ANIF y el CREE trazan la ruta de reactivación del sector de hidrocarburos y minería

ANIF y el CREE realizaron hoy el seminario “Energía para volver a crecer”. El encuentro reunió a autoridades del Gobierno, gremios y empresarios para debatir las decisiones que permitan reactivar la inversión en el sector energético, garantizar el abastecimiento y superar la crisis de energía en el Caribe. Participaron, entre otros líderes del sector, el viceministro de Energía, Armando Cuello Navarro; el comisionado de la CREG, Antonio Jiménez; el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega; el presidente de Termotasajero, José David Montoya; el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Frank Pearl; el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño; y el presidente de Afinia, Ricardo Arango.

En la apertura del seminario, José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico ANIF, advirtió que el sector energético atraviesa un momento complejo y resaltó tres implicaciones para el país.

La primera es fiscal. Mientras el PIB de Colombia creció 37% entre finales de 2013 y finales de 2025, el sector de minas y canteras se contrajo cerca de un 30%. Una de las consecuencias más fuertes de esta caída es la pérdida de participación del sector en el recaudo de renta corporativa: pasó de aportar el 36,2% en 2012 al 6,3% en 2025.

“Estas cifras muestran que la recuperación del sector es una necesidad fiscal: con las finanzas públicas en uno de sus momentos más estrechos, el país no puede prescindir de una fuente de recaudo que en 2012 aportaba más de un tercio del impuesto de renta de las empresas”, dijo López.

La segunda implicación se refleja en los precios de la energía. La oferta es cada vez menor: la producción de gas acumula una década de caída y la de petróleo no logra repuntar. Así, Colombia ha perdido capacidad para abastecerse por sí misma, al punto de ser hoy el país más rezagado de la región en autosuficiencia de gas. En apenas tres años, las importaciones pasaron de casi cero a un récord de 30,8% del suministro, con corte a julio de 2026.

Esta menor oferta, por sí sola, ya presiona las tarifas. Pero a ella se suma un factor coyuntural: el fenómeno de El Niño que encarecería no solo los alimentos, sino también la electricidad y el gas, lo que complicaría aún más la convergencia de la inflación al rango meta. Según López, la proyección de ANIF para el cierre del año, de 6,6%, podría subir a 7,3% si El Niño se presenta con fuerza.

Por último, López planteó que la situación del sector debilita la competitividad del país frente a otras economías de América Latina. Frente al periodo prepandemia, los precios de la electricidad, el gas y otros combustibles han subido 55,5% en Colombia, el segundo mayor incremento de la región después del de Chile (71,5%). Este encarecimiento podría restarle atractivo a Colombia como destino de inversión. Además, hay efectos de segunda ronda: incrementos en el precio de la energía impactan de forma diferenciada a los sectores económicos, dependiendo de su importancia en la estructura de costos. Las actividades industriales son las más expuestas ante cambios en los precios, lo que reduce su capacidad de competir en el mercado local y externo y amenaza con generar una transmisión de incremento en precios a los consumidores finales. Para concluir, resaltó que es indispensable agilizar las licencias ambientales, dar seguridad jurídica e incentivar proyectos de generación.

Por su parte, Tomás González, director del CREE, enfatizó en su intervención “Energía para la recuperación” que el sector hidrocarburos y minería no es solo un renglón productivo, sino el motor fiscal y la palanca social indispensable para el ajuste que requiere el país.

“En el subsuelo colombiano no solo hay energía: hay impuestos, regalías e inversión social. Nuestros cálculos muestran que, para mantener constante el recaudo tributario del país, por cada peso que caiga el PIB de hidrocarburos, la industria tendría que crecer :2,8 adicionales, una meta imposible de suplir en el corto plazo”, advirtió González.

El análisis del CREE evidencia que los hidrocarburos tienen un efecto multiplicador decisivo en la economía real: 44 centavos de cada peso generado por la producción petrolera se convierten directamente en salarios, utilidades e impuestos, y cada empleo en campo sostiene casi seis puestos indirectos en comercio, transporte y servicios en los territorios. De acuerdo con las modelaciones del Centro, una contracción precipitada del sector sin una sustitución fiscal real reduciría en más de $400 billones los aportes públicos hacia 2050, asfixiando la capacidad del Estado para financiar programas clave de reducción de pobreza, salud y vivienda en las regiones.

Sobre la seguridad del suministro, el análisis del Centro advierte que prescindir de los recursos locales sin una adición ordenada de nuevas fuentes llevaría al país a depender en hasta un 100% de gas importado en la próxima década, comprometiendo directamente la estabilidad de las tarifas para los hogares y la industria. Por ello, el directivo subrayó que el camino requiere avanzar decididamente en la electrificación y las energías limpias, pero manteniendo la producción nacional como el soporte indispensable de la estabilidad económica.

Finalmente, el director del CREE resumió la hoja de ruta para los próximos cuatro años en cinco mensajes estratégicos: mantener los recursos del sector como base de la recuperación económica, trabajar simultáneamente en las tres dimensiones del trilema energético: seguridad, equidad y protección ambiental, avanzar en electrificación y adaptación climática, y desarrollar los proyectos de la mano de las regiones. “Una apuesta de esta magnitud no es posible de espaldas a las comunidades y va a ser mucho más difícil si no logramos construir consensos reales sobre el futuro energético del país”, concluyó González.

Los paneles abordaron la seguridad energética más allá de El Niño, las salidas a la crisis del Caribe y el aporte de los hidrocarburos y la minería a las finanzas públicas.