La promulgación de la Ley Estatutaria 2573 de 2026 está marcando un punto de inflexión en la gestión de la identidad digital en Colombia. La nueva normativa establece medidas de protección frente a la suplantación de identidad y eleva las exigencias para las entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales que otorgan bienes o servicios financiados o asociados a obligaciones de crédito.

La ley fue expedida en respuesta al crecimiento de los casos de fraude y suplantación de identidad en entornos físicos y digitales, y establece que las organizaciones deberán implementar medidas de seguridad digital suficientes y razonables para verificar la identidad de las personas, atender oportunamente los reportes de presunta suplantación y contar con la capacidad de demostrar los procesos de validación realizados.

“La Ley 2573 representa un cambio de paradigma. La verificación de identidad deja de ser únicamente un procedimiento operativo y se convierte en un elemento de cumplimiento, gestión del riesgo y construcción de confianza digital. Hoy las organizaciones necesitan demostrar cómo validan la identidad de las personas y qué mecanismos implementan para prevenir el fraude”, señaló Carlos Ayalde, CEO de GateKeeperX.

La normativa también establece que, ante una presunta suplantación de identidad, las entidades deberán suspender de manera inmediata los cobros, intereses y gastos asociados a las obligaciones reportadas, mientras se adelantan las verificaciones correspondientes y se surte el procedimiento previsto por la ley.

Según GatekeeperX, este nuevo escenario exige que las organizaciones fortalezcan desde ahora sus capacidades de prevención y validación de identidad, especialmente ante el crecimiento de la digitalización de servicios, el onboarding remoto y el aumento de las modalidades de fraude apoyadas en ingeniería social y otros mecanismos digitales.

“Esto eleva el estándar de diligencia empresarial frente a la identidad digital. Ya no bastará con reaccionar ante el fraude; las organizaciones deberán demostrar que cuentan con procesos de verificación y prevención acordes con los nuevos riesgos digitales”, afirmó Ayalde.

¿Qué deben hacer las empresas?

De acuerdo con la compañía, las organizaciones deberían acelerar la revisión y fortalecimiento de sus procesos de identidad digital mediante acciones como:

●            Revisar y robustecer los procesos de vinculación y onboarding digital.

●            Fortalecer los mecanismos de autenticación y verificación de identidad.

●            Reducir la dependencia de procesos manuales y aumentar la trazabilidad de la información.

●            Implementar controles preventivos que permitan identificar y mitigar riesgos de fraude.

●            Contar con evidencia verificable de los procesos de validación de identidad realizados.

Riesgos para las organizaciones

Según GatekeeperX, las empresas que no logren adaptarse a este nuevo entorno regulatorio podrían enfrentar mayores niveles de exposición en materia de fraude y gestión del riesgo.

Entre los principales riesgos se encuentran:

●            Incremento de fraudes por suplantación de identidad.

●            Pérdidas económicas derivadas de operaciones fraudulentas.

●            Contingencias operativas y regulatorias.

●            Afectaciones reputacionales y pérdida de confianza por parte de clientes y usuarios.

●            Dificultades para demostrar la debida diligencia en los procesos de verificación de identidad.

●            Multas por incumplimientos normativos.

Oportunidades

No obstante, la compañía considera que la Ley 2573 también representa una oportunidad para que las organizaciones fortalezcan su estrategia de confianza digital.

Entre los principales beneficios se encuentran:

●            Procesos de vinculación más seguros y confiables.

●            Mayor capacidad para prevenir y detectar fraudes.

●            Mejor experiencia y confianza de los usuarios en canales digitales.

●            Fortalecimiento de la trazabilidad y gobierno de la información.

●            Mayor preparación frente a futuras exigencias regulatorias en materia de identidad digital y seguridad.

“La confianza digital se está convirtiendo en un activo estratégico para las organizaciones. La Ley envía un mensaje claro al mercado: la prevención del fraude y la verificación de identidad ya no son solo buenas prácticas tecnológicas, sino capacidades críticas para operar en un entorno cada vez más digital y regulado”, concluyó Ayalde.