Un informe económico de la firma Crowe Co, el aumento del salario mínimo en 23% para 2026 podría abrir un boquete adicional de más de $6 billones en las cuentas del Estado, justo cuando las finanzas públicas atraviesan uno de sus momentos más exigentes y el margen de maniobra es reducido.

El documento advierte que el impacto del ajuste no se limitará solo al mercado laboral. Desde enero, el incremento activará una cadena de gastos obligatorios y permanentes que el Estado debe asumir mes a mes: mayores pagos a empleados públicos, mesadas pensionales más altas, aumentos automáticos en aportes a salud y un encarecimiento de subsidios y contratos que toman el salario mínimo como referencia.

Aunque el objetivo del aumento es proteger el poder adquisitivo de cerca de 2 millones de trabajadores, su efecto va mucho más allá del ingreso de quienes ganan este sueldo, pues no se puede desconocer que el Gobierno no solo fija ese salario, sino también es empleador, financiador del sistema de salud y pensiones, y además es responsable de múltiples programas sociales ligados a ese valor.

El golpe inmediato: salarios y aportes del Estado subirán fuertemente este mes

Uno de los efectos más inmediatos del aumento está en la nómina pública. Colombia tiene entre 1,4 y 1,5 millones de empleados públicos y una parte importante, especialmente en cargos operativos y administrativos, devenga entre uno y dos salarios mínimos. Con el nuevo ajuste, el costo total mensual de un trabajador público que gana este sueldo —sumando salario, auxilio de transporte, aportes y prestaciones— se acercará a los 3 millones de pesos.

En cuentas claras, esto representa un incremento cercano a 330.000 pesos mensuales por trabajador. Si se tiene en cuenta que alrededor de 150.000 empleados del Estado reciben este ingreso, el aumento anual del gasto en nómina en 2026 podría superar los 585.000 millones de pesos, solo en ese grupo.

“El problema es que no se trata de un grupo aislado. Cuando sube el mínimo, también se ajustan otras escalas salariales que están indexadas y ahí se genera un efecto cascada en toda la estructura de pagos del Estado”, advierte Óscar Villarruel, socio de auditoría de Crowe Co y autor del informe.

A este impacto se suma el de los contratos de prestación de servicios. Muchos contratistas del Gobierno tienen honorarios referenciados entre uno y tres salarios mínimos. Mantenerlos este año exigirá mayores desembolsos presupuestales o renegociaciones al alza, lo que presionará aún más el gasto de funcionamiento.

De otra parte, los trabajadores independientes vinculados al Estado también sentirán el ajuste. Sus aportes mensuales a seguridad social, que hoy rondan los 400.000 pesos, podrían acercarse a los 500.000 pesos, lo que suele traducirse en solicitudes de honorarios más altos para compensar ese mayor costo.

Otro frente especialmente sensible es el sistema pensional. En Colombia, las mesadas mínimas están directamente ligadas al salario mínimo, por lo que cada aumento se convertirá de inmediato en una mayor obligación para el Estado, especialmente a través de Colpensiones.

Según estimaciones citadas en el informe, cada punto porcentual de aumento real del salario mínimo implica cerca de $240.000 millones adicionales en gasto pensional anual. Con un alza del 23%, el costo extra podría rondar los $5,5 billones en 2026.

“Las pensiones son un gasto permanente. Una vez suben, no hay forma de revertirlas, y eso reducirá de manera importante el margen de maniobra fiscal en los años siguientes”, señala Villarruel.

¿De dónde saldrá la plata si, según el Gobierno, no hay?

El aumento del salario mínimo también eleva los aportes a salud y los subsidios que financia el Estado. Como empleador, el Gobierno paga el 12 % del sueldo en pensión y el 8,5% en salud por cada trabajador público. Con una base cercana a $1.751.000, esto implica aportes adicionales de unos $89.000 mensuales por funcionario, o cerca de $1,07 millones más al año por persona.

Además, el Estado actualmente subsidia el régimen de salud de aproximadamente 25 millones de personas. Cuando sube el salario mínimo, también aumentan el ingreso base de cotización y los costos operativos del sistema, lo que eleva el gasto público en salud de forma automática.

“No estamos hablando de gastos puntuales o excepcionales, sino de presiones mensuales que se acumulan y que el Estado no puede postergar”, explica Villarruel.

Una pregunta recurrente es si este aumento puede compensarse con mayores ingresos tributarios derivados del consumo. Aunque podría haber un impulso limitado al recaudo de impuestos como IVA, impoconsumo o el gravamen a los movimientos financieros, el efecto sería reducido.

“La informalidad laboral en el país hoy ronda el 57%, lo que limita el alcance del ajuste sobre el recaudo. Además, solo cerca de 2,4 millones de personas ganan exactamente el salario mínimo. A esto se suma que, según estimaciones de JP Morgan, el aumento podría generar un efecto inflacionario adicional cercano al 1,4%, lo que reducirá parte del mayor ingreso disponible”, puntualiza.

Un aumento que llega con el déficit al límite

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 contempla la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal por tres años, lo que permite un mayor déficit temporal. Sin embargo, buena parte del gasto derivado del aumento del salario mínimo no estaba completamente presupuestado.

Aunque el Gobierno ha anunciado nuevos ingresos asociados al decreto de emergencia económica, el informe advierte que aún no hay claridad sobre el origen ni la magnitud de los recursos necesarios para cubrir estos compromisos de manera permanente.

“Sin reformas estructurales en ingresos, una mejor focalización del gasto y ajustes en el tamaño del Estado, el riesgo es una mayor presión fiscal y un deterioro de la confianza frente a inversionistas y calificadoras”, concluye Villarruel.