La extorsión, el impuesto ilegal del caficultor

Por: Rodrigo Atehortúa, docente investigador de la Universidad Politécnico Grancolombiano

A propósito del Día Internacional del Café, que se conmemora cada 1 de octubre, vale la pena mirar no solo las cifras que muestran la fortaleza del sector, sino también las amenazas que enfrentan quienes están detrás de ellas.

Con precios internacionales históricos, el café colombiano cerró 2025 con cifras récord: el valor de la producción alcanzó los $24,4 billones y las exportaciones llegaron a US$5.400 millones en doce meses, según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros. Detrás de ese buen momento, sin embargo, 2026 empezó a mostrar señales de alerta, porque entre enero y mayo la producción cayó 19% frente al mismo periodo de 2025 y las exportaciones disminuyeron 22%.

A este panorama se suma otra presión sobre el bolsillo de los productores. La Federación ha advertido sobre la fuerte revaluación del peso y su impacto en los ingresos de las familias cafeteras. Pero, cuando los márgenes se estrechan, aparece un costo que no figura en las estadísticas de precios, producción o exportaciones y que en algunas regiones puede resultar todavía más difícil de asumir: la extorsión.

Recientemente realicé la investigación “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia” en el Politécnico Grancolombiano, junto a los docentes Karolina Baquero y Jaime Wilches. Encontramos que en los municipios cafeteros ubicados en zonas PDET, la extorsión es cerca del doble que en municipios comparables.

También evidenciamos que el café por sí solo no explica el problema extorsivo, pues en los municipios cafeteros más seguros, las cifras son bajas. Caldas registra cerca de 8 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes, Risaralda 10 y Santander 9, pese a su importante actividad cafetera.

En contraste, en Cauca, la tasa llega a cerca de 29 casos por cada 100.000 habitantes y en Meta se aproxima a 46. En Vista Hermosa, municipio PDET del Meta en el que conviven cultivos de coca y café, se superaron los 70 casos por cada 100.000 habitantes. En Antioquia, municipios cafeteros como Angostura, Anzá y Barbosa registran tasas de entre 25 y 65 casos por cada 100.000 habitantes, al tiempo que cuentan con más de 600 hectáreas de café cosechadas.

La extorsión no es un costo del negocio del café, sino un costo de la ausencia del Estado.

Desde el punto de vista económico, la extorsión es un impuesto privado, cobrado por quien no tiene legitimidad para hacerlo y no devuelve ningún bien público a cambio. Es un impuesto muy mal diseñado, cobrando sobre lo que es fácil de observar, como la cosecha, el pesaje y la venta, no sobre la utilidad.

En 2025, con precios récord, el productor podía absorberlo, pero en 2026, con el dólar barato y menos volumen, ese cobro extorsivo se come una porción mucho mayor del ingreso. Es un impuesto regresivo que golpea más al pequeño caficultor que al grande.

Además, el hecho de que el café sea un cultivo permanente, lo hace especialmente vulnerable. Un cafetal se renueva cada varios años y la inversión tarda en recuperarse. El caficultor, que no está seguro de quedarse con el fruto de su trabajo, tiende a invertir menos y a renovar menos. Ese es el verdadero costo de la extorsión: menos productividad y menos calidad, justo cuando el gremio ha decidido competir por valor agregado y diferenciación.

A esto se suma un problema de medición. Nuestro propio equipo estimó, para el Cauca, que la tasa real de extorsión podría ser casi siete veces la reportada oficialmente, porque muchas víctimas no denuncian.

Si el subregistro es así de grande, las cifras oficiales subestiman el impacto económico. Además, hay costos indirectos que ninguna estadística recoge, como el gasto en seguridad, los cambios de rutas y horarios para vender, así como la presión sobre cooperativas que sostienen la comercialización de miles de familias.

La respuesta, entonces, tiene que ser económica, y no solo policial. Primero, hay que entender la seguridad rural como una inversión productiva, y que cada peso destinado a proteger la cosecha en las zonas más vulnerables cuida ingresos, empleo y recaudo. Estrategias como el Plan Cosecha del Huila muestran que hay caminos, pero deben dejar de ser esfuerzos regionales y temporales.

Segundo, hay que reducir la dependencia del efectivo en el campo, pues donde el dinero circula en billetes es más fácil identificar cuándo y dónde cobrar. Por eso la bancarización rural es también una política de seguridad. Y tercero, hay que actuar sobre las economías ilegales, como la coca, que financian a los grupos que extorsionan.

Colombia ya demostró que su café puede ser un motor de crecimiento, la cuestión está en si el Estado va a garantizar las condiciones básicas para que el productor conserve lo que produce.

Cuando el precio es alto, la extorsión reparte la bonanza con quienes no la generaron. Cuando el precio cae, convierte una mala racha en una crisis; y en ambos casos, proteger al caficultor es proteger una de las principales fuentes de economía y de empleo rural del país.