Infraestructura deportiva y financiación privada

Ante el Mundial 2026, Estados Unidos, Canadá y México, el más reciente capítulo del podcast de Posse Herrera Ruiz analiza el desafío de la infraestructura en Colombia junto a Andrea Henao y Héctor Otálora, expertos en derecho urbanístico, quienes advirtieron que desarrollar estadios modernos requiere integrar el suelo mediante normativas donde confluyen intereses estatales y empresariales.

La realidad inmobiliaria de los centros deportivos varía significativamente según cada país. En las sedes canadienses predomina la propiedad pública, mientras que las ciudades estadounidenses y mexicanas apuestan por modelos operativos en conjunto con particulares, dinamizando sus economías y atrayendo turismo.

En el territorio colombiano, el panorama cambia profundamente debido a la naturaleza jurídica de estos bienes, históricamente de dominio estatal, ya que, actualmente, los marcos regulatorios vigentes habilitan la inyección de recursos externos a través de diversas figuras contractuales y renovadas concesiones de largo plazo.

Sobre este panorama local y las normativas actuales, Héctor Otálora señala en el podcast: “Hoy en día, con las APPs, con la generación de nuevos proyectos particulares que involucran la inversión privada, la gestación de estos escenarios podría implicar que sea mucho más fácil la participación del privado en el desarrollo urbano”.

Esta realidad jurídica dista mucho de lo ocurrido de cara al mundial de 1986, cuando el país declinó la organización, pues en aquella época, el financiamiento dependía exclusivamente del Estado, compitiendo directamente con recursos vitales. Hoy, el andamiaje legal permite atraer inversiones externas sustanciales.

Un ejemplo evidente de esta evolución normativa es el proyecto de modernización del estadio El Campín en Bogotá. Lo que nació como una donación de terrenos en la década de 1930, hoy se proyecta como un ecosistema integral financiado mediante alianzas estratégicas, integrando comercio y transporte masivo.

Para viabilizar estas transformaciones, las intervenciones requieren superar estrictos filtros administrativos, en los que las curadurías urbanas evalúan la sismorresistencia y seguridad arquitectónica, mientras las secretarías locales vigilan los rigurosos estudios de tránsito y los planes de mitigación sobre el espacio público.

El objetivo principal es evitar construir recintos aislados que funcionen pocas horas a la semana, con normativas que exigen una planificación estratégica desde los Planes de Ordenamiento Territorial, garantizando un acceso fluido hacia los sistemas de transporte para evitar el colapso vial en las zonas aledañas.

Por su parte, Andrea Henao añade durante la entrevista: “Es emocionante porque ya se pasa de solo hablar de sillas, de número de espectadores a hablar de proyectos mucho más complejos. Y en esa complejidad donde convergen componentes urbanísticos normativos hay algo muy importante y es dónde lo voy a hacer y luego el cómo lo voy a hacer”.

El porvenir del entretenimiento masivo recaerá sobre la voluntad gubernamental y la seguridad jurídica para captar fondos, y las instituciones deben garantizar que estas construcciones trasciendan un evento deportivo puntual, fomentando una renovación metropolitana permanente y elevando la competitividad económica local.