Inasistencia alimentaria: un reconocimiento desde la violencia económica

Por: Marisol Salamanca Olmos, docente del Programa de Economía de la Universidad Politécnico Grancolombiano Sede Medellín

Hablar de violencia económica sigue siendo, para muchos, un tema secundario o incluso invisible. Sin embargo, es una realidad cotidiana que afecta de manera profunda la vida de miles de mujeres, especialmente cuando se cruza con responsabilidades de cuidado y desigualdades estructurales que aún persisten. ¿Cuántas veces se normalizan estas situaciones bajo la idea de que “así son las cosas” en el ámbito familiar?

En América Latina, pese a contar con agendas robustas en materia de género, la desconexión es evidente. Solo 19 países de la región tipifican explícitamente la violencia económica y apenas 9 cuentan con herramientas para medirla, lo que refleja un vacío considerable. Este panorama no solo dificulta su reconocimiento, sino también la posibilidad de diseñar respuestas efectivas.

En la investigación que adelantamos en el Politécnico Grancolombiano hicimos un llamado a reconocer la violencia económica desde un enfoque estructural, de género e interseccional. Aunque ya es reconocida como una forma de violencia de género bajo la Ley 1257 de 2008, en la práctica no existen mecanismos claros de identificación y atención. Este vacío deja a muchas mujeres en un limbo institucional.

Además, identificamos que es en el núcleo familiar donde prevalecen diferentes formas de violencia: algunas visibles, como la física o sexual, y otras invisibles, como la económica, que con frecuencia no es reconocida por parte de las propias víctimas. Una de las alertas más contundentes es el impacto que tiene el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en la autonomía económica de las mujeres.

Esta realidad obliga a muchas a postergar proyectos personales y académicos, a limitar sus aspiraciones laborales, evitar cargos de liderazgo, buscar ingresos adicionales y asumir niveles de endeudamiento que no les corresponden, todo mientras sostienen el hogar prácticamente en solitario. ¿Cuántas trayectorias de vida han sido truncadas por esta forma silenciosa de violencia?

A esta situación se suman las labores de cuidado, que rara vez se cuantifican, ni en dinero ni en tiempo. La distribución desigual de estas cargas recae mayoritariamente sobre las mujeres, llevándolas a escenarios de agotamiento físico, mental y emocional que hoy se reconocen como burnout maternal. Este desgaste afecta también sus oportunidades y su calidad de vida.

En este contexto, cobra especial relevancia la reciente decisión de la Corte Constitucional a través de la sentencia T-059 de 2026, que reconoció la inasistencia alimentaria prolongada como una forma clara de violencia económica basada en género. Este fallo marca un precedente importante al dejar claro que no se trata de un conflicto privado entre pareja, sino de una problemática que debe ser atendida por el Estado. La sentencia es el resultado de casi 19 años de lucha legal de una madre y su hija frente al incumplimiento del progenitor.

Es evidente que el reconocimiento de la inasistencia alimentaria como violencia económica representa un avance significativo, pero también plantea nuevos retos. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para evitar que siga ocurriendo? ¿Estamos dispuestos a dejar de normalizar estas violencias y a exigir cambios estructurales?

Reconocer es solo el primer paso; lo verdaderamente transformador será garantizar mecanismos efectivos de prevención, investigación y sanción que permitan que ninguna mujer tenga que librar sola esta batalla.