Los riesgos para los usuarios de energía y gas que dejó el Gobierno saliente

Al término del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Asociación de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, presenta un balance de las decisiones más relevantes en materia energética y de los retos que enfrentará el sector en los próximos años.

Se hace énfasis en que las políticas públicas deben poner al usuario en el centro: garantizar la disponibilidad de energía y gas, la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras. Es importante mencionar que en la última década el país avanzó en la transición energética. Pero la implementación reciente de varias medidas generó riesgos para la seguridad energética a corto y mediano plazo, con impacto en hogares, industria y comercio. Estos son los retos que se han identificado desde el gremio:

La sostenibilidad financiera del sector está en riesgo

El impago de las deudas de Air-e —intervenida desde septiembre de 2024 y con seis interventores distintos, sin una solución definitiva— afecta la continuidad del servicio en el Caribe. A esto se suma que la Superservicios suspendió el proceso que exigía a la empresa pagar sus obligaciones. Su deuda ya supera los $3,1 billones, de los cuales $1,6 billones son con generadores térmicos, clave para producir energía durante El Niño y garantizar las importaciones de gas que hoy corresponden al 30 % de lo que necesita el país. El pago de subsidios de energía y gas a los usuarios más vulnerables llegó a tener un atraso de más de un año.

 Pese a los limitados recursos, las empresas han mantenido el servicio sin interrupciones. A junio de 2026 aún se deben $1,6 billones, y el Presupuesto General de la Nación —incluido el de 2027 que deja el gobierno saliente— tiene un faltante de $5,11 billones. Además, no hay claridad sobre los recursos ni los mecanismos de sostenibilidad para las soluciones solares y las comunidades energéticas, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio a los usuarios vulnerables.

La seguridad energética está comprometida

En energía eléctrica, durante años se ignoraron las advertencias sobre un posible apagón por falta de energía firme. Las subastas de generación no han sido suficientes para atraer nuevos proyectos, y se desincentivó la construcción de plantas convencionales.

Hoy, frente a un fenómeno de El Niño que podría ser uno de los más fuertes en décadas, el país tiene un faltante de energía firme de 4,4 %, inédito desde los años noventa, mientras la demanda crece a más del 6 % anual. Ya se han ordenado 260 desconexiones localizadas para evitar un apagón general, y se requerirá el ahorro de todos los ciudadanos.

En gas natural, las reservas probadas cayeron 40 % en tres años. No se firmaron nuevos contratos de exploración, se le pidió al mayor productor concentrarse en energías renovables, y se aplazaron decisiones sobre regasificación y transporte. La producción nacional bajó 26 % entre 2022 y 2025, y las importaciones pasaron de 4 % a 30 % de la demanda —por primera vez para atender también a hogares, comercios e industrias—, generando tarifas más altas por los precios internacionales. Es probable que el gas no alcance para atender El Niño, y la industria sería la primera afectada por el racionamiento.

Los pilotos de fracking Kalé y Platero siguen suspendidos desde 2022, sin llegar a la fase de perforación, y la situación no resuelta de Canacol —segundo productor del país— agrava el riesgo de desabastecimiento. El país necesita una estrategia de contingencia que proteja a los usuarios.

Los usuarios vulnerables enfrentan mayores riesgos

El Decreto 0526 de 2026 modificó el Fondo de Energía Social (FOES). Desde junio de 2027 se eliminaría la facturación comunitaria en zonas rurales de menor desarrollo y de difícil gestión, lo que podría afectar a cerca de 178.000 usuarios del Cauca con incrementos de hasta 30 % en su factura. Es necesario que, antes de retirar los mecanismos existentes, se implementen las soluciones que los sustituyan, para evitar que los usuarios enfrenten mayores barreras de acceso a un servicio esencial.

Los proyectos de infraestructura energética están rezagados

El país necesita una matriz energética diversificada y confiable. Sin embargo, solo se lograron avances importantes en energía solar (2,2 GW nuevos en operación), sin resultados significativos en proyectos eólicos, hidroeléctricos, respaldo térmico o transmisión eléctrica. A pesar del gran esfuerzo que las empresas desarrolladoras han adelantado en esta materia, se enfrentaron a condiciones y desafíos que no fueron oportunamente resueltos por el gobierno.

Solo entró en operación el 15,6 % de la nueva capacidad de generación proyectada para 2026, y el 60 % de los 42 proyectos estratégicos de transmisión tiene retrasos, principalmente por temas sociales y ambientales. En gas, los trámites ambientales retrasaron proyectos clave como Sirius y la perforación de Komodo-1, y aún están pendientes proyectos de transporte necesarios para llevar el gas hasta los centros de consumo.

La inestabilidad normativa desincentiva la inversión

En los últimos cuatro años, cambios como los ajustes al Cargo por Confiabilidad y la obligación de vender el 95 % de la energía de las plantas hidroeléctricas, así como la intención de no reconocer costos a las empresas de energía eléctrica y gas natural, aumentaron la incertidumbre para los inversionistas. Andesco ha insistido en que la estabilidad regulatoria y el respeto por los contratos son indispensables para atraer inversión y garantizar la confiabilidad del servicio. En un sector que exige una inversión anual promedio de $10 billones, con un horizonte de largo plazo, las reglas cambiantes encarecieron el financiamiento, aplazaron proyectos y afectaron la capacidad del sistema para responder a los usuarios.

A esto se suma el debilitamiento de la institucionalidad, ya que en varias ocasiones se difuminó la separación de funciones entre entidades, se tomaron decisiones sin suficiente sustento técnico, y se afectó la operación de la CREG por la demora en la designación en propiedad de sus expertos comisionados. Asimismo, se adelantaron y anunciaron, aún a pocos días del cierre de gobierno, investigaciones por parte de la Superservicios y la Superintendencia de Industria y Comercio, que parecieran desconocer la operación y las realidades del mercado energético.

Lo que viene

Este balance confirma que la seguridad energética, la estabilidad regulatoria y la solidez financiera no son un fin en sí mismas: son la base para garantizar a los usuarios un servicio continuo, de calidad y asequible. El país necesita una política que concilie las metas ambientales con un suministro confiable de energía y gas, y que genere condiciones para atraer la inversión que el sector requiere.