En medio del debate electoral rumbo a las Elecciones Presidenciales de 2026, la situación de las mujeres rurales continúa representando uno de los principales desafíos para el desarrollo del país. Aunque distintos programas de gobierno incorporan propuestas relacionadas con el desarrollo rural, persisten vacíos frente soluciones estructurales para la igualdad de género en materia de desarrollo.

Frente a este panorama, la Alianza por las Mujeres Rurales, conformada por la Fundación Alpina, Fundación WWB, Fundación Aurelio Llano Posada y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó una revisión de los programas de gobierno de candidatos y candidatas a la Presidencia y desarrolló el estudio a partir de cinco dimensiones clave para el bienestar y la autonomía de las mujeres rurales: capital natural, físico-productivo, humano, financiero y social, identificando oportunidades para fortalecer el cierre de brechas en acceso a tierra, infraestructura, salud, educación, inclusión financiera y  Participación en la gobernanza.

Se identificaron oportunidades para fortalecer el acceso y formalización de tierras para las mujeres rurales, así como un mayor reconocimiento de las barreras que enfrentan mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas. También, se observó una limitada incorporación de los conocimientos tradicionales y del aporte de las mujeres rurales a la sostenibilidad ambiental, , el manejo del agua y las prácticas agroecológicas.

En este contexto, la Alianza plantea fortalecer las políticas de acceso y formalización de tierras para las mujeres rurales, avanzar en la implementación de la Ley 2462 de 2025 que actualiza la Ley 731 de 2002 y promover el reconocimiento de sus conocimientos y prácticas como un aporte estratégico para la sostenibilidad de los territorios.

En materia de infraestructura y acceso a servicios básicos, el estudio desarrollado por la Alianza identificó desafíos relacionados con vías terciarias, transporte, energía, acceso al agua y conectividad, factores que impactan directamente las oportunidades económicas, la autonomía y la calidad de vida de las mujeres rurales.

Asimismo, las propuestas revisadas abordan temas como salud y educación de manera general, sin incorporar plenamente barreras específicas de la ruralidad, como el limitado acceso a los servicios, las cargas de cuidado familiar y ambiental,  y las violencias basadas en género. También se evidenció una presencia limitada de medidas relacionadas con salud sexual y reproductiva.

La Alianza recomendó fortalecer estrategias de atención adaptadas a la ruralidad dispersa, mediante herramientas como telemedicina, educación flexible y brigadas itinerantes, incorporando enfoques de género que garanticen el acceso efectivo a servicios de salud y educación

“Las mujeres rurales son agentes de cambio que inspiran a nuevas generaciones y fortalecen la vida comunitaria en los territorios. Cuando cuentan con oportunidades reales para participar y liderar, no solo se benefician ellas, sino también sus familias y comunidades, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida dignos en el campo”, destaca Camila Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Alpina.

El componente de capital humano destacó que las labores de cuidado no remunerado continúan limitando el tiempo disponible de las mujeres rurales para procesos de formación, participación comunitaria y desarrollo productivo. Por lo tanto, se evidenció que la asistencia técnica y los programas de fortalecimiento productivo siguen enfocándose principalmente en las mujeres como receptoras de apoyo, dejando en segundo plano el valor de sus conocimientos y saberes para el desarrollo rural.

Frente a estos hallazgos, se recomienda articular las políticas de desarrollo rural con estrategias de cuidado y corresponsabilidad social, así como fortalecer programas de formación y asistencia técnica que reconozcan los conocimientos productivos de las mujeres rurales.

Aunque la mayoría de programas de gobierno incluyen propuestas relacionadas con acceso a crédito y apoyo al emprendimiento, persisten barreras estructurales que dificultan la inclusión financiera de las mujeres rurales, entre ellas la falta de acceso a tierra, historial crediticio y servicios financieros en zonas rurales dispersas. A su vez, varias propuestas relacionadas con subsidios y capital semilla carecen de estrategias integrales que conecten estos apoyos con productividad, asistencia técnica y acceso a mercados.

Como respuesta, la Alianza recomendó desarrollar instrumentos de crédito adaptados a las condiciones de las mujeres rurales, incluyendo mecanismos colectivos y asociativos de respaldo financiero, así como incorporar metodologías que reconozcan y valoren el trabajo productivo y de cuidado no remunerado en los procesos de acceso a servicios financieros formales.

Por otra parte, se evidenció una limitada incorporación del papel que cumplen las organizaciones, redes comunitarias y asociaciones de mujeres rurales en la construcción de paz, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico local, pese a que estos procesos han sido impulsados históricamente desde los territorios con una participación activa de las mujeres.

Asimismo, se identificaron barreras específicas para la participación política de las mujeres rurales relacionadas con las distancias geográficas, la violencia contra lideresas, el control de actores armados sobre la movilidad y la falta de reconocimiento institucional de las organizaciones comunitarias.

En esta línea, la Alianza destaca la importancia de fortalecer las medidas de protección para lideresas rurales, avanzar en la implementación de la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política y consolidar mecanismos que promuevan su participación efectiva en las decisiones sobre sus territorios.

De cara a las Elecciones Presidenciales de 2026, la Alianza por las Mujeres Rurales hace un llamado a reconocer el papel estratégico de las mujeres rurales en el desarrollo sostenible del país. Su aporte al sostenimiento de la vida, la sostenibilidad ambiental y la construcción de paz las posiciona como protagonistas clave en la transformación territorial y en la consolidación de modelos de desarrollo más equitativos e incluyentes.

En un contexto en el que persisten brechas históricas en el acceso a la tierra, el crédito, la representación y la participación política, la Alianza señala que el próximo Plan Nacional de Desarrollo representa una oportunidad para avanzar en una agenda que integre de manera transversal las realidades y aportes de las mujeres rurales en toda su diversidad.