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📅 jueves, 19 de noviembre de 2026 🕘 09:00:49 am

Modernización portuaria en Colombia: los riesgos que plantea para los operadores

La modernización del régimen de concesiones portuarias en Colombia abre nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo de la infraestructura logística. Sin embargo, también plantea un desafío para el sector: garantizar que la protección de las terminales evolucione al ritmo de sus operaciones y de los riesgos que administran.

La discusión cobra relevancia tras la expedición del Decreto 1529 del 14 de octubre de 2026, por parte del Ministerio de Transporte, que actualiza las reglas de las concesiones portuarias. Entre sus principales cambios, la norma facilita el desarrollo de inversiones estratégicas, establece mecanismos para reconocer inversiones no recuperadas al finalizar los contratos y amplía las posibilidades de incorporar obras que mejoren la conexión de los puertos con las redes terrestres, ferroviarias, fluviales y marítimas.

Para los operadores, estas disposiciones abren nuevas posibilidades de modernización, pero también hacen necesario evaluar los riesgos económicos asociados al crecimiento de sus operaciones.

Infraestructura y aseguramiento: dos retos que avanzan juntos

La dimensión de esta actividad ayuda a entender la relevancia de la discusión. Según la Superintendencia de Transporte, entre enero y junio de 2026 las zonas portuarias del país movilizaron 88,2 millones de toneladas, un crecimiento del 3,2 % frente al mismo periodo del año anterior.

La modernización de las terminales y la posibilidad de recibir embarcaciones de mayor tamaño y cargas más diversas, como hidrocarburos, mercancías peligrosas, baterías de litio o vehículos eléctricos, amplían la exposición de los operadores. Un accidente puede comprometer simultáneamente mercancías, infraestructura, embarcaciones y bienes de terceros, elevando la magnitud de las posibles pérdidas.

Un antecedente colombiano que ilustra estos riesgos ocurrió en marzo de 2024, cuando un incendio consumió una bodega de carga importada de Contecar, en Cartagena, de aproximadamente 9.800 metros cuadrados. La emergencia obligó a restringir temporalmente algunas actividades portuarias. Aunque el Grupo Puerto de Cartagena informó posteriormente que había controlado el incendio e iniciado la reanudación de operaciones, algunas actividades relacionadas con carga suelta y contenedores continuaban suspendidas.

Para Juan Guillermo Hincapié, vicepresidente de Marine de Gallagher para Colombia, Ecuador y Panamá y líder regional de esta especialidad, el crecimiento portuario debe ir acompañado de una revisión de los límites de responsabilidad civil contratados.

“Un puerto concentra mercancías de terceros, infraestructura y equipos de alto valor. Cuando sus operaciones crecen, también aumenta su exposición económica. Por eso, definir correctamente el límite de una póliza no es simplemente una decisión comercial de renovación: es anticipar quién tendrá que asumir las pérdidas si ocurre una emergencia que supere la protección contratada”, explica Hincapié.

De ahí la importancia de revisar no solo el valor total de las coberturas, sino también los límites específicos, los deducibles y los gastos, de acuerdo con las características de cada terminal y la magnitud de sus posibles siniestros.

Un solo terminal moderno puede tener bajo custodia, en un mismo día, mercancía de terceros por cientos de millones de dólares, además de la proximidad de buques que valen decenas de millones y de comunidades enteras alrededor del recinto. La relación es tan desproporcionada como reveladora: el operador cobra por movimiento una tarifa que se cuenta en decenas de dólares, y asume, en ese mismo movimiento, una exposición que ningún otro eslabón de la cadena logística presenta.

Estos espacios ponen de relieve una discusión cada vez más relevante para la actividad marítima: cómo establecer una protección económica que responda a la dimensión real de los riesgos.

“Un puerto moderno no solo debe tener capacidad para movilizar más mercancías; también debe estar preparado financieramente para responder ante las consecuencias de una emergencia, protegiendo su patrimonio, a la comunidad marítima y a los terceros que puedan resultar afectados”, concluye Hincapié.

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Autor

Alirio Aguilera

Alirio Aguilera, periodista bogotano egresado de la Universidad Central de Bogotá, especializado en periodismo económico en la Universidad de la Sabana y con magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia en medios de comunicación y también como docente de varias universidades y con gran experiencia como asesor de comunicaciones en el sector público y privado.

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