El sector fundacional llama a medir el impacto para decidir y garantizar la sostenibilidad económica de los territorios

Con un llamado urgente a transformar la medición de impacto y garantizar la sostenibilidad económica en las regiones, concluyó en Medellín el Foro AFE Prosperidad Compartida 2026. El encuentro reunió a más de 724 líderes de más de 300 organizaciones del país y del ámbito internacional como fundaciones, empresas, cooperación internacional, academia, sector público, organizaciones sociales y lideres territoriales, para trazar una nueva hoja de ruta que cambie las decisiones de inversión social en Colombia para demostrar cambios en la vida de las personas y crear condiciones para que los resultados perduren a largo plazo en las comunidades.

En la apertura del evento, Aura Lucía Lloreda, directora ejecutiva de la AFE, hizo un llamado a revisar el uso de los indicadores dentro de las organizaciones, para entender qué funciona, que debe ajustarse y donde puede producir mejores resultados los recursos y capacidades del sector fundacional: “El desafío no es mostrar qué hacemos, sino entender qué cambia porque estamos ahí”, afirmó, instando a evolucionar de “medir para reportar” a “medir para decidir”.

Esto significa, por ejemplo, “que no basta con conocer cuántos jóvenes participan en un programa educativo, sino identificar cuántos logran permanecer en el sistema educativo, qué factores favorecen su continuidad y qué ajustes necesitan las intervenciones para mejorar sus resultados. Así, los indicadores dejan de ser únicamente cifras para presentar en informes y se convierten en herramientas para orientar recursos, ajustar estrategias y ampliar el impacto de la inversión social”, complementó Lloreda.

Nicolás Salcedo, director ejecutivo de Compartamos con Colombia, concluyó que la consolidación de estos objetivos exige sumar a nuevos actores del sector productivo que aún no participan, acordar objetivos comunes  y estructurar alianzas público-privadas de largo plazo.

“En conjunto, estas intervenciones plantean una agenda de gestión para las fundaciones: evaluar sus intervenciones y utilizar los hallazgos para orientar la colaboración y la inversión”, aseguró Salcedo

Los proyectos sociales deben sostener resultados cuando termina el acompañamiento

Uno de los ejes más importantes para los asistentes fue el planteamiento de Efosa Ojomo, director de Prosperidad Global del Clayton Christensen Institute, quien llevó al debate una pregunta sobre el destino de la inversión social: ¿qué ocurre con una comunidad cuando termina el proyecto o se retira la organización que lo financia?. El planteamiento que hace sobre innovación y creación de mercados invitó a los asistentes a revisar si las intervenciones responden a necesidades reales y generan oportunidades económicas capaces de mantenerse.

“Al invertir en las comunidades, ¿estamos imponiendo soluciones, o existen oportunidades para generar una demanda que permita su sostenibilidad una vez que nos hayamos marchado?”, señaló Ojomo.

Esta visión se complementó con la perspectiva territorial de Josefina Klinger, de la Corporación Mano Cambiada, quien puso sobre la mesa que los procesos de transformación comunitaria requieren horizontes temporales mayores a los ciclos estándar de dos años que suelen fijar los proyectos corporativos.

“Los procesos de transformación no se logran en dos años, se deben tejer los intereses en conjunto con las comunidades”, argumentó  Klinger, por la experiencia que ha venido desarrollando desde el Pacífico colombiano, destacando La necesidad de construir intereses comunes y sostener las relaciones en el territorio.”

La inversión educativa debe demostrar mejoras en los aprendizajes

La conversación sobre educación en el marco del Foro AFE Prosperidad Compartida 2026, situó la evaluación de resultados en el centro de las decisiones a través de la conferencia de Nuno Crato, matemático y ex Ministro de Educación y Ciencia de Portugal, quien defendió un currículo exigente, progresivo y estructurado, acompañado de evaluación y apoyo a los estudiantes.

A su vez Andrea Escobar, de Fundación Empresarios por la Educación, planteó revisar si las intervenciones producen los cambios que prometen., asegurando si “Evaluar es hacerse las preguntas difíciles, para saber si los programas generan un cambio.”

Ana Cubillo, directora de Programas Globales de Jacobs Foundation, abordó la conexión entre evidencia y políticas educativas, así como el riesgo de que la emergencia a raíz del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, prolongue las pérdidas de aprendizaje.

La seguridad y la confianza son condiciones para sostener el desarrollo territorial

La agenda final del Foro, relacionó la inversión social con las condiciones que permiten sostener sus resultados: seguridad, instituciones, cadenas de valor y capacidades locales. Las intervenciones de Pablo Angelelli, jefe de operaciones en la oficina para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Paola Avendaño, gerente de proyectos e inversión de impacto de Fundación Bancolombia y Javier Flórez, director de área de conflicto y seguridad de Fundación Ideas para la Paz, abordaron distintas dimensiones de este desafío.

“Muchas Colombias caben en el mapa, el reto es integrarlas en un solo proyecto de país.” comentó Javier Flórez, de Fundación Ideas para la Paz.

La prosperidad compartida se ve reflejada en la inversión social privada que realizaron las fundaciones familiares y empresariales del país en 2025

En 2025, las Fundaciones Familiares y Empresariales asociadas a la AFE consolidaron una presencia territorial en los 32 departamentos y 934 municipios del país, implementando 1.000 iniciativas con una inversión superior a $1 billón de pesos (con un 48% de recursos propios) y alcanzando a 6 millones de personas.

La gestión se focalizó principalmente en educación (34%) y desarrollo económico (24%). En el frente educativo, las fundaciones atendieron directamente a 301.439 estudiantes (23% de primaria), apoyaron con formación a 226.544 estudiantes —con especial impacto en Antioquia, Casanare y Bolívar— y brindaron cursos de formación para el trabajo y desarrollo humano a más de 60.000 personas. Por su parte, en desarrollo económico generaron 6.800 empleos directos formales (43% con contrato a término indefinido), respaldaron a 71.000 unidades productivas mediante financiamiento, asesorías o contactos —las cuales crearon más de 21.000 empleos adicionales—, pusieron a 15.500 personas en puestos de trabajo, y facilitaron el acceso de 10.038 personas a programas de educación formal y de 50.369 a educación no formal para el trabajo y el desarrollo humano.