El Consejo Gremial Nacional manifiesta su profundo rechazo ante la decisión del Gobierno Nacional de fijar, por decreto, un incremento del 23.7% en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Esta determinación, adoptada sin sustento técnico suficiente, resulta incoherente con la realidad fiscal y económica que hoy enfrenta Colombia y agrava un escenario de alta incertidumbre para la generación de empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Consejo Gremial Nacional resalta la importancia de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, promover las condiciones para crear empleo formal y mejorar el bienestar de los hogares. Por ello, los ajustes al salario mínimo deben responder a criterios técnicos verificables -productividad, inflación, y capacidad real de pago de empresas y sector público-

El Banco de la República ha sido enfático en advertir que un incremento elevado en el SMMLV tendría un efecto directo en la inflación y las finanzas públicas. Además, un aumento injustificado tendría un impacto grande en las reservas pensionales, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual y amplificaría el impacto en los bienes y servicios que deben ser indexados con base en este indicador como es la vivienda de interés social, el transporte, las tarifas, las multas, entre otros.

En el 2025 la cifra de compatriotas que ganan menos de un salario mínimo aumentó en 1,23 millones, en comparación con el 2024. Según cifras del DANE, hoy en el país hay 11,38 millones de personas que no alcanzan a ganar un salario mínimo y del total de la población ocupada según el DANE -GEIH a octubre de 2025- en Colombia la población en la informalidad asciende a 13,6 millones de personas, aumentando en 732 mil personas en los últimos 12 meses.

Aumentos desmedidos en el salario mínimo no contribuyen en nada a resolver el problema de informalidad laboral, que es la verdadera precarización laboral, ni el de pobreza.

Resulta igualmente irresponsable e incoherente que el Gobierno Nacional haya declarado una emergencia económica, por un faltante de financiación del Presupuesto 2026 del orden de ~$16 billones, y, a la vez, decrete un incremento del salario mínimo que podría generar un impacto superior a los $9 billones en costos laborales y obligaciones asociadas, agravando la situación fiscal y afectando negativamente el futuro del mercado laboral colombiano.