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📅 lunes, 7 de septiembre de 2026 🕘 06:23:18 pm

6 de cada 10 ciberataques en Colombia van dirigidos al sector salud: más de 51 millones de historias clínicas están en juego

Por: Dorian Rallón – CEO de Biofile

A las tres de la mañana, un médico de urgencias recibe a una mujer con dolor en el pecho y necesita saber tres cosas: qué medicamentos toma, a qué es alérgica y qué antecedentes tiene. Si el sistema no está disponible, puede quedarse sin acceso inmediato a esa información. Tendrá que reconstruirla con una paciente asustada o con un familiar que quizá no la recuerde. En salud, esa incertidumbre puede costar tiempo clínico.

Esa escena explica por qué la disponibilidad segura de la información —más que la simple conectividad— no es un lujo, una comodidad ni un símbolo de modernización: es un insumo clínico. Sin ella pueden demorarse el acceso a la historia, una remisión, la telemedicina o el control de los medicamentos. Hablar de transformación digital en salud sin hablar de seguridad y continuidad es construir sobre una base incompleta.

Colombia dio un paso relevante en esa dirección. El 15 de abril venció el plazo fijado por la Resolución 1888 de 2025 para que los actores obligados integraran sus sistemas al mecanismo nacional de interoperabilidad. No se intercambia la historia clínica completa, sino el Resumen Digital de Atención: un documento estandarizado con información esencial de cada consulta, urgencia, hospitalización o procedimiento. Es una buena noticia, pero también multiplica los puntos que deben protegerse.

Los números dimensionan el riesgo. Un reciente reporte sectorial, que cita el índice X-Force de IBM, estimó que el 60 % de los ciberataques registrados en Colombia tuvo como blanco a instituciones de salud, un sector que maneja información de más de 51 millones de afiliados. Eso no significa que todas sus historias hayan sido comprometidas.

El 27 de marzo, la Superintendencia Nacional de Salud detectó accesos no autorizados que permitieron descargar el 1,6 % de su bodega documental. Los archivos estaban asociados a peticiones, quejas, reclamos y denuncias, y podían contener datos personales o sensibles. La entidad calificó el incidente como de alta criticidad, presentó una denuncia penal y reportó, como una medición diferente, más de 23 millones de intentos sistemáticos de ataque durante el mes anterior.

El fenómeno es global. Comparitech rastreó 410 ataques y reivindicaciones de ransomware contra prestadores y empresas de salud durante el primer semestre de 2026: 2,3 diarios y cerca de 14 % más que en el semestre anterior. Al publicarse el informe, 77 estaban confirmados. IBM, por su parte, estimó en 4,65 millones de dólares el costo promedio de una filtración en América Latina, con base en una muestra de 28 organizaciones de distintos sectores.

Una filtración puede revelar diagnósticos, medicamentos, alergias, procedimientos y datos de identificación. El usuario no controla la seguridad de una clínica, pero puede reducir su exposición: ingresar por portales oficiales, no reutilizar contraseñas, activar la verificación en dos pasos, desconfiar de mensajes que pidan códigos o datos clínicos y evitar el envío de historias completas por canales personales cuando exista una vía institucional segura.

La seguridad también se mide en continuidad

En marzo de 2024, un ransomware vulneró la infraestructura tecnológica de un reconocido hospital del departamento de Caldas. La institución restringió el acceso a la red, recurrió a respaldos e implementó registros manuales para mantener la atención mientras recuperaba sus plataformas. La lección es clara: si la contingencia falla, no solo se cae un computador; pueden aplazarse cirugías, demorarse remisiones o interrumpirse entregas de medicamentos.

Después de 18 años trabajando para que la tecnología acompañe el recorrido del paciente, me queda una pregunta incómoda: no cuántos sistemas tiene una institución, sino cuánto tiempo podría seguir atendiendo si mañana dejaran de estar disponibles. La tecnología solo acompaña al paciente si permanece accesible cuando más se necesita.

La respuesta no puede improvisarse el día del ataque ni puede ser genérica. No es lo mismo una clínica de alta complejidad que un hospital público, un laboratorio o un consultorio rural. Cada institución necesita un diagnóstico propio, respaldos verificados y un plan de respuesta y continuidad clínica que haya sido entrenado y probado.

Tampoco es tarea exclusiva del área de sistemas. Un correo falso abierto por un funcionario, una contraseña reutilizada o un equipo sin actualizar pueden abrir la red entera. Y hay un riesgo del que se habla poco: el silencio. Cuando alguien no reporta una anomalía por miedo o vergüenza, el daño crece. A eso se suman el uso apresurado de inteligencia artificial y los servicios externos en los que pueden terminar copiados datos de pacientes sin autorización ni controles suficientes.

Cumplir la norma es indispensable, pero no basta. Una entidad puede tener políticas impecables y quedar expuesta por un respaldo mal configurado o por permisos excesivos. Las preguntas importantes son otras: ¿podemos saber quién consultó cada dato?, ¿podemos detectar un comportamiento anormal?, ¿podemos seguir atendiendo mientras se recupera el servicio?, ¿podemos informar con claridad a las personas afectadas? No debería ser necesario escoger entre velocidad y privacidad: en salud se necesitan ambas.

Una institución preparada no es la que supone que nunca será atacada, sino la que conoce sus riesgos, mantiene sus operaciones críticas y se recupera sin poner en peligro la atención. Porque proteger un dato clínico no es cumplir un trámite administrativo: es proteger la decisión que se toma a las tres de la mañana.

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Autor

Alirio Aguilera

Alirio Aguilera, periodista bogotano egresado de la Universidad Central de Bogotá, especializado en periodismo económico en la Universidad de la Sabana y con magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia en medios de comunicación y también como docente de varias universidades y con gran experiencia como asesor de comunicaciones en el sector público y privado.

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