Más colombianos protegidos: apuesta de Fasecolsa para el 2050

Durante los primeros seis meses de 2026, las aseguradoras colombianas pagaron $14,38 billones en reclamaciones, una cifra cercana a los $15,6 billones presupuestados por el Gobierno nacional para inversión pública en el sector transporte durante todo 2026, recursos destinados al desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte del país, incluidas las vías, entre otros proyectos.

Detrás de estos recursos hay hogares que pudieron recuperar parte de su patrimonio, empresas que encontraron respaldo para continuar operando y personas que recibieron indemnizaciones frente a situaciones que comprometieron su salud, sus ingresos o su estabilidad económica.

Entre junio de 2022 y junio de 2026, la penetración del seguro pasó de 2,86 % a 3,12 %. Crecimos, sí, pero lentamente y todavía estamos lejos de los niveles de aseguramiento de países OCDE, cuyo índice de penetración se ubica en 6.2%. Con una economía que creció en esos mismos cuatro años un 7,9%, acumulado, en ese mismo período, las primas emitidas crecieron un 18 % real.

El gasto promedio anual por habitante se situó en $1.120.643, Colombia aún enfrenta importantes desafíos para ampliar el acceso a mecanismos de protección financiera que permitan a las familias y empresas proteger su patrimonio, preservar sus ingresos y garantizar su bienestar frente a los riesgos a los que están expuestas.

Los ramos que registraron los mayores crecimientos porcentuales en primas emitidas fueron seguro previsional (26 %), salud (21 %), riesgos laborales (16 %), cumplimiento (14 %) y vida grupo y colectivo (12 %).

“En el marco de la conmemoración de los 50 años, desde Fasecolda se propone avanzar hacia un modelo que permita al país anticiparse financieramente a los grandes riesgos, ampliar las posibilidades de aseguramiento y reducir la vulnerabilidad económica de los colombianos” señaló el presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales.

La industria aseguradora frente al terremoto 

Desde las primeras horas de la emergencia, las aseguradoras y el gremio activaron sus protocolos de atención y desplegaron equipos para recibir y gestionar reclamaciones, evaluar los daños y acompañar a las personas y empresas que contaban con protección frente a este tipo de eventos.

Durante una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, la industria aseguradora presentó sus estimaciones preliminares sobre el impacto del terremoto del 10 de agosto. 

Con corte al 25 de septiembre, el valor asegurado asociado a los siniestros reportados asciende a $5,75 billones, $250 mil millones más que en el reporte de la semana anterior.

Desde la ocurrencia del terremoto, las aseguradoras han recibido 92.336 reclamaciones y han pagado casi $401 mil millones en indemnizaciones.

Estos recursos representan el respaldo financiero previsto para los asegurados afectados y reflejan la contribución potencial de la industria a la recuperación económica de los territorios.

“El seguro demuestra así su papel como mecanismo de transferencia de riesgos: cada peso que corresponde a un daño cubierto por una póliza es un recurso que puede provenir del sistema asegurador y sus mecanismos de reaseguro, reduciendo la presión que una catástrofe de esta magnitud puede ejercer sobre las familias, las empresas y las finanzas públicas”, afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

En Colombia existen 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, con un valor asegurado cercano a $2.582 billones; sin embargo, solo alrededor del 9,3 % de las viviendas del país cuenta con algún seguro de hogar.

De responder a las catástrofes a prepararse para ellas: la propuesta de Fasecolda

En un país expuesto a terremotos, inundaciones, movimientos en masa y otros fenómenos naturales, la preparación frente a los desastres debe contemplar no solo la prevención y la atención de las emergencias, sino también la disponibilidad de recursos para financiar la recuperación.

Con este propósito, Fasecolda propone avanzar en la creación de un programa públicoprivado de aseguramiento frente a riesgos catastróficos, que permita articular las capacidades del Estado, las aseguradoras y el mercado reasegurador internacional para fortalecer la protección financiera del país.

Bajo este esquema, las aseguradoras privadas asumirían los riesgos que estén en capacidad de cubrir, mientras que el Estado mantendría un papel fundamental frente a aquellos que, por su naturaleza o magnitud, exceden las posibilidades del mercado asegurador.

También contempla fortalecer la información sobre la exposición y vulnerabilidad de los territorios, promover infraestructuras públicas y privadas más resilientes y desarrollar soluciones de aseguramiento que faciliten la disponibilidad de recursos después de una catástrofe.

El objetivo es avanzar hacia un modelo en el que el Estado y el sector asegurador articulen sus capacidades para proteger los bienes y las actividades económicas expuestos a los grandes desastres, reduciendo la vulnerabilidad financiera de las personas, las empresas y las entidades públicas.

Regulación y tributación: condiciones para ampliar la protección

El desarrollo de estas propuestas requiere un entorno regulatorio y tributario que reconozca las particularidades de la actividad aseguradora, fortalezca su capacidad financiera y facilite la creación de nuevas soluciones de protección.

A diferencia de otras actividades económicas, el seguro administra riesgos que pueden materializarse en el largo plazo y exige mantener recursos suficientes para responder por las obligaciones adquiridas frente a los asegurados.

Por esta razón, Fasecolda plantea la necesidad de contar con disposiciones prudenciales, contables, tributarias y corporativas que respondan a la naturaleza del negocio asegurador y no trasladen automáticamente exigencias diseñadas para sectores que cumplen funciones diferentes.

El gremio considera que una regulación rigurosa debe reconocer estas particularidades y preservar las condiciones que permiten a las compañías mantener su capacidad de asumir y transferir riesgos, proteger el patrimonio de sus asegurados y contribuir a la estabilidad económica del país.

En este escenario, la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera 17 (NIIF 17) y la evolución de los esquemas de regulación prudencial y solvencia representan importantes desafíos técnicos, operativos y financieros para la industria.

Los seguros frente a los riesgos del futuro

Los desafíos de la industria aseguradora no se limitan a los riesgos que actualmente enfrentan los colombianos. El desarrollo de la inteligencia artificial, los avances en medicina personalizada, las amenazas cibernéticas y la transición energética están transformando las necesidades de protección de las personas, las empresas y los gobiernos.

Estas transformaciones plantean nuevos desafíos para la industria, que deberá adaptar sus productos, fortalecer sus capacidades tecnológicas e identificar nuevas oportunidades de aseguramiento frente a riesgos cada vez más complejos.

La inteligencia artificial, por ejemplo, abre posibilidades para mejorar la atención al cliente, optimizar los procesos y desarrollar soluciones de protección más personalizadas, pero también plantea interrogantes sobre los nuevos riesgos que podrían ser objeto de aseguramiento.

Los avances médicos y el envejecimiento de la población transformarán las necesidades de protección en salud, vida y rentas vitalicias, mientras que los riesgos cibernéticos y la transición energética demandarán nuevas capacidades para proteger las actividades productivas y acompañar las inversiones del futuro.

Junto con la protección frente al cambio climático, la gestión de los riesgos catastróficos y la inclusión financiera, harán parte de las discusiones de la Convención Internacional de Seguros 2026.

Uno de los principales desafíos de la industria es contribuir a que las próximas generaciones cuenten con mayores herramientas para enfrentar los riesgos del futuro.

PIB y sector asegurador

• 2,9 % El PIB nacional creció durante el primer semestre de 2026. En el segundo trimestre, la economía registró un crecimiento de 3,5 % frente al mismo periodo de 2025. 3,6 %
• Las actividades financieras y de seguros crecieron durante el primer semestre de 2026, por encima del crecimiento general de la economía. 3,2 %
• El sector asegurador registró un crecimiento del 3,2 % en el segundo trimestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025. En ese trimestre, los servicios de intermediación financiera crecieron 3,5 %.