Durante 2025, en el país se registraron más de 490 válvulas ilícitas conectadas a poliductos para el hurto de combustibles, lo que evidencia la magnitud de este delito. Solo en enero de 2026, el Ejército Nacional ubicó 11 válvulas ilícitas para el hurto de hidrocarburos en el sur del Cesar, lo que confirma la continuidad de estas prácticas y la presión que ejercen sobre la infraestructura energética del país, además del impacto por los hurtos a carrotanques.

Según reporte de autoridades nacionales, en 2025 se comercializaron ilegalmente más de 27,5 millones de galones, un volumen que equivale aproximadamente al combustible necesario para abastecer durante un año a cerca de 55.000 vehículos particulares.

Cada galón ilegal es menos inversión para las regiones “El combustible ilegal no solo evade impuestos: le está quitando recursos a las regiones y fortaleciendo

redes criminales. Cada galón que se vende por fuera de la legalidad es menos inversión en vías, servicios públicos y desarrollo para los colombianos”, aseguró Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP.

Esta problemática tiene impacto directo sobre las finanzas territoriales. La sobretasa a la gasolina y al ACPM es una de las principales fuentes de financiación de los departamentos y municipios en Colombia. En 2025 este recaudo alcanzó $4,03 billones, recursos que se destinan directamente a las regiones para inversión pública.

Con base en la proyección de los volúmenes de venta y en las cifras del Sistema de Administración de la Sobretasa al ACPM y a la Gasolina (ASGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 2025 se registraron 4,8 millones de galones menos en ventas oficiales en la cadena de distribución, que de acuerdo con el valor de sobretasa vigente y el estimado en la caída en las ventas por hurto en los Departamentos de Norte de Santander, Cesar y Arauca refleja una disminución en los recursos recibidos anualmente por concepto de la sobretasa a la gasolina, estimada en $2,6 mil millones.

Cada galón que se vende de manera ilegal no paga sobretasa ni IVA, lo que significa menos recursos para financiar infraestructura vial, transporte y movilidad, mantenimiento urbano y servicios públicos locales. El impacto es acumulativo, menos recursos para inversión y menor capacidad fiscal para las regiones.

Además del impacto fiscal, la comercialización ilícita afecta el mercado formal, pone en riesgo la sostenibilidad de estaciones de servicio legalmente constituidas e impacta el empleo formal en las regiones. Esta actividad también genera presiones y amenazas sobre los distribuidores que operan dentro de la legalidad.

Riesgos para la seguridad, el ambiente y los usuarios La comercialización ilícita de combustibles está vinculada a otras actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, y fortalece redes criminales que generan graves afectaciones sociales, económicas y ambientales. A esto se suman riesgos ambientales y de seguridad asociados

a la perforación ilegal de poliductos y a la manipulación inadecuada del combustible.

Estas prácticas pueden generar derrames, contaminación de suelos y fuentes hídricas, riesgo de incendios o explosiones y afectaciones a ecosistemas y comunidades cercanas. Además, el combustible comercializado ilegalmente carece de controles de calidad y de mezcla con biocombustibles, lo que puede incrementar la contaminación ambiental.

Los consumidores también resultan afectados, son expuestos a combustibles de baja calidad que pueden generar daños en los motores de sus vehículos, así como a riesgos de accidentes durante el almacenamiento, transporte y tanqueo, debido a la ausencia de estándares técnicos y de seguridad.

Comprar legal es proteger a los usuarios desarrollo de las regiones Es fundamental proteger al consumidor, que también es expuesto a riesgos de seguridad y a

ambientes de criminalidad, además de accidentes y daños en los vehículos, si no se abastece de combustible en estaciones de servicio autorizadas que cumplen con los estándares de calidad, seguridad y tributación establecidas por la ley.

Finalmente, es importante reconocer los esfuerzos que vienen adelantando las autoridades nacionales, regionales y la Fuerza Pública con acciones de control que han permitido mejorar los resultados operacionales y avanzar en una mayor articulación interinstitucional para proteger los recursos públicos, garantizar la seguridad energética y debilitar las economías ilegales que afectan al país. En este contexto, es importante resaltar que se requiere también del compromiso activo de la ciudadanía, cuya decisión de adquirir combustible legal resulta clave para romper la cadena de corrupción asociada al comercio ilícito.