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📅 martes, 13 de octubre de 2026 🕘 04:48:58 pm

Comunidades actúan frente a los retos de las fronteras con Venezuela y Ecuador

Frente a la persistencia del conflicto armado, las dificultades de acceso a derechos, protección, convivencia e integración socioeconómica que persisten en las zonas fronterizas, distintas comunidades construyen respuestas desde sus territorios. Espacios de apoyo para mujeres, iniciativas juveniles de paz, procesos de memoria, acciones alrededor de la salud y formas de organización comunitaria, hacen parte de las experiencias acompañadas por el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS).

Estas acciones cobran relevancia en territorios con una alta movilidad. Entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 17,2 millones de cruces de ida y regreso en la frontera entre Colombia y Venezuela; Arauca concentró el 11,9 %, con más de 56.000 cruces diarios en cada dirección, según Migración Colombia. En Rumichaca, frontera con Ecuador, se registran entre 5.000 y 8.000 movimientos diarios, de acuerdo con ACNUR.

En este contexto, el Servicio Jesuita a Refugiados en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos presentó los monitoreos transfronterizos realizados en estas zonas entre 2025 y 2026,  en los que advierten que el desafío va más allá del número de personas que cruzan una frontera: radica en las condiciones en las que se movilizan y las posibilidades reales que tienen de acceder a protección, salud, educación, regularización, justicia, integración socioeconómica y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.

Iniciativas que nacen y se sostienen en comunidad

Frente a esas realidades, las comunidades ya han puesto en marcha sus propias respuestas. En Nariño, Mujeres Unidas por la Chagra, del que hacen parte Oneida Castillo y Catalina Buesaquillo, ha convertido la tierra y los saberes compartidos en un punto de encuentro entre generaciones. La agricultura, la memoria, la alimentación y la cocina comunitaria se conectan allí con una apuesta por recuperar conocimientos ancestrales y fortalecer la construcción de paz.

En el mismo territorio, la profesora Margot Botina y Adrián Anacona hacen parte de la Escuela de Gestores Sociales, un proceso nacido en el colegio Artemio Mendoza, en Pasto, donde niños desde los 6 años, jóvenes y egresados de la institución, que a su vez son personas migrantes, víctimas del conflicto y comunidad de acogida, encuentran en la comunicación, la sensibilización y la construcción de iniciativas ambientales y sociales, herramientas para construir culturas de paz dentro y fuera de las aulas.

En Tulcán, Ecuador, Rosa Peraza creó una red de mujeres migrantes como una manera de transformar el acompañamiento que recibió en una oportunidad para guiar a otras. El espacio reúne a mujeres alrededor del apoyo mutuo, el trabajo y el emprendimiento. “En Colombia he recibido mucho amor y acompañamiento. Estoy en la Red de Mujeres para devolverles a otras mujeres lo mismo que yo recibí, sin importar la nacionalidad. Todos somos parte de la solución y en los territorios ya se están dando respuestas a las situaciones humanitarias que vivimos a cada lado de la frontera”, comentó Peraza.

En la frontera de Arauca con Venezuela, las respuestas también nacen de tres experiencias cotidianas. Edy Patricia Granados comparte con otras mujeres la escritura como una forma de narrar sus historias y sensibilizar; Zeneida Nava, reúne a los habitantes de su comunidad en “Charlemos y tomemos café”, un espacio para encontrarse, escucharse y acompañarse; y Marlin Rodríguez, desde el asentamiento 30 de Agosto, impulsa acciones para responder a las necesidades de las familias que allí habitan. En Villa Pez, otro proceso trabaja por el fomento de los espacios para niñas y niños y el fortalecimiento comunitario desde el mejoramiento de la infraestructura hasta con campañas de salud y prevención.

Hallazgos y caracterización

Los hallazgos de JRS muestran por qué estas redes son relevantes. En la frontera de Arauca con Venezuela se identificaron siete perfiles con altos riesgos de protección, entre ellos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas mayores sin redes de cuidado, mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género, víctimas del conflicto armado,menores de edad y personas en situación de calle. En Ecuador–Colombia, el análisis reconoce 12 grupos poblacionales poco visibilizados con necesidades xy riesgos particulares.

Frente a este escenario, Ximena Vidal Rojas, directora nacional de JRS Colombia, señaló: “Una frontera no puede gestionarse únicamente desde el control de quién entra o sale. El siguiente paso debe ser conectar las capacidades de las instituciones, la cooperación y las organizaciones con los procesos que las comunidades ya desarrollan en sus territorios. No se trata de comenzar desde cero, sino de fortalecer respuestas existentes y construir juntos condiciones que permitan acceder a derechos y vivir con dignidad”.

Conectar lo que ya funciona

Como parte del proceso, participantes de ambos territorios intercambiaron experiencias. En Arauca, el trabajo tuvo como eje el derecho a la salud, una necesidad apremiante para personas migrantes y población local; en Nariño y Ecuador, el derecho a vivir dignamente y en paz, en un entorno en el que la deshumanización y la xenofobia han permeado la esfera pública y privada. El encuentro permitió reconocer que, aunque cada frontera tiene dinámicas propias, también existen aprendizajes y respuestas que pueden conectarse, fortalecerse y crecer a partir del trabajo conjunto entre la sociedad civil y las instituciones.

“Cada vez hay menos recursos internacionales, lo que nos lleva a unirnos y trabajar en conjunto, en proyectos binacionales y regionales. La invitación es a seguir apostándole a lo que ya está construido, porque hay mucho poder y talento dentro de los territorios”, afirmó Alejandra Castellanos Bretón, directora regional del Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el Caribe.

Los monitoreos y el proceso de fortalecimiento comunitario se han desarrollado con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo – Gobierno Vasco y la Fundación Rosa Luxemburgo.

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Autor

Alirio Aguilera

Alirio Aguilera, periodista bogotano egresado de la Universidad Central de Bogotá, especializado en periodismo económico en la Universidad de la Sabana y con magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia en medios de comunicación y también como docente de varias universidades y con gran experiencia como asesor de comunicaciones en el sector público y privado.

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