En el marco de la publicación del nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado aplicable a prestadores con más de 5.000 usuarios, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, alerta sobre los riesgos que podría generar su implementación en las condiciones actuales, tanto para la sostenibilidad de las

En el marco de la publicación del nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado aplicable a prestadores con más de 5.000 usuarios, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones,

Andesco, alerta sobre los riesgos que podría generar su implementación

en las condiciones actuales, tanto para la sostenibilidad de las

empresas como para los usuarios.

Si bien el país requiere una regulación moderna, sólida y orientada a la sostenibilidad, el gremio manifiesta su preocupación por la forma en que

se ha adelantado el proceso. En particular, sobre la incorporación de

cambios estructurales entre la versión publicada para participación

ciudadana y la remitida posteriormente a la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC), lo que limita la efectividad del proceso

participativo y genera incertidumbre en el sector puesto que el contenido

definitivo de la regulación es diferente en aspectos sustanciales al texto

sobre el cual los agentes y la ciudadanía tuvieron oportunidad de

pronunciarse. En una decisión de esta magnitud, la participación no

puede ser solo formal: debe recaer sobre la versión que realmente será

adoptada.

Asimismo, se advierte sobre la alarmante ausencia de un período de

transición adecuado. La propuesta prevé su entrada en vigencia el 1 de

julio de 2026, pese a que su implementación exige la realización de

estudios tarifarios, la estructuración de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información, realizar validaciones técnicas

y la articulación de actuaciones con autoridades territoriales, lo que en

la práctica podría traducirse en condiciones de cumplimiento inviables

para los prestadores. Lo anterior teniendo en cuenta que en procesos

anteriores la discusión de los marcos se demoró aproximadamente un

año y su implementación se dio en tiempos de 6 a 11 meses.

También se tienen inquietudes frente a los efectos que tendría el nuevo

marco en las tarifas. Aunque según lo publicado se pretende bajarlas,

los análisis realizados indican que las nuevas obligaciones asociadas a

inversiones ambientales y gestión del riesgo, la formulación e

implementación de planes y la imposición de un estándar de reducción

de pérdidas con cálculos errados implicará altas inversiones que

generarían presiones al alza de las mismas. Además, sobre estos

puntos no se ha demostrado suficientemente viabilidad en todos los

territorios.

En este contexto, el gremio hace un llamado a la Comisión de

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para revisar

de manera integral las condiciones de implementación del nuevo marco

tarifario publicado hoy, garantizando un proceso transparente,

técnicamente sustentado y con tiempos adecuados de transición.

Finalmente, desde la Asociación se reitera que una regulación bien

diseñada fortalece la adecuada prestación de los servicios públicos para

todos los colombianos, mientras que decisiones apresuradas o

incompletas pueden generar incertidumbre, afectar la planeación y

ejecución de las empresas y trasladar impactos negativos a los usuarios

que podrían ver afectado el servicio.