La segunda semana de negociación del salario mínimo, que definirá el ingreso de cerca de cinco millones de trabajadores formales y servirá como referencia para más de 20 millones de colombianos en 2026, arrancaría con un ingrediente inesperado que podría dividir aún más la mesa y encender las alarmas del sector productivo: el “salario digno”, una propuesta que el Gobierno traería al centro del debate en medio de la creciente tensión y una alta polarización que hace prever un cierre sin acuerdo antes del 15 de diciembre.

Este concepto inédito irrumpiría con un tono inusual: más ético que técnico, más social que financiero. Mientras el Gobierno lo plantea como un horizonte de bienestar inspirado en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gremios insisten en mantener la fórmula tradicional basada en inflación y productividad, los dos indicadores que históricamente sustentan la concertación.

En medio de ese pulso político y económico, un informe de la firma Crowe Co introdujo una alerta distinta y más tangible: bajo este nuevo escenario el verdadero impacto de la negociación no se medirá en porcentajes, sino en liquidez. Según el estudio, decenas de cobros, tarifas y contratos atados al salario mínimo se reajustarían automáticamente desde enero, afectando el bolsillo de los hogares y trabajadores independientes, así como las finanzas de las pequeñas empresas, aun antes de que el aumento se refleje en sus ingresos reales.

De acuerdo con Guillermo Berrio, socio BPO de Crowe Co y autor del informe, esta nueva coyuntura generaría que el pulso de la negociación se mira por primera  vez por liquidez, no solo por porcentaje. “Más allá del aumento final o del ideal del ingreso digno, el país se enfrenta a un efecto dominó financiero que impactaría simultáneamente a las familias y al tejido empresarial.

Del ideal al bolsillo: el “ingreso digno” divide el debate económico

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, han planteado este factor como un nuevo parámetro moral en la negociación que hoy tiene expectante a todo el país. Sin embargo, esa idea —más ética que técnica— aún no tiene un soporte metodológico ni es un indicador oficial. De hecho, la ley aún mantiene vigente la fórmula histórica de concertación: inflación más productividad laboral.

De acuerdo con el DANE, la inflación anual a octubre se ubicó en 5,51 %, aunque los rubros más sensibles para los hogares —restaurantes (7,61 %), educación (7,34 %) y salud (6,50 %)— siguen muy por encima del promedio. En paralelo, la Productividad Total de los Factores (PTF) creció 0,91 % en el tercer trimestre, mientras la productividad laboral cayó –0,32 %, lo que deja un rango técnico de aumento entre 6 % y 7 %, según estimaciones de Fedesarrollo.

Pese a ese marco, el Gobierno insiste en llevar la discusión más allá de los números y propone un ajuste del 11 % para acercar el salario mínimo a lo que considera un umbral de “ingreso digno”.

Los gremios empresariales —Andi, Fenalco y Acopi—, por su parte, defienden un incremento moderado y escalonado, argumentando que un alza excesiva pondría en riesgo la formalidad y la sostenibilidad laboral. La tensión ya se hizo evidente: Fenalco se retiró temporalmente de la mesa, tras considerar que el Ejecutivo anticipó el alza sin consenso técnico.

En medio de esa polarización, el informe económico de Crowe Co revela una lectura más pragmática: aun un aumento bien intencionado puede evaporarse si no se  evalúan sus efectos secundarios. “El reto no será solo cuánto sube el salario, sino cuánto resiste la economía doméstica cuando todos los pagos y servicios ajusten su valor al nuevo mínimo”, advierte Berrío.

La otra cara del incremento

De acuerdo con el estudio, el aumento del salario mínimo en 2026 activará al menos 30 recálculos automáticos que afectarán directamente la liquidez del país productivo: familias, contratistas, comercios y Pymes. En total, podrían ser hasta 60 bienes y servicios los que suban su precio o tarifa al ritmo del SMLV.

Entre los rubros más sensibles están los aportes de trabajadores independientes a salud y pensión, los arriendos, las cuotas judiciales, las pensiones escolares, los comparendos y los servicios personales.

“Quien hoy aporta $100.000 deberá prever un desembolso cercano a $108.940, incluso si sus ingresos no crecen en la misma proporción”, señala el documento.

El análisis también proyecta un aumento técnico de 8,94 % (resultado de la inflación más la productividad) como escenario base para enero. Con ese cálculo: Una cuota judicial equivalente a un salario mínimo pasará de $1.423.500 a $1.550.800, un alza mensual de $127.300. Un compromiso de dos salarios mínimos llegará a $3.101.600, con $254.600 adicionales por beneficiario.

Para las Pymes, el costo laboral total por trabajador —salario, prestaciones y recargos— aumentará entre 8,5 % y 9,3 %, dependiendo del sector. Actividades de alta empleabilidad como comercio, vigilancia, restaurantes y construcción serían las más presionadas. La jornada laboral reducida a 44 horas elevó la hora ordinaria a $6.189, dejando poco margen para absorber nuevos costos sin afectar utilidades ni plantilla.

El documento también advierte un riesgo de “efecto dominó”: a mayor indexación, más difícil será controlar la inflación de servicios en el primer trimestre de 2026. Los analistas de ANIF y Fedesarrollo coinciden en esa tesis: un aumento alto del mínimo puede impulsar el consumo en el corto plazo, pero encarecer bienes y generar informalidad si no se acompaña de productividad real.