Por: Carlos Noriega

En Colombia, el gasto social suele presentarse como un ejercicio técnico: diagnósticos, matrices de focalización, clasificaciones del DNP y proyecciones macroeconómicas. Sin embargo, la evidencia muestra que su comportamiento responde de manera sistemática a incentivos políticos, independientemente del gobierno de turno. La economía política del gasto social no es una anomalía coyuntural: es un patrón estructural.

Los datos del DANE indican que para 2024 el gasto social público y privado ascendió a 300,2 billones de pesos, de los cuales el 84,5% provino del sector público. La mayor parte se concentró en salud (42,4%) y vejez (39%). Estas cifras reflejan prioridades sociales, pero también la presión política sobre sectores con alta visibilidad y retorno electoral. 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) clasifica el gasto público en tres categorías: bienes y servicios puros, gasto social y gasto de desarrollo económico. En teoría, esta clasificación permite orientar decisiones basadas en eficiencia y bienestar. En la práctica, la asignación presupuestal se ve influida por coaliciones políticas, negociaciones legislativas y ciclos electorales. 

La literatura económica respalda esta lectura. Estudios del Banco de la República muestran que el tamaño del Estado colombiano ha crecido de manera sostenida durante las últimas dos décadas, en línea con la Ley de Wagner, que plantea que el gasto público tiende a expandirse a medida que crece el ingreso. Pero este crecimiento no ha sido neutral: la composición del gasto revela un sesgo persistente hacia rubros con alto rédito político. 

Este fenómeno no distingue colores partidistas. Gobiernos de izquierda, centro y derecha han utilizado el gasto social como herramienta de legitimación política. La expansión del gasto en programas de transferencias, subsidios sectoriales, inversión territorial y políticas sociales ha respondido tanto a necesidades reales como a incentivos electorales. La evidencia empírica sobre ciclos políticos del presupuesto en Colombia confirma que, en años preelectorales, aumenta el gasto visible y disminuye la disciplina fiscal, incluso en entidades territoriales sujetas a reglas fiscales subnacionales.

El resultado es un sistema donde la técnica opera dentro de un marco condicionado por la política. La sostenibilidad fiscal se tensiona cuando el gasto social se expande sin una evaluación rigurosa de impacto, y cuando la presión por mostrar resultados inmediatos desplaza la inversión de largo plazo. El déficit fiscal y el aumento de la deuda pública —que en 2024 se ubicó alrededor del 57% del PIB— no son solo problemas macroeconómicos: son síntomas de una estructura institucional donde el gasto social se convierte en un instrumento de poder.

Esto no implica que el gasto social sea innecesario o ineficiente por definición. Su importancia para la reducción de pobreza, la movilidad social y la cohesión territorial es indiscutible. El problema surge cuando la política captura la técnica y convierte el presupuesto en un mecanismo de rentabilidad electoral.

Colombia necesita fortalecer los sistemas de evaluación independiente, mejorar la transparencia en la asignación de recursos y blindar el gasto social de los ciclos políticos. La sostenibilidad fiscal no puede depender del calendario electoral, y la política social no puede seguir siendo el botín de cada administración.

Porque si algo demuestra la evidencia es que todos los gobiernos han usado el gasto social como herramienta política. Y mientras no se reconozca esta realidad, seguiremos discutiendo cifras sin enfrentar el verdadero problema: la captura política del presupuesto.