Desde la Asociación Nacional de Servicio Públicos y Comunicaciones – Andesco, felicitamos a Jaime Andrés Beltrán, designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y le auguramos éxitos en la cartera, impulsando de manera exitosa la política de vivienda y agua para el país.

Desde el gremio consideramos que el principal desafío del próximo Gobierno en materia de agua potable y saneamiento básico es construir una agenda de Estado, con visión de largo plazo, que trascienda los periodos de gobierno y tenga como objetivo garantizar la universalización del acceso a servicios seguros, sostenibles y de calidad al año 2030, en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.

Si bien el Ministerio de Vivienda reporta inversiones superiores a los $17,5 billones, proyectos estratégicos financiados mediante vigencias futuras por $3,5 billones, 46 proyectos de infraestructura y más de 4,3 millones de potenciales beneficiarios, el país continúa enfrentando un problema estructural: la diferencia entre comprometer recursos y ejecutar efectivamente las obras.

Hoy encontramos numerosos proyectos suspendidos, sin iniciar contratación o con retrasos significativos, lo que demuestra que el mayor reto del sector no es únicamente conseguir más recursos, sino lograr una ejecución eficiente que permita transformar las inversiones en servicios efectivos para los ciudadanos.

El nuevo ministro de Vivienda tiene la oportunidad de impulsar un cambio de enfoque. Durante años la política pública ha estado concentrada en construir infraestructura. Ahora el reto consiste en garantizar que esa infraestructura se traduzca en servicios públicos sostenibles, con empresas financieramente sólidas, regulación estable, instituciones fuertes y capacidad de adaptación frente al cambio climático.

La universalización del acceso no depende exclusivamente de incrementar la inversión pública.

También requiere preservar el modelo de prestación de los servicios públicos, brindar seguridad jurídica, fortalecer la institucionalidad y estructurar un Programa Nacional de Universalización con mecanismos de financiación de largo plazo.

Desde Andesco proponemos que la agenda del próximo Gobierno contemple seis prioridades:

1. Pasar de una política de cobertura a una política de acceso efectivo
2. No basta con construir infraestructura. La verdadera universalización implica que los ciudadanos
3. reciban un servicio disponible, continuo, seguro, de calidad y económicamente asequible.
4. 2. Priorizar las inversiones donde existen mayores brechas
5. Los recursos públicos deben orientarse hacia los municipios con mayores necesidades de acceso y
6. calidad, evitando su dispersión y maximizando el impacto social de cada inversión.
7. 3. Garantizar estabilidad regulatoria y fortalecer la participación técnica y ciudadana dando
8. de nuevo trámite a la expedición de los Nuevos Marcos Tarifarios.
9. Las decisiones regulatorias deben sustentarse en análisis técnicos rigurosos, estudios de impacto
10. normativo y procesos amplios de participación, lo cual el regulador no ha cumplido en los trámites
11. de expedición de los nuevos marcos tarifarios de acueducto, alcantarillad y aseo.
12. La estabilidad regulatoria genera confianza, preserva la suficiencia financiera de las empresas y
13. facilita la inversión de largo plazo, por eso se hace urgente.
14. 4. Implementar un Plan Nacional de Infraestructura Hídrica 2030
15. El país necesita una hoja de ruta con prioridades claras que incluya grandes sistemas regionales de
16. abastecimiento, embalses para seguridad hídrica, plantas regionales de tratamiento de aguas
17. residuales, proyectos de reúso del agua y aprovechamiento energético asociado al saneamiento.
18. 5. Modernizar los mecanismos de financiación
19. Cerrar las brechas del sector exige combinar diversas fuentes de recursos. Además del Presupuesto
20. General de la Nación, deben aprovecharse instrumentos como regalías, vigencias futuras, banca
21. multilateral, bonos verdes, asociaciones público-privadas cuando sean viables, recursos territoriales
22. y esquemas de pago por servicios ambientales. El objetivo debe ser que cada peso de inversión
23. pública movilice recursos adicionales.
24. 6. Corregir las distorsiones del servicio público de aseo y promover ciudades más limpias.
25. El servicio público de aseo requiere una revisión integral de la política pública y del marco regulatorio
26. para corregir las distorsiones que hoy limitan su sostenibilidad y afectan la calidad del servicio.
27. Es indispensable generar señales regulatorias, económicas e institucionales que incentiven la
28. limpieza de las ciudades, fortalezcan la cultura ciudadana, promuevan la correcta gestión de los
29. residuos sólidos y garanticen condiciones adecuadas para la prestación del servicio.
30. La política pública debe reconocer que una ciudad limpia no depende únicamente de las empresas
31. prestadoras. También requiere reglas claras, autoridades fortalecidas, corresponsabilidad de los
32. ciudadanos y mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y control.
33. Asimismo, resulta prioritario avanzar en la actualización del modelo de aprovechamiento y en la
34. consolidación de esquemas que impulsen la economía circular, mejoren la eficiencia operativa,
35. reduzcan la disposición final de residuos y garanticen la sostenibilidad financiera del servicio.