Colegio Refous ‘en cuidados intensivos financieros’

La situación jurídica y financiera del Colegio Refous Roland Jeangros S.A.S. y de sus socios, quienes recientemente fueron admitidos en un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, ha abierto un debate profundo sobre el verdadero alcance de las garantías y los derechos de los acreedores en los procesos de insolvencia en Colombia. La coyuntura genera gran preocupación, considerando que el pasivo en juego en este caso puntual, ya supera los $63.000 millones.

Actualmente, el foco del litigio se centra, por un lado, las presuntas inconsistencias dentro de la información financiera entregada por los deudores a la Superintendencia de Sociedades y el hecho de que dentro de la relación de activos presentada por el colegio aparecían inmuebles cuya titularidad no correspondería a la sociedad, además de la ausencia de documentos y soportes que permitan verificar plenamente la información suministrada.

Aunque el colegio sostiene que no reportó dichos inmuebles como propios y que únicamente identificó las diferentes matrículas que conforman el terreno donde opera la institución, el equipo jurídico por parte de los acreedores consideran que estas explicaciones no resuelven las observaciones formuladas por la Superintendencia.

Las aclaraciones entregadas por la administración han sido interpretadas por algunos como una estrategia que podría estar dilatando la revisión de los activos y la toma de decisiones dentro de la reorganización empresarial. Según esta postura, la presentación de información incompleta o susceptible de interpretaciones genera nuevos requerimientos, solicitudes de documentos y verificaciones adicionales por parte de las autoridades.

Si bien la admisión de un deudor en la Ley 1116 suele considerarse un salvavidas para la continuidad del negocio, en el trasfondo la realidad es otra. Cientos de acreedores, que van desde entidades financieras hasta pequeñas y medianas empresas, enfrentan un complejo escenario de incertidumbre, congelamiento de flujos de caja y el reto de descifrar la verdadera realidad patrimonial de su deudor.

En el marco del derecho concursal, el patrimonio del deudor es la prenda general de garantía de sus obligaciones. Si los bienes que respaldan la continuidad del negocio pertenecen a terceros, la viabilidad de un acuerdo de reorganización a largo plazo queda comprometida, generando serias dudas ante el riesgo de una liquidación judicial inminente.

Ante las recientes afirmaciones de directivos y personas allegadas al colegio, quienes sostienen que los acreedores buscan afectar la operación educativa o “apropiarse” de sus terrenos, uno de los abogados de Estructuración (compañía que se vio afectada por este proceso) aclara que la ejecución de garantías es un ejercicio legítimo y técnico de recuperación de cartera, y no una estrategia de despojo. En este escenario, es imperativo precisar que la ejecución de una garantía real no implica, per se, una acción de persecución personal en contra de los deudores.

“Cualquier acreedor que enfrenta un incumplimiento prolongado está facultado para acudir a las herramientas que le otorga la ley para proteger su crédito. Lo que se busca es recuperar el dinero que se prestó de buena fe, no quedarse con bienes de manera caprichosa. Ese nunca fue el objeto del negocio jurídico celebrado”, asegura el abogado  Carlos Ramírez.

En este proceso, tal como se manifestó previamente, el juez del concurso ha solicitado en reiteradas ocasiones información complementaria a los deudores e, incluso, aclaraciones sobre lo ya aportado, debido a las inconsistencias que persisten. La autoridad ha advertido sobre las consecuencias legales que acarrea el incumplimiento de las cargas procesales y la falta de claridad en los estados financieros. Sin embargo, a la fecha, las partes interesadas siguen a la espera de una verdadera transparencia en la información.

Padres de familia cuestionan información entregada por directivas

Asimismo, se tuvo conocimiento por parte de algunos padres de una reunión convocada por las directivas del Colegio Refous que dejó más interrogantes que respuestas frente al proceso de reorganización empresarial que actualmente adelanta la institución.

Durante el encuentro, la administración aseguró que la situación financiera y jurídica del colegio se encuentra bajo control, que los activos están protegidos y que la continuidad de la institución no corre ningún riesgo. Sin embargo, diversas fuentes vinculadas al proceso consideran que varias de estas afirmaciones no reflejan con precisión el estado real del expediente que se tramita ante la autoridad competente.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la afirmación según la cual los terrenos y activos del colegio estarían completamente blindados. Expertos consultados señalan que el objetivo de un proceso de reorganización no es proteger bienes específicos ni impedir de manera definitiva cualquier afectación patrimonial, sino permitir la recuperación financiera de una empresa mediante acuerdos con sus acreedores bajo supervisión legal.

También ha causado inquietud la insistencia de las directivas en presentar el proceso como una situación de absoluta normalidad, cuando el hecho mismo de acudir a un mecanismo de insolvencia empresarial evidencia la existencia de dificultades financieras que requieren la intervención y seguimiento de Supersociedades.

Aunque la administración anunció proyectos de internacionalización, fortalecimiento del bilingüismo y la eventual implementación del Bachillerato Internacional (IB), varios padres consideran que la prioridad debería centrarse en ofrecer información clara, verificable y completa sobre la situación financiera actual y las medidas concretas que garanticen la estabilidad de la institución.