El salario mínimo único: una tiranía bienintencionada

Por: Julián Ramírez. Politólogo, internacionalista y geo-estratega

La reciente decisión gubernamental de incrementar el salario mínimo para 2026 ha sido celebrada como una victoria social. Sin embargo, detrás del gesto aparentemente progresista se esconde una de las políticas económicamente más obtusas y socialmente más regresivas: la imposición de un precio único al trabajo en un país de geografías económicas abismalmente distintas.

Resulta una ironía profunda que una burocracia centralizada en Bogotá -alejada de los costos reales de vida en La Guajira, Chocó o el Amazonas- pretenda dictar con un decreto lo que un empleador debe pagar en territorios donde la productividad, el acceso a mercados y las dinámicas económicas no guardan relación alguna con las de la capital. Mientras en Bogotá un salario mínimo es insuficiente para una sola persona, en muchas provincias ese mismo monto puede sostener a una familia, e incluso dos.  Ignorar esta heterogeneidad no es solo miopía técnica: es un acto de arrogancia centralista.

Pero el núcleo del problema es aún más contundente: en un país donde más del 87% de las empresas son microempresas, ¿cómo puede una panadería de vereda, o una finca sin vías de acceso, asumir los mismos costos laborales que una multinacional en Bogotá o Medellín? Se les impone una carga que, lejos de “proteger”, asfixia al empleador legal y empuja a millones hacia la informalidad. La evidencia es fría: por cada 10% de aumento real del salario mínimo uniforme, la informalidad juvenil aumenta 3.2% (OIT, 2022). El decreto, así, se convierte en el mejor aliado de la precariedad que dice combatir.

Quienes defienden esta rigidez suelen confundir -voluntaria o negligentemente- flujo monetario con creación de riqueza, y deseo político con viabilidad económica. Afirman que “más consumo genera más empleo”, omitiendo que es la inversión productiva -la que asume riesgos y organiza recursos- la que crea puestos de trabajo sostenibles. Inyectar dinero sin un aumento paralelo de la productividad solo genera inflación, como bien lo enseñó Friedman y lo demostró de manera trágica Zimbabwe. En Colombia, el Banco de la República ya ha señalado que los aumentos salariales por decreto presionan la inflación de servicios, perpetuando el ciclo de pobreza que se pretende aliviar.

La historia económica es testigo de estos desaciertos. Durante la Gran Depresión en EE.UU., la ley Davis-Bacon (1931) fijó salarios mínimos federales que prolongaron el desempleo masivo en los estados más pobres. En la Alemania reunificada, la imposición de un salario único en el Este y el Oeste generó una década de desempleo del 25% en la antigua RDA. Solo la diferenciación regional y sectorial permitió la recuperación. Casos de éxito como Suiza o Singapur -con desempleo por debajo del 4%- no tienen un salario mínimo nacional rígido, sino ajustes cantonales o sectoriales que reflejan la productividad local. Es decir, en un mercado laboral ideal, los salarios deberían ser el resultado natural de la oferta y la demanda, no de un decreto político.  Así funciona en potencias económicas como Suiza, Noruega, Suecia o Singapur, donde la alta productividad y la competitividad dictan remuneraciones dignas, sin necesidad de un piso salarial rígido e igualitario.

Mientras, en Colombia, el salario mínimo uniforme actúa como un dique que excluye a los más vulnerables: los jóvenes sin experiencia, los trabajadores de baja cualificación y las regiones periféricas. Según Fedesarrollo, en el 73% de los municipios el salario mínimo excede la productividad marginal del trabajo. El resultado no es dignidad, sino desempleo encubierto. Un salario de $0 porque la empresa quebró es infinitamente peor que uno ajustado a la realidad local que permita, al menos, la inserción formal.

Es hora de abandonar la demagogia y abrazar el realismo económico. Si el salario mínimo ha de existir, debe ser diferenciado por regiones, reflejando costos de vida y productividades distintas. Exigir lo mismo a una multinacional y a un taller artesanal no es justicia social; es un suicidio económico colectivo.

Quienes hoy aplauden el decreto desde sus burbujas urbanas -con un “jajaja” de autosatisfacción- deberían preguntarse por qué el 48% de los jóvenes colombianos no encuentra empleo formal. Su risa, frívola y distante, es la banda sonora de un sistema que, en su obcecación igualitarista, está condenando a generaciones enteras a la marginalidad.

La verdadera protección laboral no nace de un escritorio en Bogotá, sino de un ecosistema donde el empleo sea posible, diverso y adaptado a la vasta y compleja realidad de esta nación. Mientras no lo entendamos, seguiremos decretando pobreza con buenas intenciones.