Ante desastres climáticos: no improvise prevenga a tiempo

En Colombia, los eventos adversos asociados a lluvias, inundaciones y deslizamientos no solo dejan viviendas afectadas, vías destruidas y familias desplazadas, también abren un hueco fiscal que termina pagando todo el país con su bolsillo. La Ley 1523 de 2012 creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y dejó claro que la gestión del riesgo no se limita a atender emergencias: incluye conocer el riesgo, reducirlo y manejar desastres dentro de la planificación del desarrollo. Esa diferencia tiene un efecto directo sobre el presupuesto público y la billetera del ciudadano de a pie.

Catalina Quintero Ferrer, docente de la Especialización virtual en Gestión Ambiental de Areandina, lo resume en una idea clave: “El riesgo es la posibilidad de que algo ocurra, mientras que el desastre es lo que ya ocurrió”. Dicho de otro modo, prevenir cuesta, pero reconstruir cuesta mucho más. Y cuando la inversión llega tarde, ya no solo se cuentan pesos, igualmente se cuentan pérdidas humanas, interrupciones productivas y deterioro ambiental.

Desde el frente fiscal, el impacto es claro. Cuando ocurre una emergencia, recursos que podrían destinarse a educación, programas sociales, infraestructura o ambiente terminan orientados a ayudas inmediatas, reparación de vías, atención humanitaria, restablecimiento de servicios y reconstrucción. La UNGRD reportó para 2025 una ejecución presupuestal superior al billón de pesos, cifra que incluye prevención y atención de emergencias y ayuda a dimensionar el costo del riesgo cuando no se gestiona a tiempo.

Pero el costo no se queda en el nivel nacional. También baja al bolsillo de las familias. Por ejemplo, las viviendas ubicadas en zonas de ladera, rondas hídricas o áreas de inundación pueden perder valor o quedarse sin respaldo suficiente de entidades financieras y aseguradoras cuando ocurre una emergencia. “Conocer los instrumentos de ordenamiento territorial al momento de pensar en una vivienda resulta fundamental”, advierte Quintero. Esa revisión puede marcar la diferencia entre una inversión protegida y una pérdida difícil de recuperar.

Cuando no se planea, la factura llega después

La experiencia reciente del país lo demuestra. En territorios expuestos a lluvias extremas o alteraciones hidrológicas, la falta de planeación ambiental y territorial termina encareciendo la vida cotidiana: reparaciones de vivienda, pérdida de enseres, interrupción de ingresos, afectación a pequeños negocios, daños en cultivos y servicios públicos. El IDEAM ha advertido sobre la variabilidad climática y la intensificación de eventos extremos en distintas regiones, lo que vuelve más costoso seguir reaccionando solo cuando el daño ya está hecho.

Desde la economía ambiental, la lógica es sencilla. Invertir temprano en drenajes, protección de rondas, restauración de manglares, ordenamiento del suelo, recuperación de humedales o soluciones basadas en la naturaleza suele ser más barato que reconstruir viviendas, puentes, vías o redes de acueducto después. “Si se cuidan los manglares y los arrecifes de coral en ecosistemas insulares, la pérdida sería mucho menor”, señala la docente de Areandina. Lo mismo aplica en zonas continentales: proteger ecosistemas estratégicos no es un lujo verde, sino una medida concreta de reducción del riesgo y ahorro público.

Otro punto clave es que Colombia sí ha avanzado en identificar amenazas y riesgos, pero esa información no siempre se convierte en decisiones coherentes sobre el uso del suelo. Ahí entran presiones políticas, intereses particulares y proyectos mal ubicados que trasladan al futuro un costo que luego asumen las comunidades y el Estado.

¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie frente a esto?

1. Conocer la historia ambiental del lugar donde vive o piensa invertir. Si es zona de inundación, ladera inestable, cercanía a humedales o territorio con antecedentes de deslizamientos.

• Exigir a alcaldías y gobernaciones que publiquen y expliquen mapas de amenaza, estudios de riesgo y criterios de ordenamiento.

• Participar en la discusión de los planes de desarrollo y del uso del suelo, porque allí se define buena parte de la factura futura del riesgo.

“La participación en la toma de decisiones sobre los planes de desarrollo y la movilización por un manejo adecuado de los ecosistemas deben partir del individuo para poder exigir a las autoridades locales”, concluye Quintero.

Al final, prevenir no es gastar de más. Es evitar que la improvisación salga más cara. En un país tan expuesto como Colombia, la gestión ambiental no es solo un tema ecológico: es una decisión económica y doméstica.