Colombia, con su rica biodiversidad y una economía en crecimiento, se encuentra en un punto de inflexión. La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover un desarrollo sostenible, ha puesto en el centro del debate a las industrias intensivas en energía, para las cuales las alternativas de sustitución de combustibles fósiles siguen siendo muy costosas o tecnológicamente poco desarrolladas.

En este contexto, los instrumentos económicos se perfilan como herramientas clave para incentivar a las empresas a adoptar prácticas más eficientes y sostenibles. Mediante una combinación de impuestos, tarifas, sistemas de comercio de emisiones y otros mecanismos, el gobierno puede orientar las decisiones de inversión de las organizaciones hacia tecnologías limpias y bajas en carbono. Sin embargo, esta propuesta debe ser consciente de los desafíos inherentes a este tipo de transformaciones y debe contar con el impulso del sector privado.

Actualmente, Colombia atraviesa por un momento crucial en la definición de sus políticas ambientales y fiscales, especialmente por lo relacionado con el impuesto al carbono. Esta medida que se está implementando en el marco de la ley de financiamiento presentada por el gobierno actual, propone un aumento significativo en el impuesto al carbono, así como una aceleración en su aplicación. Este incremento contempla una tarifa específica, calculada en función del factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para cada tipo de combustible, y puede, en el próximo año, casi que triplicar su valor. 

Para las industrias intensivas en energía expuestas al comercio, este aumento en el impuesto deja en desventaja a la industria nacional frente a las importaciones y podría generar el efecto de “fuga de carbono”, ya experimentado en otros países, que implica el desplazamiento de la producción y la pérdida de empleos locales.

Manuel Lascarro, director general de PROCEMCO, advierte que, si bien en Colombia hay sectores comprometidos con la descarbonización, como el de cemento, para lograrlo se requiere, además de la voluntad de la industria, apoyo gubernamental, tiempo y marcos regulatorios estables. “Ya existen muchas experiencias internacionales en las industrias intensivas en energía expuestas al comercio y se ha demostrado que, sin un enfoque gradual, sin medidas integrales como mercados de carbono y sin apoyo para la transición tecnológica, el resultado es una ‘fuga de carbono’ que no solo evita el recaudo del impuesto, si no, que también genera pérdida de competitividad para las empresas locales, pérdidas de empleo y, en última instancia, una mayor huella de carbono en los productos utilizados”.

“Entendemos la intención de querer acelerar la reducción de emisiones de CO2, pero en sectores intensivos en energía expuestos al comercio como el cemento, la propuesta de la ley de financiamiento podría, irónicamente, alejar los mismos objetivos que busca proteger. Si el costo de producción nacional se eleva a niveles poco competitivos, es posible que se prefiera importar productos de países sin metas de descarbonización, trasladando el problema de las emisiones sin reducir su volumen a nivel global”, agrega Lascarro.

Este tema será examinado en profundidad en el diálogo de alto nivel “Instrumentos Económicos de Carbono e Industrias Intensivas en Energía”, que tendrá lugar el 19 de noviembre en la Universidad Ean entre las 08:30 y las 13:00, y que contará con la participación de expertos y representantes de organizaciones como la Asociación Española del Cemento, ASOCARBONO, la academia y reguladores, quienes discutirán sobre la necesidad de poner la lupa en las industrias intensivas en energía expuestas al comercio, la situación de Colombia, las experiencias internacionales y finalmente, las recomendaciones para lograr una descarbonización efectiva en estos sectores sin provocar fuga de carbono.

Cabe destacar que la industria cementera en Colombia, de hecho, ha liderado iniciativas para reducir sus emisiones, y PROCEMCO cuenta con una hoja de ruta que proyecta una disminución del 21% en las emisiones de CO2 para 2030 y fue la primera de Latinoamérica en presentar una hoja de ruta para alcanzar la carbono-neutralidad para 2050. Sin embargo, para que esta transformación sea exitosa se requiere tiempo, políticas públicas de acompañamiento, avances tecnológicos y acceso a recursos internacionales.

De acuerdo con varios informes, el impuesto al carbono varía significativamente en diferentes regiones. Y aunque a menudo se habla de cómo la Unión Europea ha establecido precios altos de hasta 90 USD por tonelada de CO₂; lo cierto es que gran parte de las emisiones las industrias intensivas en energía expuestas al comercio han contado con cupos de emisión gratuitos, cubriendo históricamente la mayoría del costo por tonelada, para evitar desplazar las emisiones a terceros países.

En el caso de la industria del cemento, el sector ha contado con décadas de políticas de acompañamiento que han facilitado su descarbonización en países como Alemania y Austria, donde un 80% de la matriz energética proviene de residuos gracias a políticas de economía circular. Estos ejemplos reflejan cómo el respaldo gubernamental y las inversiones en tecnología han sido claves para el éxito de una industria cementera sostenible.

Manuel Lascarro subraya que incluso a nivel de Naciones Unidas se ha reconocido que el cemento es esencial para el desarrollo de la sociedad, pues es necesario en prácticamente toda obra de infraestructura o vivienda. Todos los pronósticos indican que la demanda de cemento seguirá creciendo en las próximas décadas, especialmente en países en vías de desarrollo, y la industria global ha diseñado planes ambiciosos para su descarbonización al 2050, incluyendo la sustitución de combustibles fósiles.

“Para llegar a sustituir los energéticos principales para producir cemento -tal y como lo ha analizado a nivel mundial la Asociación Global del Cemento y el Concreto- hay que actualizar marcos regulatorios, realizar inversiones cuantiosas y desarrollar nueva tecnología. Todo es posible y estamos en la ruta. Pero pensar que se puede lograr en 2 años como se propone en la ley de financiamiento, no solo es inviable, sino que nos pone en la misma ruta de otros países donde se ha dado el efecto de fuga”, advierte el director de PROCEMCO.