El contrabando trasciende las aduanas y se consolida como una de las principales amenazas a la seguridad y la fiscalidad en Colombia
El contrabando en Colombia ha dejado de ser una simple infracción aduanera para transformarse en un complejo sistema criminal integrado. Hoy en día, este flagelo comparte rutas, operadores logísticos y estructuras de lavado de activos con el narcotráfico y el terrorismo. Así lo advierte el Coronel (RP) y experto en seguridad, Juan Carlos Nieto Aldana, quien señala que enfrentar el comercio ilícito debe ser una prioridad urgente tanto de seguridad nacional como de política fiscal.
Según Nieto, el país enfrenta un fenómeno de “convergencia criminal”, donde un mismo actor ilegal puede traficar oro, mover cocaína y lavar las utilidades con mercancía de contrabando. La gravedad de la situación es tal que la Evaluación Nacional del Riesgo de la UIAF ya califica el contrabando como una amenaza de lavado de activos a un nivel casi equiparable al del narcotráfico (3,11 frente a 3,17).
El impacto de este sistema criminal abarca múltiples modalidades documentadas por organismos internacionales, destacando niveles alarmantes en áreas críticas:
- Cigarrillos: En 2025, el 38 % de los cigarrillos consumidos en el país fueron ilegales, el nivel más alto registrado. Por este motivo, los departamentos han dejado de recaudar 6,56 billones de pesos desde 2017, perdiendo recursos vitales destinados a la salud y el deporte.
- Oro Ilegal: Informes de inteligencia revelados en 2025 calcularon el comercio ilegal de oro en más de 8.400 millones de dólares, cifra que supera los ingresos del narcotráfico. Actualmente, el 75 % de la explotación de oro de aluvión no cuenta con títulos ni permisos.
- Combustibles y otros bienes: El mercado ilegal de combustibles se sostiene en las fronteras cobrando peajes por parte de grupos armados, mientras que el contrabando de alimentos arruina al productor campesino nacional.
En medio de las preocupaciones por el déficit fiscal, el Estado tiene una oportunidad invaluable al perseguir las rentas del contrabando. La DIAN estima que este delito mueve unos 8.000 millones de dólares al año, lo que representa una pérdida de recaudo de 8 billones de pesos tan solo en IVA y aranceles.
“El gobierno tiene una oportunidad que rara vez se presenta: una misma política que mejora la seguridad, debilita a los grupos armados, protege la salud de los colombianos y aporta caja fresca para cerrar parte del déficit”, afirma Juan Carlos Nieto. “Ninguna medida aislada resuelve la crisis fiscal, pero esta es de las pocas que no exigen pedirle más al ciudadano honesto, sino pasarle la cuenta, por fin, a quien nunca ha pagado”, enfatiza.
Para recuperar este mercado y golpear las finanzas de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, el experto propone pasar de la simple incautación a una verdadera estrategia de Estado que incluya:
- Implementar una trazabilidad electrónica de punta a punta para cigarrillos, licores y combustibles.
- Ejecutar una persecución financiera del lavado con inteligencia y extinción de dominio.
- Revisar los regímenes de zona franca y el régimen aduanero especial de La Guajira.