Por: Laura Andrea Cristancho, Coordinadora del Programa de Economía del Politécnico Grancolombiano

Como docente suelo insistir en que la economía del cuidado no es un asunto doméstico ni un apéndice del mercado laboral, es un componente central del funcionamiento económico. Sin estas tareas: cocinar, limpiar, acompañar, criar, cuidar enfermos o adultos mayores, ninguna economía podría operar. Sin embargo, seguimos tratándolas como si fueran un recurso infinito sostenido, casi siempre, por mujeres.

En Colombia ya dimos un primer paso con la Ley 1413 de 2010, que obligó a medir el aporte económico del cuidado a través de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Esa medición permitió convertir lo emocional y lo cultural en datos, saber cuánto costaría contratar a alguien para hacer lo que hace una madre, una cuidadora o una trabajadora doméstica no remunerada cambia por completo la conversación.

Pero reconocer el valor no es lo mismo que integrarlo al diseño de políticas económicas, y ahí es donde seguimos quedándonos cortos. Aunque avances como la Ley 1257 de 2008 sobre violencia contra las mujeres, la Ley 1857 de 2017 que promueve el cuidado en la familia, y más recientemente la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo) que incorpora el Sistema Nacional de Cuidado, muestran una intención política, la implementación sigue siendo fragmentada y sin recursos suficientes.

Mientras el cuidado siga siendo visto como una responsabilidad privada y no como un pilar del desarrollo, las brechas de género se profundizarán. Necesitamos pasar de la medición a la acción: presupuestos con enfoque de cuidado, sistemas integrales que redistribuyan las cargas y políticas laborales que reconozcan el tiempo dedicado a estas tareas.

Cuando hablamos de productividad, rara vez pensamos en quién sostiene a la fuerza laboral. ¿Quién cuida a los hijos de quienes trabajan? ¿Quién cocina para que alguien más pueda salir a su empleo? ¿Quién permite que miles de personas puedan dedicarse a estudiar, emprender o contribuir al crecimiento del país?

Esa base invisible es la economía del cuidado. Sin embargo, al no remunerarla ni redistribuirla, generamos un cuello de botella que limita la participación laboral femenina, profundiza la desigualdad y frena la reactivación económica. Ese cuello de botella se manifiesta en tres frentes:

El primero es la imposibilidad de pensionarse, porque la mayoría de las mujeres que se dedican al cuidado (remunerado o no) no cotizan, lo que significa que aportan toda su vida a la economía sin recibir protección para la vejez.

El segundo es cultural, seguimos naturalizando que el cuidado “les corresponde” a las mujeres, como si fuera un rasgo biológico y no una construcción social que reproduce desigualdad.

El tercero es empresarial, todavía existen organizaciones que limitan la contratación de mujeres por su potencial maternidad, o que no implementan esquemas reales de corresponsabilidad como licencias compartidas o flexibilidad laboral.

La baja representación femenina no solo limita la capacidad de incidir en políticas públicas, sino que también frena avances en autonomía económica y en la reducción de la violencia de género. En otras palabras, la equidad en el cuidado también depende de quiénes escriben y ejecutan las políticas que lo regulan.

Y mientras no resolvamos la redistribución del cuidado, el país seguirá desaprovechando el talento, la innovación y el liderazgo económico de millones de mujeres. Se trata de eficiencia macroeconómica, cada punto porcentual adicional de participación laboral femenina implica más ingresos fiscales, mayor dinamismo empresarial y un mercado interno más robusto.

En otras palabras, reconocer el cuidado no es un acto simbólico, es una estrategia de crecimiento. Esto lo analizamos año a año en el Simposio Internacional de Economía y Género que realizamos en el Politécnico Grancolombiano, porque si queremos reactivar la economía, debemos poner este tema en la agenda pública, en la conversación del Estado, de la academia y hasta en las calles.

Necesitamos políticas que permitan a hombres y mujeres compartir responsabilidades, incentivos para que las empresas promuevan esquemas flexibles y un compromiso estatal para cerrar brechas laborales que hoy son insostenibles.