Los datos se han consolidado como el activo más valioso para las organizaciones, y la privacidad ha dejado de ser un requisito regulatorio para convertirse en un factor estratégico. En Latinoamérica, esta transformación avanza en paralelo a mayores exigencias normativas, una creciente adopción de modelos digitales y usuarios cada vez más conscientes del valor de su información personal.

Esto ha llevado a una evolución de las amenazas redefiniendo el enfoque de la ciberseguridad. Los ataques ya no se centran exclusivamente en vulnerar infraestructuras, sino en explotar accesos legítimos para moverse lateralmente dentro de los sistemas y capturar información sensible sin ser detectados.

Según el Cost of a Data Breach Report 2025 de IBM, el costo promedio global de una brecha alcanza los USD 4,4 millones. Además, el 97% de las organizaciones ha reportado incidentes vinculados al uso de inteligencia artificial sin controles adecuados, mientras el 63% aún carece de políticas de gobernanza. Más que un desafío tecnológico, este contexto evidencia fallas estructurales en la gestión y el control de la información.

“Hoy muchos ataques no buscan vulnerar directamente la infraestructura, sino aprovechar identidades legítimas comprometidas mediante phishing, suplantación de identidad o el uso de datos filtrados para acceder a sistemas y datos sensibles, siendo extremadamente automatizados y dirigidos, utilizando técnicas como phishing, suplantación de identidad o el uso de información filtrada para comprometer credenciales y acceder a datos sensibles”, explica David López Agudelo, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de AppGate.

Este cambio no solo evidencia una evolución en las tácticas de ataque, sino que redefine el alcance del riesgo: ya no se trata únicamente de prevenir accesos no autorizados, sino de gestionar de forma continua las identidades, los permisos y el comportamiento dentro de los sistemas.

“Cuando esto ocurre, el problema no es únicamente la filtración, sino la posibilidad de que esos datos se utilicen posteriormente en esquemas de fraude digital cada vez más sofisticados. Por eso, la privacidad depende cada vez más de la capacidad de controlar quién accede a los sistemas y cómo se detecta el abuso de identidades, y a la información”, agrega López Agudelo.

Sin embargo, el desafío de la privacidad trasciende la seguridad. A medida que los ecosistemas digitales se vuelven más interconectados, impulsados por modelos como Open Finance, las organizaciones deben demostrar un control efectivo sobre el uso de los datos, no solo protegerlos.

En Colombia, por ejemplo, las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el manejo inadecuado de datos personales, incluida la falta de consentimiento, han alcanzado cifras de hasta $8,3 millones en 2025, además de generar impactos reputacionales que pueden superar el costo económico.

“A medida que los ecosistemas digitales se vuelven más interconectados, la privacidad depende cada vez más de la capacidad de las organizaciones para demostrar control sobre los datos que utilizan. Esto implica no solo obtener la autorización del usuario, sino poder gestionar y probar de manera transparente quién accede a la información, con qué propósito y bajo qué condiciones”, señala Nathalia Landeta, CEO y cofundadora de Certena.

Este enfoque introduce un reto adicional: equilibrar control y agilidad. En mercados donde la experiencia digital es determinante, procesos complejos o poco claros pueden frenar la adopción de servicios.

“Al mismo tiempo, las empresas enfrentan el reto de integrar estos controles sin generar fricciones en la experiencia digital. Por eso, las organizaciones están avanzando hacia modelos de gestión centralizada del consentimiento que permiten administrar autorizaciones, revocaciones y auditorías desde una única fuente de verdad, facilitando el cumplimiento regulatorio y ofreciendo a los usuarios un mayor control sobre su información personal”, añade Landeta.

Así, más que iniciativas aisladas, se está creando un cambio en la forma en que se diseñan los ecosistemas digitales, posicionando la privacidad como el centro entre seguridad, gobernanza de datos y experiencia de usuario, donde cada acceso debe ser validado y cada uso del dato, justificable.

En 2026, el reto para las organizaciones en Latinoamérica no será únicamente proteger la información, sino sostener relaciones digitales basadas en confianza verificable. Integrar control de acceso, prevención de fraude y gestión del consentimiento está dejando de ser una decisión tecnológica para convertirse en una condición necesaria en una economía donde la confianza no se asume: se demuestra.