Inseguridad jurídica en la propiedad rural

Según cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad técnica adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para 2020 el 52,2 % de la tenencia de la tierra rural en Colombia presentaba informalidad.

Esto refleja que cerca de la mitad del campo tiene algún problema para que la relación entre una persona, una familia o una comunidad y la tierra que habita quede plenamente clara frente al Estado.

Sin embargo, Juan Camilo Ortega, docente de la Especialización en Derecho Procesal Agrario de UNIAGRARIA, advierte que “informalidad no significa automáticamente ilegalidad. Esa confusión puede hacer mucho daño. Una familia puede vivir y producir durante décadas en un predio, actuar de buena fe, pagar mejoras, heredar la tierra o comprarla, como históricamente ha ocurrido en muchos territorios, y aun así no tener saneada su situación jurídica”.

Cuando la informalidad rompe la seguridad sobre la tierra

Expertos aseguran que la informalidad se presenta cuando una compraventa se hace mediante documento privado y nunca se lleva a escritura pública ni a registro; cuando una persona hereda un predio, pero no adelanta la sucesión; cuando existe una escritura, pero está mal elaborada; cuando el área que aparece en el folio de matrícula no coincide con el área realmente ocupada; o cuando el predio ha circulado varias veces y su historia registral queda fragmentada.

También puede suceder cuando no está claro si la tierra es privada, si es baldía de la Nación, si presenta falsa tradición o si tiene restricciones ambientales o conflictos de otra naturaleza.

Al respecto Juan Camilo Ortega, docente de la Especialización en Derecho Procesal Agrario de UNIAGRARIA, comentó que “por eso, la informalidad no es simplemente la falta de una escritura o de un papel. En el fondo, es una ruptura entre varias realidades que deberían coincidir: la realidad social de quien vive y trabaja la tierra; la realidad física del predio, con sus linderos y su área; la realidad catastral, que identifica el inmueble; y la realidad jurídica, que aparece en títulos, folios, antecedentes y decisiones administrativas o judiciales”.

Un campo marcado por vacíos de información y conflictos sobre la tierra

Esa inseguridad jurídica agraria nace, en buena medida, de una historia de Estado incompleto en el campo.

“Durante muchos años, el país no logró construir una información rural completa, confiable y articulada”, precisó Juan Camilo Ortega, docente de la Especialización en Derecho Procesal Agrario de UNIAGRARIA.

Esta se midió por un lado, se registró por otro, se adjudicó por otro, se restituyó por otro, se ordenó ambientalmente por otro, y muchas veces esas decisiones no dialogaron entre sí.

Lo que lleva a que una persona pueda creer que tiene todo en regla porque tiene una escritura, pero luego descubre que el predio tenía problemas de falsa tradición. También pueden haber conflictos de linderos, limitaciones ambientales o solicitudes de restitución que cambian por completo el análisis jurídico.

Por esa razón, en el campo colombiano no basta con preguntar quién tiene la escritura o el papel. Hay que preguntar qué tipo de tierra es, cómo llegó al patrimonio privado, qué historia tiene, qué restricciones pesan sobre ella y qué relación real existe entre esa tierra y las personas que la ocupan o la reclaman.

La salida no es titular más rápido, sino formalizar mejor

Frente a las posibles soluciones, la salida no es simplemente titular más rápido, sino formalizar mejor.

Para ello, Juan Camilo Ortega, docente de la Especialización en Derecho Procesal Agrario de UNIAGRARIA, propone una ruta que incluya: diagnosticar cada caso, actualizar el catastro multipropósito, incorporar la lectura territorial de las comunidades, aclarar la naturaleza jurídica de la tierra, adoptar decisiones de fondo y garantizar que lo resuelto quede correctamente registrado.

Es importante también, considerar la nueva jurisdicción agraria y rural como una oportunidad para que los conflictos del campo sean atendidos por jueces con conocimiento especializado y sensibilidad frente a las realidades territoriales.

En ese sentido, resolver la informalidad rural exige un Estado capaz de medir, registrar, escuchar y decidir mejor, entendiendo que ordenar la tierra no es solo organizar archivos, sino dar certeza, proteger derechos y permitir que el campo colombiano pueda vivir, producir y proyectarse con dignidad.