Según representantes del sector y trabajadores afectados, la medida podría poner en riesgo hasta 500.000 empleos formales, especialmente de población vulnerable que históricamente ha encontrado en esta modalidad una fuente formal de empleo.

De acuerdo con David Zapata Jerez, abogado laboralista, durante décadas, el sistema de servicios temporales ha permitido que jóvenes sin experiencia, madres cabeza de familia, migrantes y personas con baja calificación laboral accedan a empleos formales, con afiliación a seguridad social, prestaciones legales y posibilidades de vinculación directa posterior. “Este modelo ha sido fundamental en sectores con necesidades estacionales como comercio, logística, agroindustria, floricultura, manufactura y construcción, entre otros. Es una figura especialmente usada por pequeñas y medianas empresas, donde los picos de producción requieren flexibilidad temporal para responder a la demanda”, explicó.

Sin embargo, el nuevo decreto propone limitar al 10 % el número de trabajadores en misión que una empresa puede contratar, sin una justificación técnica clara y desconociendo la dinámica productiva de actividades que dependen de variaciones estacionales como los cultivos de flores en San Valentín o las temporadas comerciales como navidad y año nuevo. “Para los trabajadores, esta restricción podría traducirse en la desaparición de oportunidades laborales y en un aumento de la informalidad”, expresó el experto.

Un decreto que podría dejar sin ingreso a miles de familias

El proyecto de decreto continúa en consulta ciudadana a través de la plataforma SUCOP, que busca fortalecer las consultas públicas en los procesos de producción normativa en las entidades de la rama ejecutiva. A la fecha registra más de 1.000 comentarios de actores del sector que piden frenar medidas que no fueron incluidas en la Reforma Laboral y que el Gobierno pretende implementar por vía reglamentaria.

De acuerdo con las estadísticas del sistema, durante 2025 el Ministerio de Trabajo ha presentado 28 proyectos de consulta a consideración de la ciudadanía y ninguno había tenido tal cantidad de comentarios, lo que muestra el impacto y sentir de las empresas y trabajadores.  

Entre ellos está Jhonatan Cepeda, quien asegura: “Eliminar las temporales generará desempleo y quitará oportunidades. Gracias a este modelo muchos podemos trabajar y ganar un salario”. De igual forma, Gladis Torres, empresaria del sector confección, cuestionó la limitación del 10 %: “Necesito al menos 30 empleados temporales. No puedo vincular 25 personas más de planta; nuestros costos de producción se dispararían”.

El decreto también otorgaría nuevas facultades a los inspectores de trabajo para ordenar contrataciones directas o imponer sanciones inmediatas, funciones que normalmente corresponden a los jueces. Para organizaciones laborales, esto genera inseguridad jurídica y afecta a empresas que requieren flexibilidad para operar.

“Estas contrataciones responden a necesidades reales y temporales. No son empleos precarios; son formales y regulados. El decreto pone en riesgo nuestro sustento”, señaló un trabajador del sector comercial.

El sector teme que el Gobierno expida el decreto sin cambios antes de Navidad, lo que podría provocar terminaciones masivas de contratos y afectar gravemente la empleabilidad de quienes dependen de esta modalidad. Los trabajadores piden un diálogo técnico que reconozca la importancia del empleo temporal en la inclusión laboral de poblaciones vulnerables.