Mientras los colombianos disfrutan las fiestas decembrinas, el proyecto que impone nuevas disposiciones sobre la tercerización e intermediación laboral continúa su trámite. La iniciativa prohíbe el uso de estos servicios para necesidades permanentes de las empresas, como picos de producción, cosechas o ventas de temporada.

Esto ha generado un récord histórico de rechazo. La consulta ciudadana del documento recibió cerca de 3.000 comentarios, de los cuales el 99,7 % fueron en contra y solo el 0,3 % a favor. La mayoría de las objeciones provienen de trabajadores que temen perder su empleo y el bienestar de sus familias.

El abogado laborista David Zapata advierte que más del 90 % de los 500.000 puestos de trabajo formal que generan las empresas temporales dependen del salario mínimo. Entre los perfiles más afectados se encuentran operarios, vendedores, enfermeras, conductores, meseros, aseadoras, celadores, obreros de construcción, así como mujeres y jóvenes de la economía popular.

Según el Observatorio del Mercado Laboral de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales – Acoset, los sectores más golpeados serían:

•        Industria manufacturera: 158.636 trabajadores (32,1 %).

•        Comercio y reparación de vehículos: 133.432 trabajadores (27 %).

•        Transporte y almacenamiento: 58.809 trabajadores (11,9 %).

•        Construcción: 44.477 trabajadores (9 %).

•        Alojamiento y servicios de comida: 34.593 trabajadores (7 %).

Más de 15 asociaciones, incluyendo el Consejo Gremial, Fenalco, la ANDI, la SAC, ACOPI y la Asociación Colombiana de BPO, han solicitado el retiro del documento o su ajuste. Piden que la normativa se limite estrictamente a las leyes laborales existentes, respetando la seguridad jurídica y la libertad de empresa, advirtiendo que su implementación actual generaría pérdidas, cierres operativos y destrucción masiva de empleos.