Del ADN de la ilegalidad al ADN de la integridad

Por Sandra Avellaneda Avendaño
Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública

Los delitos que más le cuestan a Colombia no ocurren en la oscuridad. No hay pasamontañas, ni arma. Ocurren a plena luz, con acta de inicio, firma digital y registro en el SECOP: sobrecostos, anticipos “legalizados” con soportes falaces, recibos a satisfacción que no satisfacen ninguna necesidad pública, insumos “enterrados” de menor calidad e interventorías con conexiones sospechosas con el contratista al que deberían vigilar. La corrupción del siglo XXI no siempre se esconde de la institucionalidad; muchas veces deja huellas dentro de ella.

Edwin H. Sutherland, pionero de la teoría del delincuente de cuello blanco, advirtió hace ocho décadas que el costo de un solo delito cometido por quienes ocupan altas dignidades puede superar el de todos los hurtos y robos de un país en un año. Su impacto, sin embargo, trasciende lo económico: la corrupción destruye el activo más valioso de una nación, la confianza. En 2022, apenas el 5 % de los colombianos confiaba en las demás personas, según la Encuesta Mundial de Valores, lo que representa uno de los niveles más bajos del mundo.

El costo también puede medirse en dinero y vidas afectadas. Excontralores y otras autoridades lo han situado alrededor del 4 % del PIB anual. Solo entre 2016 y 2022, la Radiografía de la Corrupción de Transparencia por Colombia documentó $137,65 billones comprometidos en hechos asociados a contratos, obras y servicios; $21,28 billones se perdieron definitivamente (apenas $9,08 billones fueron recuperados) y 14,53 millones de personas resultaron afectadas.

Ante este panorama Colombia necesita sustituir el ADN de la ilegalidad, ese código que normalizó el atajo y sembró la idea de que lo público no es de nadie, por un ADN de integridad que nos recuerde que lo público es sagrado.

Esa revolución cultural tomará décadas. Mientras madura, el Estado no puede seguir enfrentando con instituciones fragmentadas a redes que operan como un sistema, alimentadas por clientelismo, captura institucional y desviaciones del poder. Como en Matrix, el error es creer que el problema son únicamente los agentes que aparecen en escena, cuando el verdadero poder reside en la arquitectura invisible que sostiene el sistema.

Colombia ya empezó a demostrar que esa arquitectura puede desmontarse. Entre 2022 y 2026, el control fiscal representó $10,1 billones en beneficios para el país, de los cuales $7,3 billones (siete de cada diez pesos) provinieron del uso de macrodatos e inteligencia artificial, según la Contraloría General de la República.

Ese dato revela la posibilidad histórica que tenemos de construir una Inteligencia Pública Integrada: instituciones, autoridades, sistemas de compra pública y ciudadanía conectados, fusionando inteligencia artificial y nuevas tecnologías, con la inteligencia y la ética humana, para escanear hasta su más secreto hilo, las telarañas de la corrupción, rastrear sus fuentes de financiación, anticipar sus movimientos y llegar hasta el más sagaz de los marionetistas.

Pero esa inteligencia debe operar en doble vía: concentrar toda la capacidad del Estado en detectar y perseguir a quienes optan por la corrupción y, simultáneamente, respaldar a los gestores públicos honestos que necesitan seguridad jurídica para decidir. Colombia no solo debe impedir que los corruptos sigan haciendo ilegítimo el Estado; también debe lograr que los mejores quieran servirle y que el servicio público deje de ser una actividad peligrosa para los honestos.

De la promesa al sistema

El 7 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que “la lucha contra la corrupción no será una declaración de buenas intenciones, será un método permanente de gobierno” y anunció el uso de inteligencia artificial contra el uso indebido de recursos públicos.

Colombia ya ha escuchado muchas veces promesas similares. Lo que determinará si esta es diferente será la contundencia de las medidas y la capacidad de articular al Estado para luchar en bloque y sin cuartel contra este flagelo. Porque el diagnóstico es revelador: el problema no ha sido solamente de diseño; ha sido de activación. Desde 1991 existe el mandato constitucional; desde 2019, el marco del control preventivo; hoy tenemos tecnología capaz de analizar volúmenes gigantescos de información. Lo que continúa faltando es convertir capacidades dispersas en inteligencia articulada.

El mundo ya ofrece pistas. Entre 2012 y 2017, la Serious Fraud Office británica investigó a Rolls-Royce por sobornos en siete países y utilizó el software Ravn para procesar cerca de 30 millones de documentos. El caso terminó con un acuerdo que incluyó la devolución de £497,25 millones. La lección es contundente: la tecnología no sustituye al investigador; multiplica su capacidad para procesar con rapidez y actuar de manera anticipada.

Millones de ojos sobre lo público

Colombia tampoco parte de cero. El Geoportal de la Contraloría georreferencia más de 45.000 contratos de obra con el propósito de “convertir al ciudadano en veedor activo del recurso público”. Pero una herramienta que la ciudadanía desconoce es una capacidad desaprovechada.

Como hemos documentado con la excontralora Sandra Morelli Rico en Control Multinivel: una oportunidad inaplazable para Colombia, el siguiente salto requiere gobernanza colaborativa. El Geoportal puede evolucionar hacia el Waze del patrimonio público: un mapa nacional donde cualquier ciudadano reporte alertas respaldadas en evidencia y estas se contrasten con información contractual y datos oficiales. Waze convirtió a cada conductor en un sensor del tráfico; Colombia puede convertir a cada ciudadano en un sensor de sus recursos públicos.

La independencia que ninguna IA sustituye

De poco sirve la tecnología más sofisticada si la independencia de quien controla puede verse tensionada desde su elección. En 2023, el Consejo de Estado anuló la elección del entonces contralor general al encontrar irregularidades en la modificación de criterios de evaluación. ¿Qué es diferente hoy cuatro años después? Colombia requiere con urgencia repensar el método de elección de nuestras máximas autoridades de control y justicia.

Una alternativa es avanzar hacia una verdadera “maestría-concurso”: procesos públicos 100% meritocráticos, de alta exigencia, con reglas públicas previas, criterios objetivos, trazabilidad y auditoría independiente, cuya definición no depende en nada de actores políticos o institucionales.La independencia no comienza después de la elección: comienza en la forma misma de elegir.

Más normas, menos resultados

Otro mito muy dañino es creer que la corrupción se combate con normas. Entre 1993 y 2026, la Constitución de 1991 tiene 65 reformas; la contratación pública está regulada por cerca de 248 normas y coexisten tres leyes anticorrupción. Este frenesí normativo no ha derrotado la corrupción, pero sí produce una administración más lenta, defensiva y temerosa.

La alternativa no es menos control: es un control fuerte y articulado. Gestión de riesgos, sistemas interoperables —incluido el aprovechamiento inteligente de la información registrada en el SECOP y otros sistemas públicos— y autoridades engranadas. Una estrategia moderna de integridad exige precisión en ambas direcciones: máxima capacidad para identificar al corrupto y máximas garantías para que el gestor honesto pueda decidir, innovar y ejecutar.

Esa precisión debe llegar también al derecho penal. Colombia necesita consecuencias severísimas para la corrupción probada, pero no puede consumir la capacidad de fiscales e investigadores persiguiendo simples delitos formales como el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras organizaciones sofisticadas con potencial de permear el control y la justicia, saquean al Estado.

Aquí aparece una consecuencia de la corrupción de la que casi nunca hablamos: la pérdida del buen gestor público. Colombia necesita atraer al Estado su mejor talento humano, pero profesionales capaces y honestos no quieren regresar después de haber visto, o vivido, investigaciones que, aun terminando favorablemente, pusieron en riesgo su reputación, su patrimonio e incluso su libertad.

No es lo mismo corrupción que error; apropiarse de lo público que asumir de buena fe los riesgos inherentes a gobernar. Cuando el sistema pierde esa capacidad ocurre una paradoja peligrosa: mientras el corrupto aprende a sofisticar sus métodos, el servidor honesto siente que la decisión más segura es no decidir.

Ese costo institucional también lo paga Colombia. Un Estado que genera miedo a decidir pierde innovación, velocidad de ejecución y talento. El control inteligente debe lograr simultáneamente que el corrupto tema ser descubierto y el gestor íntegro tenga la certeza de que actuar honestamente no pondrá en riesgo su dignidad, su patrimonio ni su libertad.

La revolución que Colombia necesita tiene entonces tres dimensiones: cultural, para que la integridad se transmita por convicción; tecnológica, para anticipar las redes que persistan en la corrupción; e institucional, para articular al Estado y distinguir con precisión al corrupto del gestor íntegro.

Colombia debe cambiar definitivamente la ecuación: que servir honestamente al Estado vuelva a ser un honor; que la integridad valga la pena y que la corrupción no pague.