Impuestos, fraudes y herencias marcarán la agenda critpo en el 2do semestre de 2026

Saber si una plataforma está vigilada, qué información recibirá la DIAN, cómo evitar una estafa o quién podrá recuperar los activos cuando muera su titular son preguntas menos vistosas que el precio de Bitcoin, pero más cercanas a los problemas cotidianos de usuarios y empresas.

Esos asuntos ganaron terreno en la agenda del Cripto Latin Fest 2026. Los organizadores anuncian 117 actividades distribuidas en seis escenarios durante las jornadas abiertas al público del 27 y 28 de agosto en Maloka. El 26 habrá un Business Day cerrado para compañías. La agenda no representa a todo el mercado, pero muestra sus debates emergentes.

El primer bloque es tributario. Desde el año gravable 2026, determinados proveedores deberán recopilar información de clientes y operaciones bajo el Marco de Reporte de Criptoactivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, adoptado por la DIAN. El primer envío está previsto para mayo de 2027.

Conviene separar ese deber de un impuesto nuevo. En el Concepto 5146 de junio, la DIAN explicó que el país no tiene una definición tributaria especial de criptoactivo ni un método exclusivo de valoración. Para establecer patrimonio, costo fiscal e ingresos continúan aplicándose las normas generales. El reto para usuarios y plataformas será organizar soportes, identificar operaciones y evitar que el lenguaje técnico produzca conclusiones equivocadas.

Alertas antes de entregar dinero

El segundo eje es la protección. La programación incluye charlas sobre intentos de estafa, errores de autocustodia, privacidad y herencia digital. También propone una sesión de autocrítica sobre las prácticas que el propio ecosistema necesita corregir.

La Superintendencia Financiera lanzó en junio la herramienta Protégete de los fraudes, con explicaciones sobre suplantación, mensajes falsos y enlaces que buscan robar datos o dinero. La iniciativa cubre fraudes financieros en general; no es una estadística sobre delitos con criptoactivos. La entidad también advierte que no regula, supervisa ni autoriza las plataformas de este mercado.

Por eso, antes de transferir recursos, el usuario debe verificar quién administra la plataforma, en qué país está constituida, cómo protege las claves, qué cobra por retirar, dónde presenta una reclamación y si promete una rentabilidad imposible de sustentar. Una supuesta licencia de la Superintendencia para negociar criptomonedas es una señal de alerta, porque esa autorización no existe.

La herencia plantea otro vacío práctico. Si una persona mantiene sus activos en una billetera propia y nadie conoce el procedimiento de recuperación, el dinero puede quedar inaccesible. Si utiliza un custodio, debe revisar sus reglas de sucesión. Dejar instrucciones seguras no significa publicar contraseñas: implica documentar activos, responsables y pasos de acceso sin exponer las claves.

De la caja empresarial a los bienes digitales

El tercer bloque traslada la conversación a las compañías. Habrá paneles sobre tesorerías en Bitcoin, monedas estables, Bre-B, cuentas corporativas y monedas digitales de bancos centrales. La pregunta útil no es si una tecnología reemplazará inmediatamente a otra, sino qué problema resuelve, cuánto cuesta y quién asume la pérdida si falla.

Las monedas estables pueden agilizar determinados pagos internacionales, pero agregan riesgos de emisor, reservas, custodia, liquidez y tasa de cambio. Bre-B, en contraste, mueve pesos de forma inmediata dentro del país. Presentarlos como competidores absolutos oculta que pueden atender etapas y necesidades distintas de una operación.

También aparece la tokenización de bonos, crédito, materias primas e inmuebles. Al consultar el tablero RWA.xyz el 11 de agosto, el valor distribuido en cadena de activos del mundo real, sin contar monedas estables, superaba 38.000 millones de dólares. La cifra muestra crecimiento, pero convertir un derecho en un token no garantiza compradores, liquidez ni protección jurídica.

“La conversación se volvió más aburrida y eso es una buena señal. Cuando un sector empieza a hablar de impuestos, de custodia y de riesgos, es porque dejó de ser una promesa”, afirma Santiago Guzmán, CEO del encuentro.

El contexto colombiano exige cautela. Chainalysis calculó que el país recibió 44.200 millones de dólares en valor de criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025, quinto registro de América Latina. Al mismo tiempo, el Proyecto de Ley 510 de 2025 Cámara, que pretendía regular a los proveedores, figura oficialmente archivado.

Así, la discusión no puede limitarse al número de actividades ni a las proyecciones comerciales del evento. Su utilidad pública estará en responder preguntas verificables: quién vigila, qué se reporta, cómo reclama una víctima, qué ocurre con las reservas y cómo se recuperan los activos. Si los paneles entregan esas respuestas, el encuentro habrá convertido una agenda sectorial en información de servicio realmente útil.