En relación con la medida de intervención tomada el día de hoy por el Gobierno Nacional sobre la empresa de distribución y comercialización Air-e,

desde los gremios ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS Y SER COLOMBIA, nos permitimos señalar lo siguiente:

La toma de posesión de una empresa de servicios públicos es una acción de último recurso, de carácter excepcional, cuya finalidad es garantizar la continuidad y calidad de los servicios

públicos esenciales. Sin embargo, esta medida no debe considerarse como una solución automática o definitiva para los problemas identificados en la prestación del servicio en la

región Caribe, por lo que es de suma importancia encontrar soluciones estructurales que resuelvan de raíz las problemáticas presentadas desde años atrás.

 

La decisión de intervenir debe estar sustentada en un análisis riguroso de las causales que la justifican, y su implementación debe ser eficaz, enfocada en asegurar el suministro de

energía eléctrica en la región y en la recuperación de los prestadores. Además, es imprescindible que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada, respetando el debido

proceso y minimizando el impacto sobre los usuarios, así como sobre los demás actores del sector eléctrico. Es fundamental, en este sentido, mitigar el riesgo de un efecto en cadena

que pueda generar una crisis sistémica en el sector.

 

Cabe resaltar que los actores del sector operan bajo la normativa vigente y de acuerdo con las condiciones del mercado mayorista de energía, estando sujetos a la vigilancia y control

del Gobierno Nacional, a través principalmente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por lo tanto, es crucial evitar emitir juicios sin contar con las pruebas

suficientes, las cuales, de ser pertinentes, deben ser contrastadas y presentadas ante las autoridades competentes.

 

Finalmente, reiteramos las medidas que hemos venido promoviendo por parte del sector para la atención de la situación en cuestión, y que consideramos necesario implementar

con el fin de evitar la repetición o agravamiento de situaciones como esta, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los usuarios de la región Caribe:

• Pago oportuno de subsidios: Es esencial que el Gobierno Nacional cumpla con la obligación legal de pagar oportunamente los subsidios dirigidos a los usuarios de

energía eléctrica y gas natural de los estratos 1, 2 y 3, los cuales han sido aplicados y financiados por las empresas comercializadoras de energía.

 

• Compromisos sobre la Opción Tarifaria de energía: Es necesario que el Gobierno Nacional asegure la entrega de los recursos comprometidos para cubrir la deuda de

la Opción Tarifaria y garantice la subrogación de dicha deuda a las empresas comercializadoras. Esto debe definirse de manera ágil en una Ley única

independiente que no esté supeditada a la aprobación de otras normas como una nueva reforma tributaria. Además, debe extenderse a los usuarios de gas natural.

 

• Recursos adicionales para pérdidas: Se deben asignar nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación para cubrir las pérdidas adicionales aprobadas a

las empresas que operan en la región Caribe, lo que permitirá evidenciar una reducción de tarifa a los usuarios y mejorar el flujo de caja de las empresas.

 

• Pago de obligaciones de entidades oficiales: Es fundamental que los gobiernos locales y regionales garanticen el pago de la deuda que tienen con las empresas de

energía por la prestación de este servicio a instalaciones oficiales como hospitales, centros educativos, entre otros. Para las empresas Afinia y Air-e estas deudas

ascienden a $370 mil millones.

 

• Revisión de los conceptos adicionales de la factura: Realizar la revisión de los montos de los impuestos municipales y departamentales que se vienen cargando en

las facturas de energía como lo son el impuesto de alumbrado público y los impuestos de seguridad, que para la región Caribe llegan a representar el 30% del

valor total de la factura.

 

• Incentivos a más proyectos de generación: Es crucial promover la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía, así como destrabar el

desarrollo de los que actualmente tienen obligaciones asignadas, con las condiciones e incentivos adecuados, para aumentar la oferta y así garantizar mejores precios en

el mercado.

 

• Garantizar la continuidad en la operación: La medida de intervención debe asegurar el normal funcionamiento de la operación de Air-e, lo que incluye que se

garantice el pago de los compromisos de la empresa, tanto con los demás agentes del mercado mayorista de energía, como con todos los demás prestadores de bienes

y servicios de la compañía.

 

• Evitar la estigmatización: Las empresas que hacen parte de los sectores que representamos han sido por muchos años aliados por del Estado en la prestación del

servicio público de energía eléctrica, y están dispuestas a trabajar con el Gobierno Nacional en la solución de las causas estructurales que han llevado a decisiones

como la anunciada.