El 47% de los ciberataques en América Latina apunta a la finanzas y los seguros

Durante el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, conviene recordar que la seguridad de una institución que maneja el dinero y la información privada de los ciudadanos es tan fuerte como el eslabón más débil de su cadena de valor. Una entidad financiera puede invertir en herramientas de detección de amenazas, controles de acceso y protocolos de respuesta ante incidentes, pero aun así quedar expuesta a través de una empresa externa que desarrolla su software, administra parte de su información o participa en el procesamiento de sus operaciones.

Este desafío resulta fundamental para el ecosistema local teniendo en cuenta que en 2025, Colombia enfrentó más de 10.900 millones de intentos de ciberataques, cifra que situó a la nación como la tercera más vulnerada de la región, según las métricas de inteligencia de amenazas de FortiGuard Labs.

Para Santiago Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow, compañía de tecnología aplicada a la automatización del crédito que desarrolló un motor de decisiones líder en la región, auditar a los proveedores de infraestructura digital ha dejado de ser un trámite burocrático para convertirse en una necesidad para cualquier compañía de la región.

“La ciberseguridad exige asumirse como una responsabilidad compartida. De nada sirve que una entidad financiera posea controles robustos si ignora cómo sus proveedores administran los datos y los incidentes. La seguridad de la operación es directamente proporcional a la madurez de los terceros que la hacen posible”, advierte Etchegoyen.

Para cerrar esta brecha, el mercado exige el estándar de oro en seguridad de la información: la certificación ISO 27001. Lejos de ser un simple requisito documental, esta normativa internacional obliga a los proveedores a adoptar controles tecnológicos estrictos, gestionar el riesgo metódicamente y garantizar una alta resiliencia frente a amenazas críticas como el ransomware o el secuestro de credenciales.

El estándar traza una hoja de ruta para identificar vulnerabilidades, asignar responsabilidades y someter las medidas de defensa a un ciclo de mejora continua. Al integrar procesos, personas y tecnología, la norma asegura las tres propiedades innegociables de los datos corporativos: confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Por eso, más que convertir la certificación en un requisito documental aislado, las entidades deben comprobar que sus proveedores mantienen controles adecuados para los servicios que prestan.

Cabe señalar que, en el primer semestre de 2026, los establecimientos de crédito y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE) registraron 12 664 millones de transacciones, de las cuales 7527 millones implicaron movimientos directos de dinero.

Estos indicadores reflejan cómo los colombianos migran aceleradamente hacia los canales digitales, multiplicando exponencialmente las conexiones del ecosistema. Hoy, un solo movimiento financiero puede involucrar servicios en la nube, plataformas de identidad digital, sistemas de prevención del fraude, motores de decisión crediticia y aplicaciones que intercambian datos mediante interfaces de programación (API).

“Las áreas de riesgo y negocio hoy necesitan autonomía para responder en milisegundos y otorgar créditos de manera ágil. Sin embargo, para nosotros como proveedores, respaldar las operaciones de instituciones líderes en diferentes regiones de Latinoamérica exige mantener los más estrictos estándares de gobernanza”,  asegura el CTO de uFlow.

La presión por lanzar nuevos productos de crédito y expandir la inclusión financiera en el mercado colombiano es inmensa. No obstante, el costo de una brecha cibernética trasciende cualquier multa económica o pérdida operativa: destruye la confianza, el activo primario de la banca.