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📅 jueves, 12 de noviembre de 2026 🕘 08:28:05 am

¿Le dejaron una casa o dinero en un papel firmado antes de morir? Esto dice la ley para reclamar la herencia en Colombia

Una hoja encontrada tras la muerte de su padre dice que la casa será para usted. Tiene fecha, firma y hasta autenticación notarial. Sus hermanos, sin embargo, se niegan a entregarle el inmueble. ¿Quién tiene la razón?

La respuesta es clave: en Colombia, una promesa escrita, aunque esté firmada, no se convierte automáticamente en testamento. Y confundir ambas cosas puede llevar a discusiones familiares, gastos económicos y trámites que no terminan en la entrega de los bienes.

“Una carta, una hoja firmada o incluso un documento con la firma reconocida ante notario no es un testamento”, explica Karen Castellanos, docente de Derecho de Familia de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. La autenticación acredita una firma, pero no reemplaza las formalidades necesarias para decidir quién recibirá el patrimonio después de la muerte.

En  contexto y por regla general, el testamento abierto requiere notario y tres testigos; el cerrado, notario y cinco testigos. La ley también contempla modalidades excepcionales, como el documento otorgado ante cinco testigos cuando no hay notario. Lo decisivo es comprobar si se cumplió el procedimiento correspondiente, no solo si la letra o la firma son auténticas.

Incluso un testamento válido tiene límites. “Puede favorecer a quien quiera, pero no sobre todo el patrimonio”, advierte Castellanos. Cuando existen hijos u otros familiares con una parte reservada por ley, la mitad de los bienes que integran la herencia, tras los ajustes legales, debe respetar sus derechos; la otra mitad puede dejarse libremente.

Por ejemplo, si quedan $400 millones netos por repartir y dos hijos, a cada uno le corresponden $100 millones de la parte protegida. Los $200 millones restantes pueden asignarse a quien haya elegido el fallecido. “La mitad se calcula sobre el patrimonio líquido, no sobre todo lo que el fallecido tenía”, aclara la docente. Antes deben revisarse las deudas y los derechos del cónyuge o de la pareja.

¿Encontró el documento? Así puede reclamar lo que le dejaron

Si tiene en sus manos una carta en la que un familiar fallecido le promete una casa o dinero, no la bote ni la modifique. Conserve el original y saque copias. Y atención: si aparece dentro de un sobre cerrado que podría contener un testamento, no intente abrirlo, porque existe un procedimiento legal para hacerlo.

El siguiente paso es averiguar si esa persona dejó un testamento válido. Para ello, puede consultar en las notarías y oficinas de registro correspondientes. También necesitará reunir documentos como el registro civil de defunción, los certificados de las propiedades, la información de las cuentas bancarias y, cuando corresponda, las pruebas de parentesco.

¿Y qué pasa si sus hermanos u otros familiares se niegan a repartir los bienes? Si todos están de acuerdo, el trámite puede adelantarse ante una notaría. Pero si alguien cuestiona el documento, reclama una parte mayor o se opone a la distribución, será necesario acudir a un juez. En ambos casos se requiere abogado y habrá gastos que dependerán del valor de la herencia y de los trámites necesarios.

Hay otro detalle importante: si el testamento le asigna una casa específica, debe solicitar que se le reconozca como beneficiario de ese inmueble. Distinto es cuando alguien reclama una parte de la herencia que considera suya. Para este último caso existe una acción judicial cuyo plazo general es de diez años.

Además, si el fallecido dejó un testamento que desconoce la parte que la ley le garantiza a determinados familiares, estos pueden pedir que se corrija. Por regla general, tienen cuatro años desde que conocen el documento y saben que les corresponde esa protección.

Finalmente, recuerde que recibir una vivienda no significa convertirse automáticamente en su propietario. Para que aparezca legalmente a su nombre, la adjudicación debe inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

¿Cómo reclamar hasta $97,6 millones sin juicio de sucesión?

Cuando una persona fallece y deja ahorros en el banco, sus familiares pueden tener una alternativa para recibir ese dinero sin acudir a un juicio de sucesión. Desde octubre de 2026, la Superintendencia Financiera elevó a $97.617.597 el límite de determinados depósitos que las entidades pueden entregar directamente. Son $5.785.427 más que el monto anterior, y la cifra estará vigente hasta septiembre de 2027.

Esta posibilidad incluye cuentas de ahorro, corrientes y certificados de depósito a término (CDT), entre otros productos. Pueden solicitarla el esposo, la esposa, la pareja permanente o los herederos, siempre que cumplan las condiciones legales.

¿Cómo hacerlo? El primer paso es acudir a la entidad financiera donde el fallecido tenía sus recursos y solicitar que evalúe su entrega. Para ello, generalmente se exige el registro civil de defunción, documentos que acrediten el parentesco o vínculo con el titular y otros soportes que el banco considere necesarios.

Además, debe existir acuerdo entre quienes reclaman, no haberse iniciado la sucesión y, según las orientaciones de la Superfinanciera, la persona no debe haber dejado testamento.

Sin embargo, cumplir los requisitos no garantiza recibir el dinero. “Es una facultad del banco y no un derecho de quien reclama: la entrega depende de que la entidad decida hacerla”, advierte Castellanos.

Si la solicitud es rechazada, los interesados pueden presentar una reclamación ante el banco y, de ser necesario, adelantar el trámite sucesoral correspondiente para acceder a los recursos que la ley les reconoce.

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Autor

Alirio Aguilera

Alirio Aguilera, periodista bogotano egresado de la Universidad Central de Bogotá, especializado en periodismo económico en la Universidad de la Sabana y con magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia en medios de comunicación y también como docente de varias universidades y con gran experiencia como asesor de comunicaciones en el sector público y privado.

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