Venezuela se consolida como un mercado de oportunidades para el capital colombiano

Las empresas colombianas han vuelto a poner la mirada en Venezuela, motivadas por una apertura económica que, aunque compleja, ofrece rendimientos difíciles de ignorar. En un reciente encuentro organizado por las oficinas de Bogotá y Caracas de Baker McKenzie, expertos analizaron por qué el país vecino ha dejado de ser un terreno de prohibiciones para convertirse en un desafío de gestión operativa y agilidad institucional.

El panel contó con la visión estratégica de Alejandro Mesa (Socio Director de Colombia), Carolina Pardo, María Angélica Burgos y Juan David López socios de la oficina de Bogotá, en conjunto con Carlos A. Felce (Socio Director de Caracas), María Eugenia Salazar-Furiati y Eugenio Hernández-Bretón de la oficina de Venezuela. También participaron, en forma virtual, reconocidos expertos en el tema de las sanciones de los EE.UU., de cumplimiento y de comercio internacional como son los socios estadounidenses Janet Kim y Terence Gilroy.  Los expertos desglosaron las variables críticas en áreas donde la Firma integra su experiencia regional, en varios elementos clave para navegar la complejidad del mercado venezolano.

Para el empresariado en Colombia, este acercamiento no es solo una cuestión de proximidad geográfica, sino una decisión estratégica de expansión. Alejandro Mesa, Socio Director de Colombia de Baker McKenzie Colombia, asegura que “este tipo de espacios son vitales porque la activación económica de Venezuela es una realidad que las empresas no pueden ignorar. Tener la visión directa y técnica de nuestros socios en Caracas permite a los inversionistas colombianos moverse con seguridad. No se trata solo de ver la oportunidad, sino de entender cómo ejecutarla bajo los estándares globales de cumplimiento, y ahí es donde la experiencia de nuestro equipo en Venezuela marca la diferencia”.

Uno de los mitos que se derribaron durante la jornada es la supuesta imposibilidad de operar financieramente. Los retos más importantes provenían esencialmente de las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela, la disponibilidad efectiva de divisas y algunas políticas asumidas por el sector bancario.

El pasado 16 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió la Licencia General 57, la cual autoriza, en forma bastante amplia, la prestación exportación, o reexportación, directa o indirectamente, de servicios financieros con el Banco Central de Venezuela y de otras instituciones financieras del sector público, con las limitaciones que allí se indican. 

Para el sector privado, según los expertos, no está bajo un régimen de embargo legal.

“No hay una restricción legal que impida a una empresa privada tener cuentas en el extranjero o pagar en divisas; lo que enfrentamos es un tema de gestión bancaria, sobre todo de los bancos corresponsales en el extranjero. Las empresas privadas están operando con normalidad, siempre que sepan navegar los estándares de transparencia que el mercado global exige hoy. Venezuela ha desarrollado una resiliencia financiera que el inversionista debe conocer de primera mano”, explica María Eugenia Salazar-Furiati, socia de Baker McKenzie Venezuela.

Sin embargo, el potencial del país está estrechamente ligado a su capacidad de incentivar e incrementar la participación del sector privado. Carlos A. Felce, Socio Director de la oficina de Caracas, señala que las reformas legales que se están gestando en el país, incluyendo, entre otras, las de hidrocarburos y las que persiguen dar celeridad a los trámites administrativos, constituyen instrumentos de mucha relevancia para incentivar que el capital fluya hacia sectores críticos como la energía y la infraestructura.

“Para animar la inversión hay que facilitar los procesos. Y la ley que se discute en la Asamblea Nacional en esta materia (como actualización, para el momento de esta publicación esta ley ya ha sido aprobada), puede ser un catalizador de mucha importancia en esa dirección”. Según el experto, el éxito puede ser multiplicado con una reforma administrativa que agilice registros y permisos, y facilite y proteja las inversiones, el comercio exterior y la constitución y funcionamiento de sociedades. “El inversionista busca eficiencia, seguridad jurídica y rapidez; sin ello, el potencial se disminuye o dificulta”, afirma Felce.

Eugenio Hernández-Bretón, por su parte, destacó que la recién aprobada reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos “constituye un gran paso en la dirección correcta, mejorando sustancialmente la legislación que previamente regía en esta materia“.

El encuentro concluyó, entre otros aspectos de relevancia, que los incentivos a la inversión se están gestando a través del paquete de reformas legales internas, en conjunto con mecanismos internacionales ya existentes en muchos casos como los tratados bilaterales de inversión y los tratados para evitar la doble tributación.  Recientemente, se ha suscrito un tratado de protección de inversiones entre Colombia y Venezuela, y el sector empresarial aspira a que el mismo entre en vigencia.

Con esta nueva realidad, el foco de atención se traslada ahora a sectores como el petrolero, la minería, la electricidad, la infraestructura, alimentos, medicinas y servicios básicos Toda esta inversión genera crecimiento y contribuye a revitalizar los demás sectores de la economía, incentivando la reactivación sostenible de las economías de ambos países.