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📅 sábado, 21 de noviembre de 2026 🕘 06:36:20 pm

La fiesta se acabó, pero la cuenta sigue llegando

Por:Carlos Noriega

El país del Sagrado Corazón y su peligrosa costumbre de gobernar con el bolsillo de las próximas generaciones.

Hay una particularidad bastante conveniente en el ejercicio del poder: gastar dinero ajeno siempre ha resultado mucho más sencillo que producirlo. Quizás por eso la administración de los recursos públicos se ha convertido, para buena parte de nuestra clase política, en un ejercicio de generosidad cuyos costos jamás figuran en las cuentas personales de quienes la practican.

Colombia parece haber perfeccionado esa extravagante disciplina. Hemos construido un Estado que promete como si fuese multimillonario, presta como heredero y paga como el que te dice “te lo devuelvo por Nequi”. Una maquinaria institucional que ha confundido la responsabilidad de administrar con la facultad de disponer ilimitadamente de los recursos de los ciudadanos.

Las cifras son bastante menos poéticas

De acuerdo con el seguimiento fiscal de octubre de 2026 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el déficit fiscal total acumulado del Gobierno Nacional Central alcanzó el 4,7 % del PIB a agosto. Los intereses de la deuda consumieron el 27,8 % de los ingresos tributarios, una proporción superior al promedio histórico del 24,4 %. Dicho de otra manera, una parte considerable del esfuerzo tributario de los colombianos no está financiando hospitales, carreteras, seguridad o educación: está pagando el precio de habernos acostumbrado a gastar por encima de nuestras posibilidades.

Y aquí comienza el verdadero problema: Colombia no solamente tiene un problema de déficit; tiene un problema de concepción del Estado.

Durante décadas, indistintamente de la ideología de quienes han ocupado la Casa de Nariño, se ha consolidado una peligrosa cultura política en la que el presupuesto público funciona como instrumento de legitimidad, negociación burocrática y satisfacción de promesas electorales. Cada administración llega con su propio catálogo de prioridades, sus programas insignia, sus nuevos compromisos y su correspondiente justificación moral para incrementar el gasto. El resultado es una estructura estatal que acumula obligaciones con una facilidad extraordinaria, pero que demuestra una habilidad bastante limitada para financiarlas de manera sostenible.

No se trata de desconocer la necesidad de un Estado que garantice justicia, seguridad, infraestructura, protección de derechos y condiciones institucionales para el desarrollo económico. Se trata, precisamente, de recordar que esas funciones requieren instituciones solventes, eficientes y sometidas a límites. Un Estado incapaz de administrar sus recursos difícilmente puede presentarse como el gran redentor de las necesidades sociales.

La tributación no puede convertirse en el mecanismo permanente para financiar la irresponsabilidad fiscal

Resulta particularmente cómodo para los gobernantes anunciar nuevas cargas tributarias cuando las cuentas no cuadran. Es mucho más difícil revisar los gastos innecesarios, cuestionar los privilegios enquistados en la administración, evaluar la eficacia de los programas públicos o aceptar que determinadas promesas simplemente no pueden financiarse. Cobrarle más al ciudadano requiere una reforma; reconocer que el Estado debe renunciar a determinados gastos requiere algo bastante más escaso en política: responsabilidad.

Y no nos confundamos. La discusión no consiste en defender a quienes evaden impuestos ni en desconocer las obligaciones legítimas de financiación del Estado. Consiste en establecer que la capacidad tributaria de la sociedad no es infinita y que los ciudadanos no existen para sostener indefinidamente las aspiraciones presupuestales de sus gobernantes.

Hay otra cuestión todavía más preocupante: la calidad del gasto

Un Estado puede aumentar sus apropiaciones presupuestales y, aun así, producir resultados mediocres. Puede comprometer billones y entregar obras inconclusas; anunciar inversiones y ejecutar recursos de manera deficiente; crear programas y jamás demostrar con suficiente claridad si cumplieron sus objetivos. El tamaño del presupuesto no es una medida de la grandeza institucional, como tampoco la cantidad de funcionarios constituye una prueba de eficiencia administrativa.

En el seguimiento del CARF a septiembre de 2026, la ejecución de las obligaciones del Presupuesto General de la Nación alcanzaba el 62,1 % de las apropiaciones. La inversión continuaba siendo el componente con menores obligaciones y pagos proporcionales. Es decir, mientras el país enfrenta enormes necesidades de infraestructura y desarrollo, la ejecución de la inversión sigue siendo un problema que merece mucho más que discursos y ceremonias de inauguración.

El Estado parece haber desarrollado una habilidad particular para comprometer recursos sin necesariamente transformarlos en resultados.

Pero quizá el aspecto más perverso de esta situación sea el endeudamiento. La deuda pública tiene una característica que nuestros políticos suelen olvidar convenientemente: no desaparece cuando termina un mandato. Tampoco distingue entre gobiernos de izquierda, derecha o centro. Sus intereses llegan puntualmente, sin necesidad de campañas electorales ni discursos de reconciliación nacional.

Cada peso que se destina a pagar intereses es un peso que deja de estar disponible para otras prioridades públicas. Y cuando el endeudamiento se convierte en una salida habitual para financiar gastos recurrentes, el país comienza a hipotecar su capacidad de decisión. Los gobiernos futuros reciben presupuestos cada vez más comprometidos, mientras los contribuyentes terminan financiando decisiones que no necesariamente respaldaron.

El CARF ya había advertido, en junio de este año, que el escenario fiscal planteado por el Gobierno para el mediano plazo dependía de supuestos difíciles de materializar y de medidas de ajuste todavía no concretadas. Incluso estimó que cumplir la meta primaria de 2027 requeriría medidas de ingresos o reducción del gasto equivalentes al 3,7 % del PIB. No estamos, por tanto, ante una simple discusión contable, sino frente a una advertencia sobre la sostenibilidad del modelo de gasto.

Y aquí conviene formular una pregunta incómoda: ¿cuántas generaciones de colombianos deberán trabajar para pagar las decisiones de una clase política que siempre encuentra razones para gastar, pero pocas para detenerse? El Estado no puede ser un fin en sí mismo. Su existencia encuentra justificación en la protección de la libertad individual, la propiedad, la seguridad, la justicia y el cumplimiento de las funciones que los ciudadanos no pueden garantizar por sí solos de manera adecuada. Su poder debe estar limitado por la ley, su gasto sometido a escrutinio y sus decisiones sujetas a responsabilidad.

Un Estado limitado no significa un Estado ausente. Significa un Estado que conoce sus competencias, respeta los recursos de los ciudadanos y entiende que no toda necesidad social constituye automáticamente una obligación de gasto público, ni toda aspiración política merece convertirse en una partida presupuestal.

Tampoco significa recortar indiscriminadamente. La austeridad inteligente no consiste en sacrificar la inversión social necesaria, sino en distinguir entre lo esencial y lo prescindible, entre la política pública que transforma vidas y la burocracia que simplemente se reproduce a sí misma.

Colombia necesita recuperar una noción elemental de responsabilidad fiscal: primero se determina qué puede hacer el Estado con los recursos disponibles y después se construyen las promesas, no al contrario. Porque el dinero público no es gratuito. Detrás de cada peso recaudado hay un trabajador, un comerciante, un empresario, una familia que sacrifica parte de sus ingresos para financiar la estructura institucional del país. Tratar esos recursos con ligereza no es generosidad política: es irresponsabilidad con cargo al patrimonio de los demás.

La fiesta fiscal colombiana no comenzó con un solo gobierno y sería intelectualmente deshonesto atribuir todas sus causas a una sola administración. Sin embargo, tampoco sería aceptable utilizar los errores heredados como una licencia para profundizar el problema. Cada gobernante es responsable de sus decisiones, especialmente cuando conoce las advertencias y dispone de información suficiente para corregir el rumbo.

El país no necesita otro gobernante que prometa distribuir una riqueza que todavía no existe, ni otro reformador que encuentre en el bolsillo del contribuyente la solución automática a sus equivocaciones presupuestales.

Necesita gobernantes capaces de comprender que administrar también significa renunciar, priorizar y reconocer límites. Al final, la deuda pública tiene una ironía que la política suele esconder detrás de sus discursos: quienes autorizan el gasto rara vez son quienes terminan pagando todas sus consecuencias.

La fiesta la organizan los gobiernos, la música la ponen los discursos y las invitaciones las financia el presupuesto. Pero cuando se apagan las luces, se retiran los funcionarios y termina el mandato, la cuenta permanece sobre la mesa.

Y, como siempre, el mesero termina buscándonos a nosotros.

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Autor

Alirio Aguilera

Alirio Aguilera, periodista bogotano egresado de la Universidad Central de Bogotá, especializado en periodismo económico en la Universidad de la Sabana y con magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia en medios de comunicación y también como docente de varias universidades y con gran experiencia como asesor de comunicaciones en el sector público y privado.

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