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Columnas 09 Nov 2026 Por

Rescatar dinosaurios: la estafa silenciosa de socializar las pérdidas de los malos gerentes

Por: Julián Ramírez – Politólogo, Internacionalista y Geo-Estratega.

A propósito de la quiebra del banco en Paraguay, hay que decir algo, y es que la quiebra de un banco o de una aerolínea no es un accidente meteorológico: es el resultado de decisiones humanas, modelos de negocio agotados y, a veces, de una ceguera deliberada ante el cambio. Cuando una empresa privada colapsa, la reacción instintiva de la opinión pública es buscar un culpable en el gobierno de turno. Es una reacción comprensible, pero con frecuencia equivocada. La realidad es más incómoda: las empresas quiebran, fundamentalmente, porque sus gerentes fallaron o porque se negaron a evolucionar mientras el mundo giraba sin ellas.

El caso reciente de Paraguay es un recordatorio brutal de que la mala gestión no distingue geografías. La intervención del Banco Ueno, una entidad que gestionaba los ahorros de casi tres millones de personas y unos 800 millones de dólares en fondos públicos, no fue el producto de una crisis externa repentina, sino de una insuficiencia de solvencia detectada por los reguladores. Detrás del colapso hay señalamientos de deficiencias en la calidad de los activos, créditos vinculados y una supervisión que, en el mejor de los casos, fue negligente. La consecuencia política -la destitución del presidente Santiago Peña- demuestra que cuando la empresa privada falla estrepitosamente, el costo político lo termina pagando el Estado, aunque la causa raíz haya sido la avaricia o la incompetencia en la cúpula de una sociedad anónima.

El argumento de que el gobierno es el único responsable se desmorona cuando se analiza la naturaleza de los llamados “corralitos” argentinos. La crisis de 2001 no fue una decisión caprichosa de un funcionario, sino el desenlace de un sistema financiero que había perdido la confianza de los depositantes y cuya estructura de pasivos y activos era insostenible. Los bancos que quebraron o debieron ser rescatados, como el Scotiabank Quilmes o el Banco Galicia, no cayeron por un decreto, sino porque su modelo de negocio y su exposición al riesgo los dejó sin liquidez cuando el público, con razón, quiso retirar su dinero. Culpar exclusivamente al gobierno es una forma cómoda de eximir a los banqueros de su responsabilidad fiduciaria.

El caso de Avianca en Colombia es el ejemplo perfecto de cómo el “campeón nacional” se convierte en una carga para el contribuyente. Cuando la aerolínea se acogió al Capítulo 11 en 2020, la narrativa dominante fue que la pandemia la había matado. Pero la pandemia solo aceleró un final que ya estaba escrito en sus estados financieros. El propio ministro de Hacienda de entonces admitió que la situación de Avianca “ya era compleja antes de la llegada del coronavirus”. La empresa arrastraba altos niveles de apalancamiento y bajos márgenes, y operaba en un mercado donde su posición dominante no le impidió perder 894 millones de dólares en 2019. El gobierno colombiano terminó inyectando 370 millones de dólares de los contribuyentes para “proteger la conectividad”, pero el problema no era la falta de vuelos: era un modelo de negocio que no funcionaba ni siquiera con cielos despejados, es decir, tan mal administrada estaba, que se quebró teniendo el “monopolio” de los cielos en Colombia.

Este patrón se repite en industrias enteras que se aferran a su era dorada mientras el suelo se abre bajo sus pies. Kodak inventó la cámara digital en 1976, pero prefirió seguir vendiendo película porque era más rentable; quebró en 2012. Polaroid hizo lo mismo con la fotografía instantánea y siguió su camino a la bancarrota. Nokia dominó la telefonía móvil, pero se aferró a su sistema operativo Symbian y subestimó la plataforma que venía: vendió su negocio de teléfonos a Microsoft y desapareció como actor relevante. Ninguno de estos colapsos fue culpa de un gobierno. Fueron empresas que se comportaron como dinosaurios: grandes, lentas y convencidas de que el ecosistema nunca cambiaría. Más absurdo aún cuando los taxis, los dinosaurios mayores, quieren que el gobierno obligue a la gente a tomar jugo de naranja porque es lo que venden, y no evolucionar a vender el jugo que la gente pide: modelo Uber.

En Colombia, el fenómeno no se limita al transporte. La cadena de hamburguesas Presto, un ícono que llegó a tener más de 120 restaurantes, fue liquidada tras acumular pasivos por 31.000 millones de pesos y fracasar en su intento de reorganización. No fue una crisis macroeconómica la que la tumbó: fue la incapacidad de adaptarse a un mercado de comida rápida mucho más competido, donde las preferencias del consumidor cambiaron y la empresa no supo o no quiso responder.

La conclusión es incómoda pero necesaria: rescatar a una empresa mal administrada con dinero público no es un acto de patriotismo, es una transferencia de riqueza de los contribuyentes a los acreedores y accionistas que tomaron malas decisiones. La competencia existe precisamente para que las empresas ineficientes dejen espacio a las que sí saben leer el presente. Cuando un gobierno interviene para salvar a un dinosaurio, no está salvando empleos a largo plazo: está postergando una muerte anunciada y enviando una señal perversa al mercado, donde la incompetencia deja de tener consecuencias. La verdadera política industrial no es rescatar cadáveres, sino permitir que el ecosistema empresarial se renueve, incluso si eso duele.

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Autor

Alirio Aguilera

Alirio Aguilera, periodista bogotano egresado de la Universidad Central de Bogotá, especializado en periodismo económico en la Universidad de la Sabana y con magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia en medios de comunicación y también como docente de varias universidades y con gran experiencia como asesor de comunicaciones en el sector público y privado.

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