Nuevo Marco Tarifario de Aseo: resultado de un proceso irregular que destruye este servicio en Colombia

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, alerta sobre el peligro de implementar el nuevo marco tarifario de aseo, aplicable a los grandes prestadores del país, ya que representa un grave riesgo para la sostenibilidad de las empresas, la calidad del servicio y el empleo en las ciudades.

 El gremio manifiesta su preocupación tanto por el sustento técnico de la decisión como por la forma irregular en que se adelantó el proceso. Aunque el nuevo marco se presenta como una reducción de tarifas para los usuarios, esa disminución no es fruto de mayores eficiencias demostradas, sino de un menor reconocimiento tarifario de actividades esenciales que pone en riesgo la suficiencia financiera del sector y podría derivar en una crisis de basuras en las ciudades, lo que al final le saldría más caro a la ciudadanía. Los recortes de la nueva metodología se concentran en la limpieza urbana, el barrido, recolección y transporte y disposición final. En conclusión, se están desfinanciando componentes que por mandato legal deben prestarse en las ciudades.

El sustento de esas reducciones no cumple con el rigor técnico que exige la expedición de un marco tarifario: los cálculos parten de rendimientos operativos irreales y costos subestimados, lo que disminuye de manera artificial las tarifas resultantes que no permiten la recuperación de los costos reales de operación que incluyen salarios dignos, equipamiento especializado, inversiones en pro de la mejora del servicio, cumplimiento de normativa ambiental y laboral, entre otros. 

A ello se suma que el proceso de expedición no estuvo acompañado de un análisis de impacto normativo que evaluara los efectos de la medida sobre la prestación del servicio, las empresas y los usuarios, requisito básico para una decisión regulatoria de esta magnitud dado que tiene una vigencia de 10 años.

El proceso que precedió la expedición del marco fue insuficiente, apresurado e irregular, y careció de una verdadera deliberación técnica con los agentes del sector. La CRA no publicó en la participación ciudadana la totalidad de los documentos, modelos de cálculo y bases de datos que sirvieron de sustento técnico, lo que impidió una discusión informada; las audiencias públicas realizadas en Santa Marta, Cali, Villavicencio, Medellín y Bogotá se surtieron sin garantizar la intervención efectiva de todos los asistentes y cerrado el proceso de participación ciudadana se entregó información nueva y fundamental en condiciones dispares al gremio y a las distintas empresas prestadoras.

Esta resolución introdujo, además, cambios sustanciales frente a la versión que se sometió a discusión —como la incorporación de nuevos componentes (el Costo de Comercialización, CCS) y la reducción sustancial del reconocimiento de algunos costos (el barrido por áreas y el factor de gastos administrativos)—, modificaciones que, por su alcance, ameritaban un nuevo proceso de discusión. A la fecha, los destinatarios del marco no conocen integralmente la arquitectura técnica y económica que lo soporta.

A lo anterior se suma que la propia Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su concepto de abogacía de la competencia, formuló recomendaciones que no fueron plenamente acogidas ni suficientemente justificadas: entre ellas: sustentar la representatividad de la muestra de municipios con que se calcularon los rendimientos del barrido, justificar técnicamente los umbrales y porcentajes de los descuentos por calidad —que comprometen la suficiencia financiera de los prestadores—, corregir los incentivos perversos de un régimen de descuentos basado exclusivamente en PQR e incorporar el análisis de elasticidad de la demanda en la segmentación de prestadores, señaló la SIC.

Llama la atención el reconocimiento de la actividad de aprovechamiento, cuyo precio queda muy por encima de las demás actividades del servicio. Es importante recordar que, conforme a la Ley 142 de 1994, la recolección de los residuos es la actividad principal del servicio, mientras que el transporte, el tratamiento, el aprovechamiento y la disposición final son actividades complementarias. La recolección oportuna satisface la necesidad primaria de saneamiento básico: proteger la salud pública, prevenir la proliferación de vectores y conservar las condiciones sanitarias del espacio público. Privilegiar la remuneración de las actividades complementarias por encima de la actividad principal invierte esa jerarquía y, además, envía una señal contraria a los objetivos de política pública: en la práctica, entre más separe el usuario, más pagará; un incentivo que va en contravía de la política de Basura Cero. 

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, son los municipios —y en su representación los alcaldes— los responsables de garantizar la prestación eficiente del servicio público de aseo a todos los habitantes de su territorio. La sostenibilidad de esa prestación tiene un principio elemental: que las tarifas reflejen los costos reales del servicio. Cuando la regulación no envía las señales de precio adecuadas, los prestadores no tienen otra opción que ajustar o reducir su cobertura — en especial en las actividades que dejan de ser sostenibles, como el barrido y la limpieza urbana—, y la responsabilidad de atender esa prestación recae nuevamente sobre los alcaldes y sobre las finanzas de los entes territoriales. Se trata de un retroceso hacia esquemas que no son autosostenibles, el país ya vivió esta historia hace 30 años con servicios de baja calidad.

El gremio publicó en el 2022 un estudio especializado que brinda herramientas e instrumentos para lograr una transición organizada hacia la economía circular y participó activamente durante los últimos años, en la construcción de política pública, aportando propuestas técnicas para iniciativas como el Decreto de Basura Cero, el mínimo vital, el giro directo, las modificaciones en aprovechamiento y la regulación de biosólidos; pero también ha hecho solicitudes reiteradas frente a la necesidad de una regulación moderna, eficiente y orientada a la sostenibilidad. 

Andesco hace un llamado a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para revisar de manera integral el Nuevo Marco Tarifario, corregir los parámetros que carecen de sustento técnico, publicar los modelos que permitan verificar los costos de referencia y surtir un nuevo proceso de participación y discusión efectiva sobre los cambios sustanciales incorporados.

Finalmente, el gremio reitera que una regulación bien diseñada fortalece la adecuada prestación de los servicios públicos y protege a los usuarios, mientras que decisiones apresuradas o sin el debido sustento técnico pueden erosionar la calidad del servicio, afectar el empleo y trasladar, más temprano que tarde, impactos negativos a la ciudadanía. Andesco insiste en su disposición a un diálogo técnico y constructivo, orientado a un marco tarifario robusto, transparente y verificable.