad económica.

Por eso, una parte central de las conclusiones del foro apunta a la calidad de las reglas y a la forma en que se aplican.

Para una persona o una empresa, las consecuencias son concretas: más tiempo dedicado a trámites, mayores costos, dificultad para acceder a mercados, incertidumbre sobre los requisitos y, en algunos casos, menos incentivos para formalizarse, invertir o crecer.

Una agenda regional para que las reglas funcionen

A partir de los cinco casos, CIPE, a través de “LATAM Sin Barreras”, busca consolidar una red de expertos, asociaciones de empresarios y centros de pensamiento de América Latina que contribuya a construir una agenda regional orientada al desarrollo de acciones concretas como:

• Escuchar mejor a quienes desarrollan actividades económicas y viven diariamente los efectos de las normas, antes de diseñar o modificar regulaciones.
• Fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones territoriales, especialmente donde existen mayores brechas.
• Simplificar los procedimientos antes de digitalizarlos. Es necesario revisar y simplificar los procedimientos y después avanzar en su digitalización e interoperabilidad.
• Hacer visibles y previsibles los requisitos, costos, responsables y tiempos de cada trámite.
• Evaluar el impacto de las nuevas regulaciones antes y después de su implementación.
• Promover espacios permanentes de diálogo entre instituciones, empresas y actores económicos.
• Mejorar la coordinación entre entidades y territorios para evitar procesos fragmentados o contradictorios.

“Desde CIPE estamos comprometidos con apoyar a los centros de pensamiento de América Latina en sus esfuerzos por identificar las principales barreras a las libertades económicas y contribuir al desarrollo de soluciones de política pública. También buscamos fortalecer el intercambio y la colaboración entre centros de pensamiento de distintos países de la región, promoviendo el diálogo y el aprendizaje conjunto para abordar desafíos comunes desde las particularidades de cada contexto”, señaló Morgan King, Gerente de Programas para América Latina y el Caribe en CIPE.

El reto que deja el foro no es eliminar las reglas, sino hacer que cumplan su propósito sin convertirse en barreras innecesarias para la actividad económica.

En la práctica, la libertad económica también se define en espacios cotidianos: en una alcaldía, una aduana, una entidad sanitaria, un puerto o una ventanilla empresarial. Allí es donde una norma puede convertirse en una oportunidad o en un obstáculo.

Cerrar esa distancia entre las reglas y las oportunidades es, en última instancia, una tarea institucional: diseñar mejor, escuchar más, simplificar y lograr que las decisiones públicas puedan aplicarse de manera clara y previsible.